El cardenal Angelo Becciu condenado a 5 años y 3 meses de prisión y prohibición de ejercer cargos públicos

Giuseppe Pignatone, presidente del tribunal civil del Vaticano formado por laicos, tardó 23 minutos en leer las condenas contra Becciu y otros nueve acusados. Entre todos suman 37 años de reclusión por estafas, malversación, autolavado de capitales y abuso de oficio.

Reciben penas de entre 5 y 7 años de cárcel todos los acusados de la llamada «banda de Sloane», funcionarios vaticanos e intermediarios que saquearon las arcas de la Secretaría de Estado con la compra de un edificio de lujo en Londres; multas de 1.750 euros los dos responsables del organismo de vigilancia, que según el tribunal omitieron sus obligaciones; y tres años y medio de cárcel la supuesta espía que estafó medio millón de euros al Vaticano. Además de cubrir los gastos del proceso, los condenados deberán responder a resarcimientos que suman más de trescientos sesenta y seis millones de euros.

Ha sido la primera vez que el tribunal civil del Estado Ciudad del Vaticano procesa a un cardenal, y puede decirse que independientemente de la condena, todas las partes han salido perdiendo. El proceso ha supuesto un daño reputacional enorme para el brazo operativo de la Santa Sede, la Secretaría de Estado, de la que Angelo Becciu fue número dos hasta 2018.

Durante las últimas semanas, el cardenal Angelo Becciu se hacía ver en los alrededores del Vaticano conduciendo un coche de hace 22 años modelo Mazda Demio, uno de los vehículos de menor valor en el mercado italiano. El purpurado quería mostrar que no se ha enriquecido con las operaciones por las que ahora se le condena.

«Ni he robado jamás, ni he mejorado mi posición económica», explicó en una reciente entrevista a la televisión pública italiana Rai, antes de conocer la sentencia. «Mi intención (en la gestión de los fondos) ha sido sólo crear una ventaja para la Santa Sede, hacer sólo el bien de la Santa Sede, si luego otras personas se han aprovechado, deberán responder ellas», aseguró entonces.

El tribunal no ha considerado relevante el hecho de que no se haya enriquecido. En un comunicado publicado tras la sentencia explicó que considera que cometió delito de «malversación de caudales públicos» pues «dispuso la entrega de doscientos millones de euros entre 2013 y 2014 a un fondo de alto riesgo con características altamente especulativas, que comportaban un gran riesgo para el inversor, quien tampoco podía controlar su gestión»; de esta forma «violó las disposiciones sobre administración de bienes eclesiásticos».

Asimismo, el tribunal lo condena por malversación pues envió 125.000 euros del Vaticano a una cooperativa social ligada a Caritas, que daba trabajo a jóvenes en paro, presidida por su hermano. «Aunque sea lícita la finalidad de las cantidades enviadas, se retiene 'uso ilícito', porque se considera que prima el interés privado en un acto oficial», explica el tribunal.

También lo condena por «estafa agravada» junto con Cecilia Marogna, pues ordenó entregar a la supuesta espía 570.000 euros «con la motivación no correspondiente a verdad de que utilizaría la suma para liberar a una monja, víctima de secuestro en África».

Lo cierto es que Becciu no tenía miedo al proceso y ha sido el único imputado que ha asistido a prácticamente todas las sesiones de este proceso interminable, que ha durado dos años y medio y que ha creado una enorme expectación. «Soy inocente y siempre he actuado de acuerdo con mis superiores», repetía insistentemente cuando se le preguntaba por lo ocurrido.

El caso estalló el 1 de octubre de 2019 cuando la Gendarmería Vaticana registró por orden del fiscal vaticano las oficinas de la Secretaría de Estado y de la «Autoridad de Información Financiera», el organismo de vigilancia sobre operaciones bancarias. Para hacerse cargo de la gravedad de la medida, era como si la policía registrase las oficinas de la Moncloa.

Un día más tarde, en todas las entradas del Vaticano los gendarmes tenían la foto de cinco empleados «implicados», a los que debían impedir terminantemente el acceso a sus oficinas. Uno de ellos era el ex secretario del cardenal Angelo Becciu, Mauro Carlino, que hoy ha sido declarado inocente.

La filtración de esas fotos a la prensa llevó el 14 de octubre a la dimisión del comandante general de la Gendarmería, Domenico Giani, primer alto cargo que se llevó por delante esta historia. A mediados de noviembre cayó el entonces presidente de la autoridad de vigilancia, René Brülhart y en enero, su número dos, el director Tommaso di Ruzza; aunque en sus casos con la excusa del vencimiento del contrato.

La cuarta persona que la investigación se llevó por delante fue el cardenal Angelo Becciu. En la tarde del 24 de septiembre de 2020 el purpurado sardo acudió a una reunión con el Papa y éste le comunicó que había perdido su confianza en él, que habían descubierto indicios de malversación, y que le retiraba los derechos ligados al cardenalato, incluida la posibilidad de participar en un cónclave. El gesto fue considerado ya una condena preventiva.

La fiscalía del Vaticano tardó más de un año y medio en aclarar el entramado de maniobras para saquear los fondos reservados de la Secretaría de Estado. Como resultado, el proceso se dividió en tres frentes. El más enrevesado era la inversión fraudulenta en el edificio en Londres para convertirlo en apartamentos de lujo.

La inversión estaba llena de desatinos y en ella el Vaticano perdió entre los años 2014 y 2019 al menos 139 millones de euros, aunque la cantidad podría llegar a 200. Primero se los llevaron con trampas y triquiñuelas mediadores con la complicidad de funcionarios corruptos: unos y otros cobraron comisiones millonarias y torearon a la Secretaría de Estado, que había pagado, pero no podía controlar la propiedad. Una vez que la obtuvo, el Vaticano descubrió que los vínculos locales impedían reestructurar el edificio comprado a un precio millonario y que además estaba hipotecado.

El segundo frente del proceso era el envío de fondos del Vaticano a instituciones de caridad ligadas al hermano del purpurado. Angelo Becciu ordenó personalmente transferir unos 125 mil euros a una cooperativa social de Cerdeña cuya panadería daba trabajo a jóvenes marginados. El dinero llevaba meses bloqueado en una cuenta que no era la oficial de Cáritas, y los magistrados sospecharon que se utilizaba para otros fines, extremo que no han podido demostrar.

El tercer entramado tenía tintes exóticos pues consistía en el acuerdo «secreto» con una supuesta mediadora de secuestros internacionales que aseguró que liberaría a la misionera colombiana Gloria Narváez secuestrada en Malí en 2017. Cecilia Marogna envió un correo electrónico al purpurado y éste aceptó recibirla y entregarle en varios pagos 575.000 euros, que ella gastó en productos de lujo.

El cardenal aseguró que la mujer le había engañado y él mismo ofreció a los gendarmes restituir la cantidad si no se daba a conocer lo sucedido. Pero al tribunal le ha extrañado que la supuesta «agente especial» haya seguido dejándose ver con Angelo Becciu y con sus familiares, y que el purpurado no la haya denunciado.

El proceso ha revelado que el saqueo de las arcas de la Secretaría de Estado es anterior a la llegada de Becciu y se remonta a 2004, pues uno de los acusados, Fabrizio Tirabassi, funcionario de la oficina que gestionaba los fondos reservados, recibió más de un millón y medio de dólares en operaciones sospechosas entre ese año y 2009. El delito ha prescrito y no puede ser perseguido.

La inversión en Londres se remonta a 2013, cuando Angelo Becciu, número dos de la Secretaría de Estado, decidió invertir 200 millones de euros de sus fondos reservados en la adquisición de la antigua sede de los grandes almacenes Harrods para transformarla en apartamentos de lujo. La compra se realiza entrando en el «Fondo Athena» de Raffaele Mincione, que le otorgó el 55% de la propiedad del inmueble.

Cinco años más tarde, al ver que no empezaban esas obras, Édgar Peña Parra, sucesor de Becciu en la Secretaría de Estado, decidió hacerse con la propiedad completa del edificio. Un amigo del Papa señaló al mediador Gianluigi Torzi para diseñar la operación.

El Vaticano se hizo con el edificio pagando el valor del 45% que no poseía más una comisión de unos 40 millones de euros. La compra se hizo creando un nuevo fondo con Torzi. Éste entregó al Vaticano 30 mil acciones de la sociedad propietaria del edificio, y se reservó las mil restantes. Una vez formalizada la operación, la Secretaría de Estado descubrió que sólo esas mil acciones tenían derecho a decisión y que las suyas no valían nada. El intermediario les solicitó hasta 23 millones de euros para cedérselas, cantidad que rebajaría más tarde a 15 millones.

Por si fuera poco, cuando la Secretaría de Estado pagó, descubrió que el edificio estaba hipotecado, y tuvieron que solicitar un préstamo al IOR, banco del Vaticano, para no perder la propiedad. Lo hicieron alegando «motivos institucionales». El director de esta entidad olfateó algo podrido y activó sus alarmas. Entonces comenzaron las investigaciones de la fiscalía que han concluido con la sentencia del sábado.

Como consecuencia de lo ocurrido, el Papa retiró hace años a la Secretaría de Estado la gestión de fondos reservados, que sumaban unos 600 millones de euros.

El momento más sorprendente del proceso fue el descubrimiento de la grabación de una conversación telefónica con el Papa, en la que el cardenal Angelo Becciu intentaba que reconociera su inocencia. El purpurado dice que se trataba de una grabación privada que no tenía intención de utilizar.

El proceso al cardenal y a los otros nueve acusados ha puesto de relieve las debilidades del sistema de justicia del Estado Ciudad del Vaticano. La más relevante es que sus jueces y fiscales trabajan «part time» en el Vaticano y ejercen como jueces o abogados en Italia, elemento susceptible de crear conflictos de intereses

Por otro lado, los abogados defensores lamentaron que, durante la investigación previa al proceso judicial, el Papa emanó cuatro decretos que cambiaron las reglas del juego, pues dieron los instrumentos al fiscal para interceptar llamadas o suspender la confidencialidad de documentos del Vaticano. Para el fiscal general del Vaticano, Alessandro Diddi, lo importante era determinar si se cometió o no delito. Esos decretos «tenían la función de regular actividades que no estaban disciplinadas hasta entonces» y «la idea era dar garantías» a los sospechosos interceptados o vigilados, explicó Diddi.

Curiosamente, el presidente de la Corte de apelación que deberá estudiar el recurso de Becciu es el toledano Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana. En sus manos estará tanto la posibilidad de que el cardenal sardo vaya a la cárcel, como la de que participe en un futuro cónclave.