García Magán: «Una conclusión, tras los distintos informes, es que es muy difícil determinar el número de víctimas de abusos»

—Después de tres informes, el del Defensor del Pueblo, el que encargaron al despacho de Cremades & Calvo Sotelo y el propio de la Conferencia Episcopal, 'Para dar luz', ¿da la Iglesia católica por cerrado este capítulo de la investigación sobre los abusos? 

—Sí, creemos que ha llegado el tiempo de cerrar ese tema. Ahora estamos trabajando en la integración de esos informes en 'Para dar luz'. Nos han servido distintas herramientas, los informes que cita y, el trabajo de años, desde antes incluso del encargo a Cremades, de las oficinas de protección al menor diocesanas y de la vida consagrada. 'Para dar luz', que es la recopilación de todo, recoge a las víctimas, analiza lo que se está haciendo y tiene una perspectiva del futuro. Se trata de poner siempre a la víctima como protagonista, que esté en primer lugar. También el protocolo marco y el plan de reparación integral que estamos trabajando los obispos miran al pasado y al futuro. Es decir, primero, que no vuelva a repetirse y segundo, que las personas, que muy lamentablemente se han visto tocadas por esta lacra social en el seno de la Iglesia, encuentren una reparación integral y adecuada. Cabe decir que ese es un informe vivo, porque claro, estamos abiertos a las actualizaciones, no es una foto fija. Las oficinas siguen trabajando

—Si dice que esta fase de investigación está cerrada, ¿cómo definiría la siguiente etapa? 

—Es la fase de la actuación, la de seguir con la prevención y el momento de la reparación. Estamos trabajando en ese plan de reparación integral a las víctimas de abuso. Subrayaría el adjetivo integral. Sin duda estará la dimensión económica, pero no se reduce sólo eso. Hay que ser muy respetuosos con las víctimas y dar respuesta a sus demandas. Plantear esa cuestión a nivel económico es un reduccionismo y con un peligro, en un tema tan delicado y tan grave, de mercantilización. Hay víctimas que lo que han pedido es un acompañamiento, unas de carácter psicológico, y otras, de tipo espiritual. Incluso se tiene que hacer un acompañamiento médico, de carácter terapéutico. Además, ha habido víctimas, que lo que piden es un encuentro con el responsable de la institución en la que fue abusado, el obispo o el superior mayor, donde haya una manifestación de perdón por su parte. Es buscar lo que pida cada víctima, y darle esa respuesta. La económica, cuando se pida, también.

—En la plenaria de noviembre de 2021 los obispos decidieron que no se iba a hacer ninguna investigación sobre abusos y dos años después tienen tres. ¿Cómo se han vivido esos dos años convulsos? 

—Yo soy obispo desde enero de 2022 y secretario desde noviembre del 2022, pero creo que ha habido ahí todo un proceso de reflexión, de maduración, y que la Iglesia ha dado pasos. Hay que recordar que desde que se promulga el motu proprio 'Vox estis lux mundi' [por el Papa Francisco en 2019] se crean las oficinas diocesanas para la protección de menores, la vida consagrada también lo hace, ya se estaba trabajando.

—¿No le da la impresión de que esa negativa a investigar de la propia Iglesia ha derivado en que al final los informes se los han hecho otros? 

—No hay que olvidar que ha sido la propia Conferencia Episcopal la que encargó en febrero de 2022, una auditoría independiente al despacho Cremades & Calvo Sotelo. Eso es por iniciativa de la Iglesia. Y luego ha puesto en marcha un trabajo ímprobo de recopilación de datos, de coordinación de las oficinas del menor, y un trabajo en la prevención y formación. Hay una conciencia seria.

—En el informe 'Para dar luz' se habla de 205 casos probados. El Defensor del Pueblo ha hablado de 487 casos en que había tenido entrevistas directas con ellos, aunque luego ABC demostró que, al menos uno era falso. Cremades habla de 1.383 denuncias y el diario 'El País' llegó a publicar que había 440.000 víctimas. Hay tal disparidad en el número que genera ruido. ¿Cuándo sabremos la magnitud de este problema en la Iglesia española en los últimos 70 años? 

—Comprendo que, desde el punto de vista informativo, periodístico, las cifras tienen su interés. Pero una conclusión que se saca de los distintos informes, es que es muy difícil determinar el número exacto de víctimas. Muy difícil. Nosotros no ponemos el subrayado en si son 5, 10 o 20, porque, una sola víctima que hubiera habido en el ámbito eclesial, es lo suficientemente grave. ¿Por qué hay esa diferencia de cifras? Porque las metodologías han sido distintas a la hora de realizar cada informe. Cambia el método de conteo. Ahí están los informes, que también demuestran que ciertas expectativas que se habían generado o que habían alimentadas, no se corresponden con la realidad. No es una cuestión numérica.

—En ABC desvelamos que un grupo de católicos había introducido un caso falso en los informes de El País y el Defensor del Pueblo para demostrar los errores de la investigación. Lo curioso, es que ese caso pasó de mano en mano, incluso en las oficinas de la Iglesia, sin que nadie se atreviera a desmentirlo y eliminarlo de las listas. ¿Por qué ocurrió eso?

—Mire, por eso yo le decía que el número no es tan importante. Caso arriba, caso abajo. Lo primero es el hecho en sí mismo, la víctima. Y segundo, yo creo que por respeto a las víctimas, como dijimos en esa rueda de prensa después de la Plenaria hay que ponerlas en el centro, hay que ser muy respetuosos con ese dolor, con su dignidad y ese respeto requiere que cualquier estudio o investigación se realice con el mayor cuidado o rigor.

—El informe Cremades introduce otro elemento, habla de una 'cultura del encubrimiento' en la Iglesia con los casos de abusos. 

El informe de auditoría del bufete Cremades & Calvo Sotelo no es el informe de la Iglesia. Es una herramienta de la cual nos hemos servido, como de otras y de ahí hemos cogido las recomendaciones que están de acuerdo para la acción de la Iglesia, de acuerdo con lo que la Iglesia es y con lo que la Iglesia solicita. El bufete nos presentó un esquema de trabajo, han tenido total autonomía, total libertad para la acción. El señor Cremades fue el que nombró la comisión dentro de su despacho, con miembros de su despacho. Por supuesto la Iglesia no... Ni sugirió a nadie, ni vetó a nadie. De hecho, la composición plural y variada de colaboradores lo muestran, ¿no? Ha trabajado y nos presentaron un esquema de trabajo que nos pareció bien. Luego, en el informe que después de una historia complicada, como también lo dijo el presidente, en cuanto a la realización y en cuanto a la entrega. En la última entrega había aspectos que no se adecuaban del todo a ese esquema inicial, con el compromiso del encargo que la Conferencia Episcopal le había hecho al señor Cremades. Y entonces, bueno, se han analizado todas las recomendaciones que dice allí, lo hemos estudiado, se han integrado y en ello se está trabajando. Bueno, hay afirmaciones que pueden ser matizadas, que pueden ser compartidas y otras que no, pero yo creo que, de nuevo, hay que ver caso por caso, hacer afirmaciones generales siempre tiene su riesgo.

—¿Pero ha habido ese encubrimiento de los obispos a lo largo de estos años? 

—Bueno, mire usted, los casos que hasta ahora han ido ya a tribunales, sea en sede civil o en sede canónica, la acusación o la sentencia donde se habla de una responsabilidad civil subsidiaria, son mínimas. Algunas hay, pero son mínimas. Y eso lo ha determinado un ente independiente como es el poder judicial, incluso en el foro civil.

—Insisto en esto porque hay una práctica muy habitual, no sé si llamarla de encubrimiento o de ocultación, que hemos visto en casos recientes como el cura de Málaga que abusó de varias mujeres o el canónigo asesinado en Valencia. La información que aportan las diócesis siempre va detrás de la que publicamos los medios. Niegan que conocen datos, pero luego se demuestra que eran perfectamente conocedores de la realidad y lo acaban reconociendo cuando lo hemos publicado. Eso resta credibilidad a la Iglesia.

—Ahí está también la responsabilidad que los medios de comunicación tienen al servicio de la verdad, de lo que se dice y cómo se dice. En una sociedad democrática, de libertad, es muy importante el servicio que prestan los medios de comunicación. Pero siempre, como el Papa ha dicho en distintas ocasiones: responsabilidad en la verdad. ¿Qué hay cosas de la Iglesia que son mejorables en la comunicación? Por supuesto que sí. ¿Y qué hay que aprender? Por supuesto que sí. Y bueno, en eso estamos.

—¿Por qué lanzaron ese ultimátum de 10 días a Cremades si no iban a ejecutarlo si se incumplía?

—Bueno, el ultimátum de los 10 días era después de incumplimientos reiterados. El encargo era para marzo del 23. Se nos dijo que a principios de julio estaría. No estuvo. Se nos dijo luego que estaría para finales de julio, primeros de agosto. No estuvo. Esto es como el Génesis. Pasó un día, pasó una mañana, día primero; pasó un día, una mañana, día segundo… Ya casi a final de agosto se recibe un avance. Fue el avance de 2.000 páginas. Se había dicho explícitamente que en septiembre estaba previsto presentarlo, había dos reuniones importantes, de la comisión ejecutiva y la comisión permanente. Se nos dijo que estaría y no estuvo para ninguna. Entonces, claro, en esa tesitura. Estaba la plenaria y por eso se dio ese ultimátum de 10 días.

—Sí, pero se incumplió de nuevo y no ocurrió nada, de hecho convocaron una asamblea plenaria extraordinaria para tomar una decisión al respecto y no la tomaron.

-Ese es otro problema de los retrasos, la asamblea iba a ser sobre la auditoría Cremades, era para tomar esa decisión, pero se adelantó el informe del Defensor del Pueblo. Y la asamblea se giró al informe del Defensor del Pueblo, evidentemente los obispos hicimos reflexiones sobre ese informe para verlo, estudiarlo e incorporar lo que fuera importante. Si hubiéramos tenido el informe definitivo del señor Cremades... Si no hubiera habido el informe del Defensor del Pueblo y estuviera sólo el no informe o el informe entregado de Cremades, se habría tomado esa decisión. Si ese señor no entrega después de todos estos retrasos, una opción es decir, acabamos aquí y tenemos un informe de dos mil páginas entregado en octubre, que es muy sólido. Pero la cuestión de Cremades quedó reenviada a la plenaria de noviembre. Y al final Cremades entregó el informe cuando él quiso.

—¿Le han pagado todas las facturas a Cremades? 

—Pues mire, el encargo, como se dijo al principio, era 'pro bono'. La situación no ha cambiado de 'iure', pero sí de 'facto'. Llevamos pagado más de un millón de euros. El pasado septiembre, como el informe de auditoría se tenía que haber entregado en marzo del 23 y ya habían pasado seis meses, se acordó y por escrito, que eran las últimas facturas y estaba cerrado el tema. El propio Cremades dijo que eran las últimas. Y entonces ahora resulta que se presentan nuevas facturas, por sorpresa. Bueno, pues vamos a ver, porque, hay un compromiso firmado. Y también la Conferencia Episcopal, con ese retraso, ha tenido un perjuicio, porque era una herramienta de trabajo, y por ende han tenido un perjuicio las víctimas. Han sido nueve meses de retraso y con reiteradas fechas de compromiso que se iban incumpliendo. Nosotros hemos tenido paciencia y comprensión. Y ahora aparecen unos gastos ulteriores después de que se dijo que estaba cerrado el gasto.

—Es evidente que las relaciones de los obispos con Cremades se han ido deteriorando en los últimos meses. En aquella famosa foto de la entrega del informe en las cajas -que por la fechas parecían regalos de Navidad- las caras de los protagonistas evidenciaban que no era un momento cómodo.

—Yo me hago eco de lo que dijo el presidente en un desayuno informativo, ha habido problemas, claro. Aunque quiero decir también que el trabajo de la auditoría Cremades , en su conjunto, y no me refiero solamente a esa recta final y esa etapa que desemboca en esas fotos que usted menciona, ha sido bueno. Ha sido un trabajo muy interesante, bien hecho. Ha sido un trabajo donde han tenido libertad total y absoluta. Y que el equipo ejecutivo, que designó el señor Cremades, que repito que nosotros no tuvimos ninguna intervención en seleccionar personas, ni hemos elegido a nadie, ni hemos vetado a nadie, han realizado un buen trabajo. Un trabajo profesional y serio. Todo ese 'iter' es una auditoría en todo el conjunto, buena y como herramienta nos ha servido y nos está sirviendo.

—Hay obispos que se han reunido con víctimas, otros, como el de Bilbao han hecho incluso actos públicos de reparación. ¿Tienen previsto algún acto de este tipo a nivel global, de la Conferencia Episcopal?

—Ahí es importante la necesidad de la víctima y también la responsabilidad del victimario y de la institución a la que pertenece el victimario. Con lo cual, el papel del obispo diocesano es muy importante, porque el abuso se ha cometido en una diócesis concreta, en una situación concreta, en una entidad educativa o lo que fuere. En esa línea lo que se ha planteado es que esa reparación integral a la víctima, en primer lugar, es responsabilidad del victimario. En segundo lugar, subsidiariamente, es responsabilidad de la institución eclesial a la que pertenece el victimario. En el caso de un sacerdote diocesano, es la diócesis. En el caso de un religioso o de una religiosa, pues será del Instituto de Vida Consagrada, la Sociedad de Vida Apostólica, a la que él pertenezca. Incluida la reparación económica, solamente entraría en una subsidiariedad ulterior la Conferencia Episcopal, si una diócesis, que hasta ahora no se ha planteado ni se ha dado, tuviera dificultades para asumir esa reparación. En cuanto a lo que usted decía, un acto así de pedir perdón no se ha planteado. Pero esto es un tema que está abierto, y en la Plenaria de marzo vamos a hablar de ello. Con lo cual, yo tampoco excluyo que, a lo mejor, en la plenaria pueda plantearse el tema.

—¿Ya han concretado el plan de reparación económica a víctimas, incluso sin necesidad de sentencia judicial, que decidieron en la anterior Plenaria? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? ¿Cuál será el mecanismo?

—De alguna forma ya está funcionando porque distinguimos las víctimas que van por un proceso judicial, sea de ámbito civil o de ámbito canónico. Y de esas, las sentencias que hay firmes, ya han recibido la reparación estipulada por el juez. Por lo tanto, eso está en marcha. Para las otras, se piensa en la creación de una comisión de expertos independientes, de distintos ámbitos de conocimiento, juristas, psicólogos, médicos en su caso, algún canonista. Para esos casos en que no es posible ir por la vía judicial, porque haya muerto el victimario o porque hayan prescrito en el ámbito civil y no sea posible reabrirlo. Esa comisión analizará caso por caso, para llegar a una convicción o una certeza moral, que es un concepto jurídico que aparece en el código de derecho canónico y aparece también en el ámbito civil. Entonces, hay que determinar, bueno, pues si la víctima pide también esa reparación económica, pues estudiarlo. Todavía no se sabe, porque eso se está creando. Ahora en la permanente se estudiará y será aprobado en marzo.

—En el caso de que las víctimas que ya estuvieran muertas, ¿se podría ampliar a los descendientes? 

—Bueno, habrá que verlo, será esa comisión la que estudie y vea si hay certeza y tal. Ahora, eso es un poco más difícil, claro. Pues si tenemos muerta a la víctima y al victimario. El tema es más difícil, sobre como lllegar a esa convicción moral.

—Creo que no se acaba de percibir la magnitud que el problema de los abusos tiene para la Iglesia. Quizá lo podamos comparar con la Inquisición, que durante siglos ha pesado sobre la Iglesia hasta que Juan Pablo II pidió públicamente perdón por sus métodos. Tengo la impresión de que con los abusos va a ocurrir lo mismo y que lo están cerrando en falso. ¿Qué van a hacer desde la Conferencia para demostrar que acaban definitivamente con el problema?

—Ojalá sea un tema de importancia y de reflexión para toda la sociedad. Y para todos los ámbitos de la sociedad. En los medios de comunicación escuchamos noticias desde distintos ámbitos. Para la Iglesia también, pero la sociedad, en esta lacra social tenemos que comprometernos y todos tenemos que actuar. A eso añadimos que la Conferencia Episcopal, claro que no lo tiene cerrado. El servicio de coordinación sigue trabajando. Ya hay dos encuentros para seguir en esa prevención, en esa formación para este año 2024. Las oficinas diocesanas siguen trabajando. Los servicios también de Confer, los religiosos, que merece la pena decir que han hecho un esfuerzo muy serio, sobre todo los que están en colegios, en educación de menores, etc. Y yo creo que es un tema que sigue estando ahí muy presente, muy vivo y muy activo. Y luego lo que les decía, cuando esté aprobado, el plan de reparación integral a las víctimas. Ojalá que esa reflexión pase a todos los ámbitos sociales para erradicarlo. Erradicarlo siempre.

Cuando presentamos 'Para dar luz' invitamos a representantes de otras confesiones cristianas y religiones. Y algunos hermanos cristianos me dijeron: Ustedes llevan hecho un camino que nosotros tenemos que emprender. Nos pidieron los instrumentos, que están publicados en la página web. O sea, que es un camino que desde muchos ámbitos sociales hay que realizar. Poniendo a las víctimas en el centro, tenemos que darnos la mano. Y en vez de tirarnos las piedras unos a otros, darnos la mano y entre todos en una reflexión seria y objetiva, es decir, cada uno cómo podemos aportar nuestro granito de arena en nuestro ámbito para que esto quede, esta lacra social quede erradicada definitivamente.

—¿Por qué aparece este fenómeno de los abusos en la segunda mitad del siglo XX?

—Creo que también se inscribe en ese contexto sociocultural. En un contexto sociocultural determinado, en la segunda mitad de los 60 e inicios de los 70, y obedece a todo un contexto cultural de nuevas perspectivas sobre la sexualidad, que, lamentablemente que también pasó a la Iglesia.