Igualdad culpa a Justicia del incumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Así se desprende del Informe de Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022, que refleja el grado de cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, entregan este jueves el informe a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En concreto, el estudio revela que, de 290 medidas, un total de 190 se han cumplido, 85 están todavía en proceso, 9 están pendientes y 6 no son competencia de la Administración General del Estado. Esto supone que el 94,8% de las medidas están cumplidas o en proceso para poder ser alcanzadas, un porcentaje que aumenta hasta el 96,8% si se tienen en cuenta únicamente las medidas en las que es competente el Estado, frente a un 3,2% no cumplidas.

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Además, de los datos se desprende que hay 115 medidas más cumplidas que las que se habían alcanzado en la evaluación de 2019 realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y 42 medidas pendientes menos. En concreto, en 2019 se habían cumplido un total de 75, una cifra que aumenta hasta las 190 en 2022; y mientras que en 2019 había 51 pendientes, ahora son nueve.

Respecto de las que quedan pendientes, fuentes de Igualdad han atribuido a Justicia ocho de las nueve medidas que no se han cumplido y una a Salud.

Entre las que corresponderían a Justicia se encuentra la medida 106, que habla de suprimir el atenuante de confesión en los delitos de violencia de género -ya que, según fuentes de Igualdad, ha sido muy discutido por el feminismo que se haya aplicado este atenuante a algún agresor que más que confesar, parece que se jacta de lo que ha hecho-; y la medida 107, que consiste en suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género.

Según fuentes de Igualdad, la explicación que les ha dado el Ministerio de Justicia para no haber cumplido estas dos medidas es que requiere de la reforma del Código Penal y que esta no se ha llevado a cabo.

Otra de las medidas pendientes es la 119 que se refiere a introducir en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un listado no cerrado de criterios de referencia de la situación objeto de riesgo, para impedir que disminuyan las órdenes de protección. Según fuentes de Igualdad, es verdad que ha habido un anteproyecto de reforma de ley de enjuiciamiento criminal, pero esta medida no estaba incluida en el anteproyecto.

En el listado de las incumplidas, también se encuentra la medida 120 del pacto, que habla de eliminar la exigencia de fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia de género, concretándose las características de estas asociaciones a efectos de la eliminación de fianza.

Con la medida 126, también pendiente, se instaba a las autoridades a modificar el protocolo de actuación en materia de ejecución de penas, para que en el momento que se dicte sentencia condenatoria firme se inicie inmediatamente el cumplimiento de la pena de alejamiento, para «evitar los posibles periodos de desprotección, en los momentos en que las medidas cautelares ya no rigen porque hay sentencia firme, pero aún no se ha dado inicio a la ejecución de las penas de prohibición de acercamiento y comunicación del artículo 48 del Código Penal«.

Por su parte, la 145 plantea remitir las denuncias por comparecencias ante el juzgado y los partes de lesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes territorialmente para su anotación en VIOGEN; y la 151, habla de revisar la aplicación del artículo 40 de la ley de violencia de género, para contemplar la posibilidad de establecer, en los supuestos de quebrantamiento de condena, la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima.

Tampoco se ha cumplido la medida 206 que buscaba impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas con motivo de la exploración judicial de los menores.

En cuanto a la medida pendiente que depende de Salud, fuentes de Igualdad han explicado que se trata de la medida 190, que habla de trabajar con las Comunidades Autónomas, en el Consejo Interterritorial de Salud, para «incorporar en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud temas específicos sobre salud y género donde se incida especialmente en la detección precoz de la Violencia de Género».

Entre las medidas que no son competencia de la Administración General del Estado, destaca la medida 2, que se planteaba encomendar a la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que es competencia del Congreso de los Diputados, aunque las mismas fuentes de Igualdad han precisado que tampoco se ha cumplido.

Preguntados por el aumento de los asesinatos machistas en los últimos meses a pesar de este cumplimiento de más de un 94% de las medidas del pacto, fuentes de Igualdad lo han atribuido al «negacionismo social e institucional» que «abona el silencio de las víctimas» así como del «agresor potencial». En todo caso, han insistido en que hay «más medios que nunca» y «más denuncias que nunca».

Desde Igualdad también ha destacado los pasos que se han ido dando en los últimos años más allá del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como el plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027) que incorpora un catálogo de referencia con actuaciones que vincula a las comunidades autónomas.

En este sentido, han anunciado que desde Igualdad están trabajando en una aplicación informática para simplificar y mejorar la recogida de información de las CCAA que deben justificar en un plazo determinado en qué proyectos se han gastado los fondos recibidos.