La Puebla del Río: El alcalde, imputado por usar el móvil del Ayuntamiento para llamar a una amiga y falsificar las facturas
Malversación, falsedad, ocultación y prevaricación son los delitos que se le imputan y por los que declarará el día 21 junto con el edil acusado de falsificar los datos
SEVILLA. El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Coria del Río, cuya titular es Nuria Marín Alvarez, ha admitido a trámite una querella de IU y el Partido Independiente de la Puebla del Río contra el actual alcalde de esta localidad, el ... socialista Julio Alvarez González, y el concejal Juan Carlos Benítez Martín por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, ocultación de datos y prevaricación.
El juzgado, además de admitir la citada denuncia, que fue presentada por el letrado Emilio Lechuga, ha citado a declarar a ambos como imputados para el próximo día 21. ¿La causa de esta citación? el uso que del teléfono móvil del Ayuntamiento hizo el alcalde para llamar a una amiga, mandarle mensajes de madrugada, a líneas eróticas y la falsificación de las facturas por un concejal para que la oposición no se diera cuenta.
La historia se remonta a julio de 1999, cuando Julio Alvarez, del PSOE (representado con 10 concejales), tomó posesión como alcalde y nombró a Juan Carlos Benítez Martín concejal delegado de obras y servicios.
Un teléfono para cada concejal
Nada más ocupar el sillón municipal, el primer edil decidió dotar de un teléfono movil «con cargo a los fondos de las arcas públicas municipales» a todos y cada uno de los concejales de dicho equipo de Gobierno para su utilización en sus funciones como tales (ampliando así el número de estos aparatos ya que, en la anterior legislatura, sólo disponían de celular el alcalde y el jefe de obras).
Así, el teléfono móvil que fue asignado al alcalde fue el 670 24 1088. Sin embargo, poco después los concejales de IU (actualmente uno) y los Independientes (6), observaron que el gasto de estos teléfonos era «desproporcionado». Por ello los ediles José González Arteaga (Independientes de la Puebla del Río) y Antonio Garrido (representante de Izquierda Unida) solicitaron al alcalde que le facilitara todas las facturas detalladas desde el 1 de agosto de 1999 con información detallada. Concretamente pedían el número desde el que se realizaba la llamada, la duración de la misma, la hora y el importe.
Para ello, el concejal de IU, en abril de 2001, solicitó la citada información en un escrito al que el alcalde contestó asegurando que ya había dado orden a los servicios económicos del Ayuntamiento. Así el personal de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento realizaron las fotocopias que le exhibieron al representante de IU.
Fue entonces cuando el portavoz de esta formación detectó «ciertas irregularidades mecanográficas» en las fotocopias de las facturas que le indujeron a pensar que estaban manipuladas.
Así, tras varias peticiones denegadas, el interventor y el tesorero del Ayuntamiento emitieron un informe en julio de 2001 donde se detallaban todos los pormenores y en los que se afimaba que «las copias hechas de las facturas han sido objeto de manipulación, falseándose datos relativos a números de abonados destinatarios de las llamadas que están perfectamente detectadas». El informe aseguraba también que la constancia de la falsedad no se basaba sólo en las pruebas documentales, sino también en las declaraciones hechas por el concejal delegado Juan Carlos Benítez ante los funcionarios reconociendo que «el mismo las había falsificado».
Posteriormente, tras solicitar los dos concejales en reiteradas ocasiones que se les mostraran las facturas verdaderas, fue en diciembre de 2001 cuando tuvieron acceso a la verdadera documentación, comprobando que el alcalde «gastaba unas cantidades escandalosas de dinero en llamadas a dos teléfonos particulares, ambos pertenecientes a A.F.G.» con quien, según la querella, «mantiene, o al menos mantuvo, relaciones».
En este sentido, según acreditó la Tesorería del Ayuntamiento, el alcalde utilizó con fines privados el móvil del Ayuntamiento y gastó con cargo a las arcas municipales en llamdas privadas y particulares a los dos teléfonos de su amiga entre los meses de septiembre de 1999 y febrero de 2001 (17 meses) 6.230,82 euros (una media de unos 366 euros al mes).
A su amiga y al teléfono erótico
Además, según la querella de IU y los Independientes, el uso del móvil era «fundamentalmente privado» puesto que en el año 1999, el 77 por ciento de la facturación del telefóno era por llamadas a su amiga, en 2000, el porcentaje fue del 74 por ciento y en los meses comprobados de 2001 volvió al 77.
Así, hubo días en los que el alcalde la llamó 25 veces o también le mandó mensajes en horas nocturnas. Además el primer edil usó el citado teléfono para llamar en varias ocasiones a líneas eróticas, unas veces de madrugada, otras por la mañana y otras después de comer.
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