Cajas, política... Fusiones y confusiones

El por qué de la presencia política en los máximos órganos de gobierno de estas entidades tiene un trasfondo histórico. Y no es otro que el de responder a un fin social, hoy algo corrompido y desgastado tras las numerosas trifulcas que ha habido a su alrededor. Fueron montes de piedad en su día y ahora son entidades de naturaleza privada que siguen ejerciendo una intensa obra social.

Y es precisamente esa circunstancia histórica la que justifica la presencia política en sus cúpulas administrativas, pues la coordinación entre ambos bandos —el político y el financiero— se concibió como la mejor fórmula a seguir. Pero, además, las cajas tienen unas fuertes raíces locales, que a la larga han resultado ser un arma de doble filo: aunque en su lado positivo mantienen a la entidad especialmente vinculada a su región, la misma función hace con sus políticos. Y esta es su faceta más perversa.

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente hasta hace un par de semanas de Caja Castilla La Mancha (CCM), es hoy el reflejo más fiel de lo que una gestión política puede suponer para una entidad financie ra. El ex portavoz socialista de Economía en el Congreso y ex alcalde de Toledo se ha rodeado de un peligroso —y tupido— entramado de amistades que, a la vista está, ha cosechado muy malos resultados. CCM no ha conseguido esquivar ninguna de las grandes crisis inmobiliarias que se han sucedido en nuestro país durante el último año. Martinsa, Colonial, Lábaro y Dico han ido comiéndose poco a poco los recursos de la entidad castellano-manchega.

Pero no sólo han sido las quiebras de envergadura nacional. Los empresarios regionales también han hecho sus aportaciones. Quien era amigo de la Junta —capitaneada primero por José Bono y después por José María Barreda— también lo era de Moltó. El trato privilegiado estaba asegurado y decenas de «ladrilleros» de la Comunidad se acercaron a las oficinas para beneficiarse de ellas. Así se concedieron miles de millones y, hoy, el cobro de muchos de ellos se antoja más que difícil, pues varios de aquellos empresarios locales ya no son tal. Román Sanahuja, Ignacio Barco, Aurelio González Villarejo, Antonio Méndez Pozo y Domingo Díaz de Mera son sólo un ejemplo de los habituales. Ignacio Barco es un importante bodeguero de Ciudad Real y tiene una deuda con CCM que supera los 300 millones. La situación financiera del empresario no es la ideal: a saber, se ha visto salpicado por el «crack» de Lábaro.

Malas amistades

Díaz de Mera es socio de Barco en la prensa local castellanomanchega y, gracias al amable grifo de la caja, su sociedad patrimonial Indoma se ha unido a las grandes operaciones inmobiliarias de la región. De hecho, es el principal promotor del polémico aeropuerto de Ciudad Real —del que también es socio Barco—, además de dueño del equipo de balonmano de Ciudad Real que, por supuesto, está patrocinado por Moltó. Curiosamente, Díaz de Mera coincidió con González Villarejo, otro de los habituales de CCM, en el capital de Colonial, una de las primeras inmobiliarias nacionales en desplomarse y, desde luego, uno de los más fieles reflejos de la crisis del sector en nuestro país.

Pero la ristra de empresarios amigos, bruscamente venidos a menos, no termina ahí. Román Sanahuja, con 121 millones de euros de deuda a CCM sobre sus espaldas, tampoco vive su mejor momento económico. A la familia de empresarios se le han acumulado las deudas y se ha ha visto obligada a dejar sus negocios en manos de los bancos. Y no hay que olvidar a Méndez Pozo, un constructor de Burgos que decidió probar suerte en negocios que no han salido muy bien parados del «tsunami» económico: los medios de comunicación y, por supuesto, el aeropuerto de Ciudad Real.

Otro de los ejemplos más evidentes de la vinculación de las entidades con los partidos es Narcís Serra. El que fuera ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno con Felipe González, además de alcalde de Barcelona, es hoy presidente de una de las entidades con más papeletas en el bombo de los analistas para unirse a la recién inaugurada lista de intervenciones: Caixa Catalunya. Serra, un hombre con un currículo tan brillante académicamente como escaso en lo que a experiencia bancaria se refiere, llegó a la presidencia de la caja con las ansias de éxito propias de los de su gremio y dispuesto a imitar el negocio de su hermana mayor, La Caixa. Así, decidió cambiar la estrategia de la entidad desde la cautela que le había caracterizado en los últimos año hacia un perfil más agresivo y con un apoyo decidido a las empresas industriales.

No fueron pocos los que rechazaron este giro. De hecho, en enero de 2008, el hasta entonces director de Caixa Catalunya, Josep Maria Loza, dimitió de su cargo por fuertes discrepancias con Serra. Después de 36 años en la caja, Loza tenía en mente una estrategia más conservadora que la de Serra y, sobre todo, ninguna duda sobre cuál es la regla de oro de los banqueros —que no de los políticos— para mantener a salvo el negocio: «saber decir que no».

Braulio Medel, el presidente de Unicaja, es otro de los incondicionales en cualquier listado de políticos en las cajas. Más aún hoy, cuando el antiguo viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía ha estado a punto de ser el salvavidas de su compañera intervenida CCM. Y, como no podía ser de otra forma, esta misión, y su frustración, no han sido ajenas a las influencias políticas. El motivo por el que Unicaja fue la elegida para echar un capote a su compañera no fue otro que el control que los socialistas ejercen sobre la entidad. Finalmente, ni siquiera hubo acuerdo entre los miembros de la misma familia y, la opción pactada, la que hubiera sido la menos dolorosa, fracasó. Se han argumentado principalmente motivos económicos pero, sin ninguna duda, las causas políticas también jugaron un papel clave. Y es que, si el débil estado patrimonial de la entidad de Moltó —derivada del excesivo amiguismo expuesto anteriormente— ha sido clave a la hora de dar al traste con la que hubiera sido la primera fusión interregional de esta crisis, también lo ha sido el hecho de que Manuel Chaves, presidente de la Junta, tenga en mente una fusión conjunta de las entidades de la región. Una operación más a la andaluza.

Cajas vascas

En la ruptura de la fusión de las cajas vascas también hubo un fuerte componente político. La fusión no contaba con el visto bueno de los dos principales grupos políticos de la entonces oposición en Euskadi, PSE y PP, y el acuerdo no cuajó. Un análisis de las presidencias de las tres cajas arroja un poco de luz sobre el porqué. El sillón presidencial de BBK lo ocupa en estos momento Xabier de Irala, quien, pese a no tener ningún carné político en su cartera, es considerado un hombre próximo al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Casualidad o no, su padre fue delegado del Gobierno vasco en el exilio en Estados Unidos.

En la Kutxa, el máximo puesto del consejo está reservado para Xabier Iturbe, antiguo directivo de Euskaltel y hombre de consenso presentado en sociedad el pasado año por PNV y EA. Aunque en el currículo de Iturbe no aparece ni una sola mención a la política, lo cierto es que extraoficialmente sí se ha comentado su afinidad al PNV, partido que, junto con EA, controla 51 de los 100 puestos de la asamblea general de la caja.

Y para terminar el repaso a las cúpulas de las cajas vascas, Caja Vital. Aparte de su presidente, el socialista Gregorio Rojo, lo más llamativo son las vicepresidencias. La primera de ellas la ocupa el presidente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena, y tiene bajo su responsabilidad la gestión de la Obra Social. Las otras dos presidencias están reservadas al diputado foral de la administración local de Álava, Alfredo de Miguel (PNV), y al socialista Javier Lasarte

Digno de mención es también el caso de Caja Navarra, cuyo presidente, Miguel Sanz, es además el máximo dirigente del ejecutivo foral. No obstante, cabe destacar que es el único político en esta situación que ha reclamado una disminución del peso político en el consejo de administración de las cajas y que se ha incluido a él mismo en el recorte.

¿Y la otra mitad?

Todos estos son sólo un ejemplo del criterio político que dirige el día a día de las cajas de ahorros. Lo que no quiere decir que en la otra mitad del sector financiero español, los bancos, la asepsia política sea la pauta que define los asientos de los consejos de administración. Y es que, en el fondo, hay que reconocer que la política en España impregna todos los rincones de los altos despachos empresariales. La diferencia con las cajas es que en estas últimas la presencia de los altos mandos es más evidente y está, además, regulada por ley. Por ello, la implicación y las luchas de los políticos es tan fuerte y la disciplina de partido tan evidente —pese a estar prohibida por la misma ley—.