Más de 400 niños fueron 'secuestrados' por uno de sus progenitores el año pasado

El pasado mes de febrero se produjo la penúltima reunión bilateral entre Nisde y responsables del CNDES, con un nuevo emplazamiento. Así se ha continuado hasta finales del pasado junio, cuando... «¡oh, sorpresa, lo han publicado!». «Y agradecemos mucho este cambio de postura en la Secretaría de Estado de Seguridad», exclama eufórico Somoza. Al informe que publica el CNDES se le añaden los datos que se dejaron en blanco desde 2019. El dato de 2020 se actualiza y no son 35 sino 294 sustracciones parentales con el niño en paradero desconocido (un dato más bajo por la pandemia, sí se afirma), 2021 (434 menores) y 2022, con 428 niños. El de 2021 es el dato más alto de toda la serie histórica, desde que comenzase en 2010. Los últimos dos años se dispara el problema, no solo en los casos no resueltos –que publica el CNDES–, sino también en las estadísticas del Poder Judicial, donde este delito crece más de un 20% anual.

El entresijo político de que esta problemática salga a la luz rellenando todos los huecos es que Interior publica en el esprint final de la legislatura, podría decirse que casi en la 'foto finish', unos datos que llevan tres años escondidos y que demuestran que, con el actual mandato de la ministra de Igualdad, el incremento de las sustracciones parentales de menores ha sido notable. «En los últimos años se ha convertido en una comunicación imprescindible», dice Somoza. Al contrario que otras fuentes, que hablan de cómo Igualdad habría querido tapar lo mal que iba el problema con la mujer como principal actor, el presidente de Nisde no cree que el ejercicio de transparencia se deba ni a la convocatoria de elecciones generales ni al veto en Sumar a Irene Montero. Lo cierto es que el departamento de Fernando Grande-Marlaska no ha querido preservarlos por más tiempo.

El marco de estos datos lo pone también la propia ministra de Igualdad y su defensa parcial de las mujeres que cometen este delito en contra de la voluntad de los padres de las criaturas. En 2021 el Gobierno indulta, merced a la petición de Montero, a Juana Rivas, una madre granadina sobre la que pesan once sentencias de jueces españoles e italianos en contra. Su ex, Francesco Arcuri, no pierde la custodia de los dos hijos en común, pero cala la idea de que Rivas es menos culpable de lo que dicen esos once autos judiciales.

Al año siguiente, cuando se seguía reclamando a Igualdad y a Interior las cifras de sustracciones parentales en España y su diferenciación entre padres y madres, María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, es indultada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Era mayo de 2022. Entonces aparece la ministra Montero en una de sus intervenciones feministas más polémicas y dilapida a más de uno con aquella frase sobre las «madres protectoras» por la que finalmente ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 18.000 euros al ex de Sevilla, Rafael Marcos. El Gobierno había aplicado poco antes la medida de gracia a Sevilla y la protegió en el imaginario popular tras haber sido condenada por «enjaular» a su hijo sin apenas ver la luz del sol en un pequeño municipio de Cuenca. Las siete denuncias interpuestas por su exmujer contra Marcos fueron sobreseídas, pero este cocinero madrileño estuvo siete años sin poder ver a su hijo, cuya custodia recuperó por orden de un juez.

Irene Montero, en un habilidoso juego de sexos, alienta a las «madres protectoras» y las describe como aquellas que sustraen a sus hijos para liberarlos del yugo de sus progenitores. De los padres que se llevan a sus hijos en contra de la voluntad de las madres no se habla como «protectores».

Según asociaciones como Nisde, los hombres protagonizan alrededor del 8% de las sustracciones de un menor, más del 91% de las personas que acuden a esta entidad son los padres denunciando una sustracción. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, en sus siglas en inglés) de La Haya publicó hace cinco años el trabajo más completo que se ha desarrollado sobre este asunto y lo hace con los datos aportados por los países firmantes del Convenio de La Haya en 1980. El estudio reveló que el 73,8% de las sustracciones (no son secuestros, porque no se pide un rescate, dicen abogados especialistas en este delito) son ejecutadas por mujeres. El ICMEC reclama a España que desglose mejor los datos y clasifique por sexos, edad de los menores y circunstancias agravantes del delito.

Aquí se continúa a vueltas con la petición de la machacona cifra al Ejecutivo: ¿pero cuántas de esas madres sustractoras, si se quiere protectoras en el lenguaje de Igualdad, hay en España? ¿Está aumentando el problema? Se desconoce. Se le reclama en noviembre pasado también al Ministerio de Justicia. Este departamento omite publicar la cifra, pero los jueces sí hacen su trabajo. Y la memoria anual del Poder Judicial publica oportunamente, como cada ejercicio, las diligencias previas por denuncias por sustracción de menores por parte de los progenitores o de otros familiares (incluido dentro del epígrafe 'delitos contra las relaciones familiares' y contabiliza a los que están desaparecidos y localizados, no distingue, por eso la cifra triplica los más de 400 casos del CNDES).

Precisamente, fuentes jurídicas consultadas por este periódico hablan de un problema con suficiente incidencia y un «alarmante crecimiento» en los datos, sobre todo desde que Irene Montero recala en Igualdad. Matizan lo que Somoza también recibe como explicación en su última reunión con el CNDES, que tuvo lugar el pasado viernes 7 de julio: el Poder Judicial publica diligencias abiertas por denuncias por sustracción de menores, resueltas o no. El CNDES, en cambio, publica solo las sustracciones sobre las que no se tiene constancia ni siquiera de la localización del menor, esto es, siguen irresolutas.

Basta recrearse durante un rato en las hojas Excel del Poder Judicial para ver ese aumento que también constata el presidente de Nisde. Con 2021 como último ejercicio disponible, sube un 22,85% solo de 2020 a 2021, de 1.033 diligencias abiertas a 1.269. La curiosidad lleva a La Rioja, donde en 2021 se computaron 228 diligencias por este asunto, un registro «anormal» que las mismas fuentes no se explican salvo que sea por un cambio en la metodología de medición; seguido de Cataluña (172 casos) y Madrid (132). Asturias y Navarra, con diez menores cada una; y Cantabria, que tiene un protocolo específico y registra la cifra inferior, con nueve, cierran la tabla.