Las comunidades se dan un año de moratoria para abrir centros 24 horas para víctimas de violencia sexual en todas las provincias: de 52, hay 3

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Igualdad planteará hoy a las CC.AA. su propuesta de impulsar un sistema Viogén a nivel europeo

Europa Press

También informará de la prórroga de un año a la autonomías para abrir los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual

De acuerdo con el plazo fijado por la propia ley del sí es sí, aprobada en 2022, estos comités de crisis debían estar operativos antes de finalizar este año 2023, pero la Comisión Europea ha aprobado una prórroga para ampliar el plazo hasta diciembre de 2024, ya que la mayoría de autonomías todavía no tenían listos estos centros. En principio debe haber uno por provincia, aunque tras la moratoria Canarias ha informado de que será un periodo válido para abrir hasta cinco centros en el archipiélago.

Por el momento, ya lo abierto sus puertas el centro de crisis 24 horas de Cantabria; Madrid y Asturias ya contaban con uno de estos centros y, próximamente, está previsto que también se pongan en funcionamiento los de Navarra o Aragón, entre los más avanzados. Preguntadas las altos cargos de Igualdad en agosto por estos centros, ya confirmaron que las autonomías no llegarían a tiempo pese al equipo contratado en el ministerio específicamente para interlocutar con las comunidades y acelerar la ejecución.

En este sentido, fuentes de Igualdad sí han apuntado a la agencia Ep que habrían preferido, como dijo en aquella ocasión Rosell, que los centros hubieran estado operativos este año, pero señalan que ha habido problemas, de «suministros, transportes y carestía» debido a la inflación y a la guerra de Ucrania, que han «justificado» que las comunidades hayan pedido «en cadena» esta prórroga.

Los centros de atención a víctimas de violencia sexual 24 horas atenderán a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado. Para acceder a ellos, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente.

De acuerdo con la información facilitada por Igualdad, el trabajo en estos centros, se adaptará a las demandas, tiempos y necesidades de las víctimas y las personas profesionales del centro tendrán formación especializada en género, enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad, violencia contra las mujeres, violencias sexuales, trauma, crisis y emergencia.

Desde 2021, se han transferido más de 83 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de estos centros de crisis. Se trata de una medida prevista en la inversión número 4 del Componente 22 del Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

Por otro lado, según han informado desde el ministerio que dirige Irene Montero, en la Conferencia Sectorial se ha informado también de la conclusiones hasta la fecha de los seis comités de crisis sobre violencia de género, con el fin de analizar las situaciones de cada caso en los momentos en los que se ha producido un repunte de feminicidios por violencia de género (cinco o más casos en el plazo de un mes). En dichos comités se han observado factores reiterativos que conviene trabajar: la mayoría de las mujeres asesinadas enfrentan situaciones de vulnerabilidad o se encuentran en riesgo y/o exclusión social; también se repiten los casos de mujeres inmigrantes; el conocimiento por parte del vecindario y de familiares de la situación de maltrato que padecían; y la necesidad de trabajar en coordinación con otros servicios del municipio, ya que se han detectado varios casos de víctimas que no acudieron a pedir ayuda a los servicios especializados, pero sí habían acudido a Servicios Sociales generales, que no consta que las derivaran a los especializados.

A diferencia de lo que se había propuesto en un principio, en el comité no se ha abordado la necesidad de implementar un Viogén a la europea, o un sistema de comunicación de los antecedentes penales de un maltratador de otro país en la tramitación del visado o de un permiso de estancia de larga duración para España.