El Gobierno saca adelante la reforma del aborto que consolida la ley de plazos

La sustitución de los supuestos por los plazos es aceptada ya por el Partido Popular (PP), pese al recurso presentado por este partido ante el Tribunal Constitucional (TC), que aunque no ha publicado su sentencia ya se ha pronunciado a favor de la norma, gracias a la nueva mayoría progresista de magistrados con el presidente del Alto Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, al frente.

La objeción de los populares sigue siendo a la necesidad de permiso paterno para las menores de edad que quieran interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas del mismo. Alberto Núñez Feijóo zanjó este miércoles el debate, tras acusarle el PSOE de no defender el aborto como un derecho, asegurando el líder de la oposición que no es un derecho fundamental de los que recoge la Constitución ni un derecho universal recogido en la carta de derechos de la ONU, pero sí algo a lo que las mujeres se puede acoger, especificó, «dentro de las leyes de cada país».

En los pasillos del Congreso, este mismo jueves, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "el aborto es un derecho, aunque al señor Feijóo no se lo parezca". En el otro extremo del arco parlamentario, y ya durante el propio debate, la diputada de Vox, Lourdes Méndez, ha sentenciado que "el derecho al aborto en España es la máxima expresión de la barbarie" e incluso un acto de "sadismo" y ha añadido que "el derecho a la vida del no nacido es un derecho fundamental que no se decide por consenso".

Por su parte, la encargada de defender la posición del Grupo Socialista, Laura Berga, también se ha referido críticamente a Feijóo, dado que a su juicio ha dado un giro después de aceptar la resolución del TC sobre la ley de plazos. Berga, además, ha criticado a la bancada popular por la inclusión del permiso paterno para las menores durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "El PP quitó a las jóvenes de 16 y 17 años su derecho a abortar y en 2015 ya dijimos que repararíamos eso" ha aseverado desde la tribuna de oradores.

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S. S.

El texto que se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados introduce en cambios como la edad mínima para interrumpir el embarazo o la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios

La norma del Gobierno de coalición elimina los tres días de reflexión que se daba hasta ahora a quienes decidiesen interrumpir su embarazo, así como el sobre con información que se les entregaba. También se establece un registro con los médicos que objeten de conciencia, con la intención de que se garantice la interrupción del embarazo en todos los centros públicos.

Igualmente, se prohíben concentraciones ante las clínicas donde se practican abortos, como las que suelen organizan los denominados grupos provida. La norma ha tenido que volver al Congreso desde el Senado debido a la enmienda del PSOE (a su propia ley) para impedir que puedan establecerse protocolos anti aborto como el que Vox pretendió introducir, sin éxito, en la Junta de Castilla y León, donde los de Santiago Abascal gobiernan en coalición con el popular Alfonso Fernández Mañueco, quien desautorizó las medidas anunciadas por su vicepresidente, Juan García-Gallardo.