El entramado empresarial y asociativo de Torreciudad que debe desentrañar el comisario pontificio

A la rapidez en la respuesta, poco habitual en los tiempos eclesiales, se suma el perfil del comisario que es el decano de la más alta instancia de apelación en el Vaticano. Unas circunstancias aparentemente poco acordes con un conflicto sobre en qué lugar debe estar ubicada la talla de la Virgen allí venerada, recuperar la propiedad de una pequeña ermita y la potestad para el nombramiento de quien debe estar al frente del lugar de peregrinación. Diferencias aparentemente muy menores, y locales, para las que se ha utilizado una de las herramientas más potentes del derecho canónico, el comisario pontificio, que implica la intervención y el control total de la institución.

Sin embargo, detrás de este conflicto de Torreciudad -un lugar simbólico para el Opus Dei por su vinculación con su fundador- se encuentra el complejo entramado jurídico de un contrato de censo enfitéutico -cesión de uso pero no de la propiedad- de 1962, en el que interviene una mercantil como firmante principal. O la atención pastoral de los cerca de 200.000 peregrinos anuales, que lo convierten en el tercer destino turístico de Aragón. Sin faltar disputas económicas, que llevan desde un alquiler anual de 19,23 euros a la pretensión de elevarlo hasta más de medio millón. Y la disputa en quién recae la potestad para nombrar al rector del santuario, lo que viene a suponer, quien tiene la responsabilidad última sobre él.

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José Ramón Navarro-Pareja

En realidad Torreciudad está vinculado al Opus Dei desde hace décadas. La ermita original está vinculada a su fundador, pues hasta allí le llevaron sus padres en peregrinación cuando apenas tenía dos años, como agradecimiento a su curación por una grave enfermedad. Años después, en 1962, el Opus Dei llegaría a un acuerdo con el obispo de la diócesis para la cesión enfitéutica a perpetuidad tanto de la ermita original como de la imagen románica de la Virgen. Ante la llegada masiva de peregrinos, el Opus Dei decidió construir un nuevo templo de mayores dimensiones, a unos metros del original. En mayo de 1975, en la que sería su segunda visita a Torreciudad después de aquella de niño, José María Escrivá de Balaguer consagró el altar de nuevo templo. Moriría un mes después.

Aunque el conflicto saltó a la esfera pública en junio de 2023, cuando el obispo decidió nombrar de forma unilateral a un sacerdote diocesano como nuevo rector, en la práctica las diferencias se arrastraban desde septiembre de 2020. Fue entonces cuando la Prelatura del Opus Dei remitía una nota a Pérez Pueyo en la que pedía «poner al día los aspectos jurídicos de Torreciudad» y le comunicaba que en 2018 se había erigido la fundación canónica 'Santuario Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad' a la que se pretendía trasladar los derechos de cesión de la ermita y la talla, que en esos momentos los tenía la empresa Desarrollo Social S.A.

Lo cierto es que en el contrato de 1962 la cesión no se realizó al Opus Dei sino a una empresa, Inmobiliaria General Castellana, S. A., formadas por laicos vinculados a la Obra. Con el tiempo, esa empresa cambió de nombre al actual Desarrollo Social S.A. que todavía tiene los derechos sobre la cesión. Es en ese momento cuando la diócesis encarga un estudio a un equipo jurídico, en el que después ha sustentado sus acciones y decisiones.

Desde un primer momento ambas partes coincidían en la necesidad de que Torreciudad se convirtiera en un santuario diocesano -en la actualidad tiene el estatus canónico de oratorio semipúblico- pero disentían en el cómo. Por una parte, el obispo quiere reservarse el libre nombramiento de rector, pero el Opus Dei reclama el derecho de presentación para proponer una terna de candidatos. Por otra parte, la diócesis quiere que la imagen original de la Virgen vuelva al altar de la ermita antigua, que ahora ocupa una copia.

Además también hay diferencias económicas. Hasta el día de hoy, el Opus Dei está pagando un canon anual de 19,23 euros (las 3.000 pesetas que se pactaron en 1962) y según fuentes cercanas a la Obra la diócesis pretendía en un momento elevar esa cantidad a 3 euros por peregrino. Si tenemos en cuenta que por el lugar pasan cerca de doscientos mil visitantes la cantidad podría rondar los seiscientos mil euros anuales.

El Opus Dei siempre ha entendido esa cantidad como desproporcionada y ha explicado que la actividad en Torreciudad es deficitaria y que se sostiene gracias a las donaciones aportadas por miles de fieles canalizados a través de la Asociación Patronato de Torreciudad. Además, también señala que su colaboración con la diócesis va más allá de los 19,23 euros anuales, que siempre han considerado «simbólicos», y se materializa tanto en donaciones como en la colaboración que los sacerdotes del Opus Dei residentes en Torreciudad, en las necesidades pastorales del obispado.

De hecho, en una reunión celebrada el pasado marzo se llegó a alcanzar un principio de acuerdo con «cesiones por ambas partes», como ya explicó este diario. El acuerdo implicaba que la cesión de la ermita y la talla de la Virgen dejaba de ser a perpetuidad y pasaba a renovarse por un periodo revisable de treinta años. Además, se fijaban unos momentos específicos en los que la imagen podía trasladarse a la ermita antigua, aunque de forma habitual estaría en el nuevo templo.

Además, también se revisaba el canon anual hasta una cantidad «más razonable», lejos de las pretensiones originales del obispo. Fuentes de la diócesis han explicado a este diario que «la cuestión económica nunca ha sido un punto de conflicto» entre las partes. Y de hecho insisten en que en la reunión de marzo el obispado pidió un canon simbólico de un euro.

Sin embargo, aquellas condiciones cambiaron en la propuesta de estatutos que se debía firmar en la última reunión que han tenido ambas partes, el 30 de junio. El Opus Dei se negó a firmar en aquellas condiciones y el obispo optó por romper la negociación y elevar el caso a la Santa Sede. Con anterioridad, la Obra ya había recurrido al Dicasterio para el Clero para denunciar el nombramiento del último rector, por considerarlo como abusivo, por no corresponderle al obispo realizarlo al no ser Torreciudad todavía un santuario diocesano.

Una denuncia que también tendrá ahora en cuenta el nuevo comisario pontificio, quien debe dirimir a quién le da la razón en cada uno de los puntos en disputa. Si responde con la misma celeridad con que ha sido nombrado, es previsible que su propuesta de solución no tarde más allá de unos meses.

De acuerdo a fuentes consultadas por ABC, que han tenido acceso al nombramiento, el comisario debe examinar tanto la «condición canónica como civil» para considerar las disposiciones que deben plasmarse en los estatutos que resuelvan la cuestión. Tanto la diócesis como el Opus dei han mostrado su disposición a colaborar con la investigación del comisario y asumir la disposición final del Papa.

Sin embargo, queda por ver si la intervención del comisario pontificio podrá resolver por completo el conflicto, pues conviene recordar que la cesión de la ermita original y de la imagen de la Virgen está hecha a la entidad mercantil Desarrollo Social, S. A., que integra a la antes denominada Inmobiliaria General Castellana, S. A. Esa es la sociedad a la que, según el contrato original, al que ha tenido acceso ABC, se hizo la cesión inicial. A su vez, una buena parte del accionariado de Desarrollo Social S.A. (aunque no en su integridad), pertenece a otra empresa, Instituciones Sociales y Culturales S.A., con sede en Ciudad Real.

Es práctica habitual en el Opus Dei que buena parte de sus obras no estén a su nombre sino al de empresas, asociaciones o fundaciones civiles formadas por laicos, la mayor parte de ellos vinculados a la Prelatura. Una fórmula que, en este caso, podría complicar su resolución si los representantes de estas empresas deciden acogerse a la validez del contrato civil firmado en 1962 y desafían la decisión canónica venida desde Roma, en el caso de que no les sea favorable.