Los retos del nuevo presidente de los obispos: afrontar la secularización, gestión de los abusos y reducción de los seminarios

No queda fuera, por tanto, el principal candidato para sustituir al cardenal Omella al frente del Episcopado, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Con 70 años, pero nacido el 16 de mayo, acabará su previsible mandato al frente de los obispos españoles con 74 años. Nadie se atreve a apearle de la posición de favorito, por más que quien ha sido su máximo contrincante, el arzobispo de Madrid, José Cobo, ya diga en público lo que hasta ahora repetía en privado: que el perfil de su candidato ideal no coincide con el de Argüello, pues busca un prelado joven, no necesariamente arzobispo y que aporte una nueva visión al gobierno de la Casa de Iglesia.

Así, el señalado como «hombre del Papa en España», descarta a Argüello, aunque no apunta con claridad un nombre (para algunos se estaría refiriendo a Joseba Segura, obispo de Bilbao). Sin embargo, a pesar del desplante de su homólogo madrileño, Argüello aglutina las simpatías del sector moderado y del conservador, que le daría una mayoría holgada. Por ello, en lo que parece un intento desesperado del sector más progresista para eliminarle de la carrera, hay quien se ha atrevido a plantear que el respaldo a Argüello es una forma de oposición al Papa.

Olvidan, intencionadamente, que fue Francisco quien lo nombró, en 2016, como obispo auxiliar y más tarde, tras su trayectoria como secretario electoral, le hizo arzobispo de Valladolid en 2022. Además, sobre la figura de Argüello no pesa ni la mínima sombra de falta de apoyo al Pontífice. De hecho, fue el elegido por los obispos, con una amplia mayoría, para representarles en el reciente Sínodo de la Sinodalidad.

Así las cosas, conviene estar muy atento a la votación de sondeo que dará las primeras pistas de los apoyos que uno y otro candidato pueden reunir. No es vinculante, y lo previsible es que los votos estén muy repartidos. Pero, no sería la primera vez que alguien cambie sus intenciones al vislumbrar un respaldo significativo en ese momento, aunque hubiera pregonado que se descartaba como candidato. La consabida máxima, «si me lo piden mis hermanos obispos…», ya ha servido en otras ocasiones para reactivar la vuelta a la carrera presidencial.

En todo caso, sea Argüello o cualquiera de los otros 48 posibles candidatos, lo cierto es que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal afrontará un cuatrienio clave y con varios retos importantes e ineludibles que pueden cambiar la Iglesia española de los próximos años.

El primero, tiene que ver con la cuestión de los abusos a menores en el seno de la Iglesia que ha sido la constante en los últimos dos años. Aunque la etapa de la investigación parece estar cerrada después de que los obispos dispongan de tres informes sobre la mesa (el del Defensor del Pueblo, el que encargaron al despacho Cremades & Calvo Sotelo y el que han elaborado internamente 'Para dar luz, que se apoya en versiones anteriores del informe Cremades), la crisis todavía no está zanjada.

Esta Plenaria tiene previsto el estudio del 'Plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico', que prevé el pago de indemnizaciones incluso sin necesidad de sentencia judicial, siempre que se tenga la certeza moral de que ha existido el abuso. Pero no es la única vía de reparación posible. Los informes externos sugieren la celebración de un acto público de perdón que los obispos no parecen contemplar. Tampoco son proclives a otros actos simbólicos que reclaman las víctimas, como invitarlas para que puedan dar su testimonio ante los obispos en una Asamblea Plenaria.

Queda pendiente también conocer el verdadero alcance de esta lacra en la Iglesia española. Aunque los obispos siempre insisten en que lo importante no son las cifras sino cada víctima en particular, sí que demuestran su preocupación sobre los números cuando, ante las extrapolaciones de algunos medios que elevan la cifra a cientos de miles de casos, se aprestan a desmentir los cálculos.

Y es que, aunque lo nieguen, conocer el número más aproximado de casos es necesario tanto para entender la magnitud del problema, como para aplicar de forma certera las medidas correctivas. Sin embargo, a pesar de los tres informes, es prácticamente imposible para un investigador externo poder cruzar datos y comprobar, de forma fehaciente cuántos casos están duplicados (como afirman los obispos), olvidados, o cuántas denuncias falsas o faltas de credibilidad pueden albergar. Sólo si los obispos consienten el acceso a estos datos a algún investigador independiente se podría llegar a conocer una cifra real.

Otra cuestión que tendrán que afrontar a lo largo de este mandato, y que también estará presente estos días es el futuro de los seminarios. A finales de noviembre fueron convocados a Roma todos los obispos para recibir el informe del Dicasterio del Clero sobre la auditoria que dos obispos uruguayos habían realizado meses antes a los seminarios españoles. Durante más de dos horas estuvieron hablando con el Papa «sólo de seminarios» -como llegó a certificar, «por Jesusito», el cardenal Omella- y más tarde les fue presentado un documento que reclama, entre otras cosas, que se agrupen los centros de formación para que al menos haya 25 seminaristas. «Si somos cinco en la diócesis, esto no es un seminario, es un movimiento parroquial», ha llegado a decir el Papa.

Los obispos son muy celosos de sus seminarios. Durante años han utilizado el número de seminaristas como medida para alardear de la salud pastoral de su diócesis. Ahora, inmersos en la mayor crisis vocacional desde que se tienen datos, han dejado de publicar los datos individualizados de cada seminario.

En España hay erigidos 86 seminarios distribuidos en 55 centros de formación y, en este curso 2023/24, son sólo 956 seminaristas. El Vaticano pide que los seminarios agrupen al menos a 25 candidatos al sacerdocio. Si a la cantidad total descontamos los más de trescientos que agrupan los más grandes - diócesis como Cartagena, Valencia, Sevilla y Toledo rondan la cincuentena de seminaristas y Madrid la duplica- la media real en el resto de seminarios españoles apenas supera los 10 aspirantes. La consecuencia es que, en el plazo máximo de tres años que ha dado el Vaticano, la mayoría de ellos tendría que fusionarse.

Algo a lo que no parecen muy dispuestos algunos de los obispos implicados, muy celosos de perder la posibilidad de influir de forma directa en la formación de sus futuros sacerdotes. De hecho, la división ya se han hecho evidente en las últimas reuniones, cuando los más afectados se muestran reticentes a los cambios apelando a que en la conversación con el Papa, que fue en un tono muy amable, apenas se hizo referencia a las medidas restrictivas que luego les reclamo el Dicasterio para el Clero. Un conflicto difícil que tendrá que lidiar el nuevo presidente, en su papel de mediador entre los obispos y entre éstos y la Santa Sede.

Aunque es una cuestión que llevan aplazando desde hace décadas, los obispos no van a tener más remedio que afrontar el gran problema de la secularización de la sociedad española. Si continúa el progresivo descenso de los últimos años, es muy posible que sea en este cuatrienio, cuando la serie histórica del CIS que recoge el porcentaje de españoles que se declaran católicos, baje por primera vez del 50%. España, ahora sí, casi cien años después de que lo proclamara Azaña, habrá dejado de ser católica. Por lo menos de forma mayoritaria. Una realidad que ya se materializa en la práctica sacramental: menos de la mitad (un 48% en 2022) de los niños nacidos cada año son bautizados y solo uno de cada cinco (19,6% en 2022) de los matrimonios son por la Iglesia.

Ante el tema, el consuelo de los obispos siempre son las palabras que el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger en 1970 que prefiguró una Iglesia europea que «se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos, y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad». Vano consuelo, por más que responda a la realidad, porque una cuestión es organizarse para ser minoría y otra que, de no frenarse la sangría acelerada en los últimos años, el catolicismo en España quede condenado a la insignificancia. Y los obispos, por el momento no han puesto freno a ninguna de las dos posibilidades.

Más allá de las fronteras españolas, la cuestión que moverá a la Iglesia católica en 2024 y los siguientes años es la finalización del Sínodo de la Sinodalidad, prevista para octubre y el posterior documento papal que recoja y haga firmes las conclusiones.

Aunque no ha faltado ruido mediático durante todo el proceso, desde las fases diocesanas a la primera sesión final que se realizó el pasado octubre, las decisiones sobre los temas más polémicos -celibato opcional, comunión para los divorciados vueltos a casar, bendiciones de parejas homosexuales, diaconado femenino- se han pospuesto hasta su fase final, de acuerdo al más puro estilo Francisco, de gestos de cara a la galería pero pocos cambios reales. Si todo discurre según los previsto, tras finalizar la última sesión los padres -y madres en este caso- sinodales propondrán una 'relatio' con las conclusiones que servirá al Papa para elaborar una exhortación postsinodal que defina si realmente se llevan adelante los cambios tan pregonados.

Sería complejo aventurar hasta donde puede llegar esta exhortación pero en los últimos meses no faltan pistas. Primero la publicación de 'Fiducia supplicans' que ha allanado el camino a la «bendición pastoral» de parejas en situación irregular (de divorciados vueltos a casar y entre homosexuales). Después, la presencia de una obispa anglicana en el consejo de cardenales que asesora al Papa para dar su testimonio sobre el papel de la mujer dentro de la Iglesia, unido a que otra de las presentes en aquella reunión, una monja católica, ha explicado después que Francisco se muestra proclive al diaconado femenino, parece apuntar a que el Pontífice podría recuperar este ministerio.

Unos cambios, que los obispos españoles tendrían que asumir, primero, y aplicar, después, y en los que dada la polémica con la que serían recibidos, el liderazgo de la cúpula tendría un importante papel para evitar la división. En todo caso, los obispos sí que tienen pendiente una inclusión significativa de las mujeres en sus equipos de trabajo, sin necesidad de ningún cambio doctrinal. A nadie se le oculta que las mujeres son mayoría en la Iglesia española, pero cuando se asciende a los niveles de decisión, copados casi en exclusiva por sacerdotes, su presencia desaparece de forma drástica.

La media de edad de los obispos españoles en activo es muy alta. A fecha de hoy, 9 de ellos (incluido el cardenal Omella que deja la presidencia) están a la espera de que el Papa les acepte la renuncia que presentaron al cumplir los 75 años. Además, otros diez la presentarán en los próximos cuatro años. Así en esta legislatura deberán ser relevados, por cuestiones de edad, uno de cada cuatro de los obispos que participan en la Plenaria.

La renovación episcopal es tarea, según el derecho canónico, de la nunciatura apostólica. Es el nuncio, el embajador del Papa en España, quien se encarga de pedir informes sobre cada candidato para configurar una terna que presente ante el Dicasterio para los Obispos que es quien elige a uno de ellos y lo presenta al Papa para su nombramiento. Antes de ello, es preceptivo que cuente con la opinión del presidente de la Conferencia Episcopal sobre cada uno de los candidatos. Hasta ahora, el cardenal Omella ejercía una pinza sobre el trabajo de Bernardito Auza, el actual nuncio, al intervenir al principio, como presidente de los obispos, y en la parte final, como miembro del dicasterio, por lo que muchos de los elegidos estos años llevan su sello, que es fácil de descubrir si en su currículum tienen alguna vinculación con la diócesis de Zaragoza.

Algo que, de salir elegido Argüello, ya no será posible, puesto que los españoles en el dicasterio son ahora el cardenal José Cobo y el obispo de Teruel, José Antonio Satué, discípulo y hombre de Omella para todo. De ser así sólo quedan dos opciones, o volver al tradicional consenso entre las distintas sensibilidades de la Conferencia episcopal a la hora de elegir los futuros obispos, o persistir en el actual intento de imponer algunos nombres y bloquear por parte de uno de los sectores, lo que prolongaría el actual estancamiento del proceso.