Los sindicatos piden a Marlaska actualizar la orden sobre presos trans porque no saben cómo actuar

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Érika Montañés

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Dificultades que resume Vilas en «situaciones de peleas, desobediencia, agresiones»; incidentes «de convivencia y regimentales graves»: «No es un problema de los trabajadores y su actuación con un preso trans; es que no tenemos claro qué podemos hacer y qué no», traslada el responsable de Prisiones en CSIF.

Algunas asociaciones feministas denunciaron el pasado enero ante el Gobierno varios de los efectos perversos que iba a tener la norma, también lo dijeron a tenor de la 'ley del solo sí es sí' con escaso éxito. Una de esas entidades, la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres, cuestionó cómo se iba a aplicar la 'ley Trans' en el deporte y la alta competición, donde ya está dando lugar a duras controversias; e interrogó al Ministerio del Interior por la situación de varios reos transexuales y por la aplicación de la norma de Irene Montero, pero se quedaron sin respuesta.

Desde esta entidad remarcan a ABC que con una ley «que elimina todo sistema de verificación a la autoidentificación de un delincuente y que da por buena su sola declaración es un dispositivo jurídico explosivo que genera situaciones insostenibles no solo para las presas, también para las funcionarias. Cualquier hombre que se autoidentifique como mujer queda autorizado a usar espacios como cárceles de mujeres, baños, vestuarios, refugios, habitaciones hospitalarias... en función del 'género sentido' y no del sexo de pertenencia, lo que pone en riesgo la seguridad».

En concreto, la instrucción que rige en las cárceles y que puso en marcha Mercedes Gallizo (secretaria general de Instituciones Penitenciarias con el Gobierno de Rodríguez Zapatero) en 2006 abogó por la inclusión de los transexuales en los penales. La orden 7/2006 estipula que «las personas cuya identidad oficial de sexo no concuerde con su identidad psicosocial de género pueden solicitar de la Administración Penitenciaria el reconocimiento de ésta» y un cambio de módulo. Entonces, la dirección de la cárcel decide con informes médicos y psicológicos en un plazo que suele ir de treinta días a tres meses, también en base a los antecedentes sexuales de ese recluso, si accede al cambio de pabellón o no. Lo suelen pedir mayoritariamente los varones, que transicionan o inician un proceso de transición de género, para ir a un módulo femenino. Además, hay una disposición que incluye que mientras se resuelve ese expediente la prisión puede establecer «medidas provisionales que satisfagan los derechos del solicitante».

«La instrucción no ha dado problemas. Ha generado 'sospechas' en torno a si ese preso quería beneficiarse de las condiciones de otro módulo o tener sexo con otras internas, pero se ha controlado y se ha aplicado durante 17 años», avalan fuentes de otro sindicato de prisiones consultado por ABC.

Los funcionarios consultados, a su vez, refrendan que la convivencia en «celdas, baños y espacios comunes» de un reo trans con el resto de los presidiarios da lugar a situaciones en las que hay que estar vigilante. Ocurrió este mismo año, cuando el pasado febrero la prisión alicantina de Fontcalent (ahora Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento) una presa trans de origen búlgaro mantuvo sexo con alguna interna y originó 'sospechas' de embarazo, una cuestión que pronto se descartó con test, informa David Maroto. La presa materializó su cambio de nombre, aunque no llevó a cabo tratamientos de hormonación ni cirugías genitales. Fue devuelta a la sección masculina. Desde el sindicato 'Tu abandono me puede matar' lamentan la falta de formación que sufren los funcionarios de prisiones sobre el tratamiento y los procesos que deben seguir en situaciones «tan delicadas». «Nos limitamos a cumplir las órdenes que nos dan», relata un funcionario de esta prisión alicantina. «Este va al módulo de mujeres, este al de hombres y poco más», relata. Este trabajador pide que «aclaren de una vez» la normativa vigente para no verse «sometidos» a trabajar en un «limbo legal», como por ejemplo en el cacheo en las duchas.

Y es que en aplicación estricta de la norma Trans, con que un preso solicite un cambio de sexo en el Registro Civil (un trámite que se completa en cuatro meses y que ha suprimido la necesidad de informes psicológicos) ya está en el proceso de transición y vería satisfecha su petición de cambio de destino.

Pero Instituciones Penitenciarias descarta a ABC que se vaya a aplicar en las cárceles otra cosa que no sea el principio de «individualización científica», con un abordaje de las condiciones y situación de cada preso. No aclaran si va a haber una nueva orden de Interior que se actualice con la norma. «La 'ley Trans' agiliza los trámites de cambio de sexo registral, pero no va a haber un automatismo» en los traslados de pabellón por esos cambios de identidad en el Registro, insisten desde el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz.

El volumen de personas al que atañe la ley no es abultado, defienden desde los sindicatos de Prisiones y es fácilmente «controlable» porque no hay «ni un trans por cárcel». Las mismas fuentes penitenciarias informan de que al entrar en vigor la ley en marzo había 79 transexuales en las cárceles nacionales de una población de 46.468 reos.

Pero la denuncia de entidades como Contra el Borrado es que la ley puede dar lugar a un coladero y que cause cierto 'efecto llamada' por parte de reclusos que busquen beneficios con un cambio de sexo en el Registro, un trato más «blando» o el acceso a mejores condiciones en su convivencia con los demás internos. En España, nada más aprobarse, se notificaron seis peticiones en Asturias y varios cambios de sección en Málaga I y Santa Cruz de Tenerife II.

La portavoz de Contra el Borrado, Lola Venegas, dice con sarcasmo que «parece que ser condenado a prisión es un poderoso estímulo para sentirse mujer». Sus temores se sustentan en lo ocurrido en países que llevan la delantera con normas trans, como Reino Unido, estados como California, y Canadá. Todos ellos han registrado un crecimiento notable de peticiones para transicionar.

El exministro británico Rory Stewart reveló que varias funcionarias habían sido violadas por presos «que decían ser trans», un país que certificó un 10% más de peticiones de reos varones que se autodefinieron mujeres. En California hubo casi 300 solicitudes de reclusos. Y en Canadá el 50% de los internos que demandaron ir a una prisión para mujeres eran delincuentes sexuales. Razones por las que la relatora especial de la ONU sobre Tortura, Alice J. Edwards, remarcó que «las prisioneras tienen derecho a protección frente a delincuentes sexuales, sin importar que se autodeclaren mujeres». «No es que la ley favorezca el fraude, el fraude es la ley», resuelve Venegas.

Lo niegan desde Instituciones Penitenciarias. «Cada caso requerirá una evaluación. Una cosa es que la ley facilite el reconocimiento de género y otra es el cambio de ubicación del preso en base a la seguridad», mantienen. Recuerdan, asimismo, que por «protección de datos» no se puede comunicar cuántos ni quiénes han iniciado un proceso de autodeterminación de género y repiten que «hay situaciones muy distintas» y se requiere el examen del centro de cada una de estas vidas trans.

Vilas afirma que en todo caso la ley exige de los funcionarios un plus, por lo que ya se pidió en la última reunión de la Mesa Delegada donde los sindicatos interlocutan directamente con Interior una orden muy clara, que adecue las necesidades de personal a esta normativa nueva. «En las cárceles se cumplen las leyes, pero esta ley sobre el papel aguanta todo tipo de realidades. Hay una nueva ley sin desarrollar. Nos esperamos cualquier cosa«. Volverán a abordarlo con el Ministerio de Grande-Marlaska en el mismo foro este septiembre.