La ministra de Educación, Isabel Celaá
La ministra de Educación, Isabel Celaá - ABC

Ciudadanos forzará a Celaá a explicar el acoso a la concertada

Registrará una petición para obligarla a comparecer en el Congreso

MadridActualizado:

La nueva vuelta de tuerca a la concertada, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez podría obligar a la ministra de Educación, Isabel Celaá, a tener que comparecer en el Congreso. Tras descubrir los colegios que Hacienda vigila de cerca a los padres que tienen hijos en la concertada, para asegurarse de que no desgravan las cuotas que pagan cada mes, Ciudadanos se ha hecho eco de esta denuncia y ha decidido llevar esta polémica al Parlamento.

La formación naranja va a registrar en el Congreso una petición de comparecencia en el Congreso, a la que ha tenido acceso ABC, en la que pide que la ministra de Educación explique «cómo piensa acabar con la infrafinanciación de la escuela concertada, sin trasladar más costes a las familias con hijos en colegios concertados».

Esta ofensiva a favor de la concertada se va a completar con la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) para «evitar que el Gobierno eleve la presión fiscal sobre la clase media y trabajadora en relación con las deducciones del IRPF en centros concertados».

Fiscalidad

En la exposición de motivos, Ciudadanos señala que la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación, o la ampliación de la interpretación restrictiva de determinados donativos a los realizados a fundaciones vinculadas con escuelas concertadas. Ello implicaría que las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse donaciones a efectos fiscales.

Ahora, el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros abonados y un 30% para el resto. Para un pago anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF sería de 367 euros por hijo y año. Si hubiera una declaración complementaria, Hacienda podría reclamar los cuatro años no prescritos, lo que podría suponer en torno a 1.500 euros por hijo y año. Esta incertidumbre fiscal pende sobre más de 1 millón de familias.

En la PNL piden que este cambio de criterio no tengan carácter retroactivo; que se garantice que los padres de la concertada «no tengan que pagar más cuotas que las voluntarias», que se convoque la Mesa Sectorial de Negociación de la concertada para «despejar incertidumbres» y que se concentren la lucha contra el fraude «en las sociedades interpuestas o en las facturas falsas».

Finalmente, quiere equiparar la cuantía de los módulos de la pública y la concertada.