El Constitucional avala la reforma que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno

Según ha podido conocer ABC, la corte de garantías ha aprobado, sin ninguna modificación, la ponencia redactada por la magistrada Laura Díez, integrada en el ala progresista. Contra el texto se han manifestado los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, del ala conservadora, que han anunciado voto particular que se adjuntará al fallo. Se trata del mismo reparto de fuerzas que hace aproximadamente un año, el 9 de mayo de 2023, sentenció contra el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el PP en 2010 sobre la ley de plazos de Zapatero.

Aunque aquella norma ya preveía que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso de sus padres, en la sentencia del año pasado, el Constitucional no abordó esta cuestión porque ese artículo concreto había sido derogado en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así, tras esta decisión, la norma de 2010, con las modificaciones introducidas por la de 2023, estarían en estos momentos en pleno vigor y sin sospecha de inconstitucionalidad, de acuerdo al criterio del Tribunal.

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Además de permitir que las menores de edad, a partir de los 16 años, pudiesen acudir a una clínica abortista sin el requisito previo de informar a sus padres y tutores, la reforma incluye la eliminación del requisito de informar a las mujeres que quieren practicar un aborto de las posibles consecuencias físicas y psicológicas que supone el someterse a una intervención de este tipo. Se eliminaban también los tres días de reflexión y blindaba el aborto frente a posibles protocolos antiabortistas de las comunidades autónomas como el que había propuesto meses antes el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, avalado por el grupo de Vox.

La reforma también incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, con un servicio de asistencia y acompañamiento integral y especializada para la mujer que lo practique.

Otras de las modificaciones corresponde a los comités clínicos de médicos encargados de dirimir la interrupción del embarazo a partir de las 22 semanas de gestación. Con la ley, los objetores de conciencia que formen parte del registro de objetores de la interrupción voluntaria del embarazo —o hayan formado parte en los últimos 3 años— no pueden formar parte de estos comités.

Asimismo, los profesionales sanitarios implicados en esta práctica que rechacen interrumpir un embarazo por razones de conciencia tendrán que manifestar su decisión con antelación y por escrito, sin que esto «pueda menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo», recoge la norma. Una cuestión a la que se han opuesto con firmeza varios colegios de médicos.

Tras conocer la sentencia, fuentes de Vox han señalado a ABC que la decisión va contra «millones de jóvenes que quedan desamparadas en el momento en el que más vulnerables son» y también contra «el valor de la vida humana». Las mismas fuentes han explicado que «esta decisión la del Constitucional de Pumpido, que no es contra Vox, sino contra millones de mujeres». Además, también «ahonda en la configuración de una sociedad sin cultura de la vida, y que supone un ataque más a la familia, a la patria potestad y al deber y derecho de los padres a velar por el bienestar de sus hijos», han añadido.

Para la formación política, esta sentencia del TC «no mina un ápice la determinación de VOX en proponer y construir una cultura de la vida. En dar esperanza a las mujeres; en ofrecer las alternativas y las soluciones que hasta ahora, en sucesivos gobiernos, les han sido hurtadas. No vamos a abandonar a la mujer ni tampoco al niño no nacido».

No falta en sus palabras una crítica al Partido Popular «antes autodeclarado provida» pero que «llegó a celebrar el aval del Constitucional a la conocida como Ley Aído y renunció a combatir la reforma del Gobierno PSOE-Podemos», añaden. «Con la fuerza que nos den los españoles, seguiremos dando esta batalla que, lamentamos, libramos en solitario», explican al respecto.

Por su parte, la plataforma NEOS entiende que la sentencia supone «una confirmación de que el Constitucional es un instrumento en manos de la política del Gobierno en el intento de reemplazo de una sociedad por otra», según su presidente, Jaime Mayor Oreja. «Se echa en falta, una vez más, un pronunciamiento claro del Tribunal Constitucional en defensa del derecho a la vida, consagrado claramente en la Carta Magna y en innumerables tratados internacionales suscritos por España», añaden en un comunicado.

«Esta utilización de la institución sume en el descrédito ante la sociedad española a los magistrados que se pliegan a los designios del Gobierno y a la propia institución que ya luce orgullosa los lamparones del polvo del camino, utilizando el símil que popularizó Cándido Conde Pumpido«, critican.