El colapso en los juzgados de Utrera hace que prescriba una importante estafa

El pasado 24 de junio se declaró el archivo de la citada estafa «por prescripción de los delitos por los que fueron acusados» los responsables del fraude, ya que el juzgado tomó su última medida contra los imputados el 29 de mayo de 2006 y ya no volvió a dirigirse contra ellos hasta el 8 de abril de 2010. El delito prescribía en el plazo de tres años si desde la imputación no se volvía a tomar ninguna diligencia contra los investigados. Como pasaron casi cuatro años, los autores de la estafa esgrimieron esta circunstancia en el juzgado de lo Penal de Sevilla en el que se ha celebrado el juicio. Y han ganado. Su fraude quedará impune como consecuencia de la imposibilidad de los jueces utreranos de sacar adelante toda la carga de trabajo que soportan.

La fiscal del área de Dos Hermanas, María Ángeles Calvo , que es la que tiene competencias en ese partido judicial, llegó a denunciar en un escrito ante el TSJA que «en Utrera no hay tutela judicial efectiva» . Los números la avalan. Y el propio Defensor del Pueblo se ha hecho eco de ellos asegurando que las razones del retraso en la instrucción de las causas «radican en múltiples factores que van desde una desproporción entre el volumen de trabajo que se asume al ascaso personal que hay».

Este partido judicial atiende a un núcleo de población formado por más de 98.000 personas , ya que abarca Utrera, Los Palacios, Los Molares y El Coronil. Sin embargo, hay apenas cuatro juzgados, un dato al que el Defensor del Pueblo suma «la insuficiencia de las plantillas de funcionarios , constantemente necesitadas de refuerzos o apoyos; la falta de estabilidad de los mismos, que ha generado períodos dilatados de vacancia, no atendidos con la deseable presteza, unida a una deficiente preparación de los funcionarios interinos nombrados para cubrir las vacantes; la frecuente rotación de jueces y secretarios; y el ingente número de asuntos pendientes , consecuencia de una elevada carga de trabajo, que desborda la capacidad de tramitación de las secciones tanto civiles como penales».

El informe del TSJA sostiene que en 2008 los juzgados de Utrera ya tenían que hacer frente a más de 4.000 causas abiertas en la vía penal y otras tantas en la civil. Desde entonces, la situación ha empeorado. En el último recuento realizado había 9.315 causas civiles y 3.138 penales pendientes de resolución . Ante estos datos, un grupo de abogados y procuradores utreranos encabezados por el letrado José Rojas envió una queja a la Comisión Europea para denunciar que «la actual situación de colapso, atrasos injustificados, déficits funcionariales y falta de continuidad del personal determinan que no exista Justicia en Utrera», algo que consideran «una quiebra más que fraudulenta del Estado de Derecho » en esta ciudad.