El cupo catalán destruiría 234.000 empleos en el resto de España

Las otras comunidades perderían 1,3 puntos del PIB de media, con Extremadura, Canarias, Madrid y Asturias como regiones más afectadas

MADRIDActualizado:

El pulso independentista de la Generalitat con el Gobierno, que alcanzó su cúlmen con la celebración del referéndum ilegal del 1-O, nació hace cinco años cuando el entonces presidente del Govern, Artur Mas, reclamó un modelo de cupo, a imitación del vasco, para Cataluña. Ante el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy, en el peor año de la crisis económica y escasos meses después de que España pidiera el rescate bancario, la Generalitat inició el discurso de la desconexión. Las relaciones entre CiU y PP, hasta entonces estrechas, saltaron por los aires. Ahora, en plena batalla de la financiación autonómica y tras la aprobación de la Ley del cupo para los próximos años, el Consejo General de Economistas ha calculado cuánto podría suponer para el resto de comunidades autónomas que Cataluña tuviera una financiación como la de País Vasco. El efecto no sería neutro: el conjunto de España perdería 32.565 empleos y un 0,1% de su PIB por el aumento de la inequidad y la redistribución de los flujos comerciales entre regiones.

Si excluimos Cataluña, el resto de España destruiría 234.427 empleos y 1,3 puntos de PIB, es decir, más de 11.000 millones menos de actividad. Extremadura, Canarias, Madrid y Asturias serían las comunidades más damnificadas económicamente, si bien todas saldrían perjudicadas. Por contra, Cataluña ganaría un 5,2% del PIB y crearía más de 201.000 empleos por los mayores recursos que recibiría, estima el informe elaborado por los economistas Antonio Pulido y Julián López.

¿Por qué tiene tanta importancia el cupo vasco o el concierto navarro? Ambas comunidades pactaron con el Estado en 1981 aportar un 6,2% y un 1,6% de sus ingresos totales cada año respectivamente para contribuir al gasto del Estado en las competencias no transferidas, como Defensa, así como representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes e infraestructuras. A cambio, las dos autonomías gestionan y recaudan todos los impuestos y no aportan a la solidaridad regional. El problema es que el concierto navarro y el cupo vasco se basan en coeficientes sin actualizar. Ello provoca que el sistema sobrefinancie a las dos regiones, pese a que son de las que tienen la renta per cápita más alta de España. El director de Fedea y autor de las balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda, Ángel de la Fuente, calcula que País Vasco aporta 4.500 millones menos de lo que debería y cifra en 16.000 millones los recursos extra que recibiría Cataluña si tuviera un sistema similar. Este importe no significa que Cataluña contribuya con 16.000 millones más en la actualidad: el cupo, tal y como está calculado, sobrefinanciaría a la comunidad con más recursos de los que genera.

El apoyo de PP –que depende del PNV para sacar los Presupuestos de 2018– y PSOE –que está en el Gobierno vasco– a la Ley del Cupo ha sembrado la polémica, en pleno desafío independentista de Cataluña y en un momento en el que el nuevo modelo de financiación para el resto de comunidades se encuentra empantanado.

Ampliar el cupo a la región más rica de España, que concentra el 19% del PIB, en definitiva, haría saltar por los aires el sistema de financiación autonómica. Solo la comunidad saldría beneficiada: en lugar de aportar 9.892 millones a la solidaridad regional más de los que recibe, como ocurrió en 2014 según las últimas balanzas fiscales, pasaría a recibir 10.427 millones: es decir, 20.319 millones de euros más que ahora, un 9,6% del su PIB de mayores recursos, según el informe.

Así, Cataluña pasaría de estar infrafinanciada en un 5% del PIB a estar sobrefinanciada en este mismo porcentaje. Este nuevo sistema tendría su traducción en la economía catalana a través de un aumento del PIB del 5,2% y una creación adicional de 201.863 empleos.

Por ejemplo, si en lugar de aplicarle un cupo, Cataluña no aportara a la solidaridad regional pero no recibiera más recursos de los que genera como ahora ocurre con País Vasco y Navarra, la ganancia de PIB según Antonio Pulido y Julián López, sería menor, del 2,6%. En ese caso, Cataluña simplemente tendría una posición neutra, y recibiría cada año 9.892 millones más del sistema de financiación que en la actualidad.

En ambos casos el sistema territorial empeoraría para el resto de comunidades: las ricas deberían aportar más a la solidaridad regional y las de menor renta recibirían considerablemente menos. La razón principal de que unas comunidades reciban más que otras es que cuentan con ciudadanos con menores ingresos que los que viven en otras comunidades, por lo que el sistema trata de garantizar la equidad entre ciudadanos de comunidades de régimen común e introduce factores de nivelación entre regiones. Con un cupo en Cataluña las desigualdades se exacerbarían entre unas regiones y otras.

Redistribución del consumo

Esta menor financiación tendría efectos económicos adicionales. Antonio Pulido y Julián López calculan cómo se trasladaría estos cambios de renta al consumo. En resumen, Cataluña compraría más al resto de comunidades pero vendería menos. Con todo, el impacto sería negativo para el resto de España y en el agregado, el conjunto del país perdería una décima de PIBpor esta redistribución. Las regiones que más perderían serían Extremadura (un 2,7% de menor crecimiento de PIB y 10.441 empleos menos), Canarias (un 2,3% de caída del PIB y 18.004 empleos menos) y Madrid (2,1% menos). Esta última comunidad sería la que más empleo destruiría: hasta 82.759 puestos de trabajo menos, mientras Andalucía se dejaría 35.134.

Tan solo atendiendo a la financiación autonómica, las comunidades más perjudicadas serían Baleares, Extremadura y Madrid. Baleares y Madrid, que son contribuyentes netas ahora aportarían mucho más. Madrid pasaría de contribuir 19.205 millones más de los que recibe a 27.894, es decir, 8.689 millones más que supone un 4,1% de su PIB. Baleares sería la que haría un trasvase más acusado en términos relativos: si ahora aporta 1.516 millones más de los que recibe, esta cantidad pasaría a 2.202, es decir, 686 más (un 5,5% de su PIB).

Junto a ellas, Extremadura, que ahora recibe una financiación por encima de la media, pasaría a perder un 5% de su PIB en recursos del sistema, percibiría 888 millones menos cada año.

Paradójicamente, un cupo catalán también perjudicaría a País Vasco y Navarra, que tendrían menos ingresos en sus propios conciertos con el Estado, según el informe del Consejo General de Economistas. Los recursos de País Vasco, que recibe 3.387 millones más de los que aporta, se reducirían en mil, es decir, un 1,5% de su PIB. Algo parecido ocurría en Navarra, que pasaría de recabar 115 millones más de los que contribuye a 79, por lo que sus ingresos menguarían en un 0,2% de su PIB. Las pérdidas del cupo serían mayores que los beneficios.