La Guardia Civil investiga el trucaje masivo de contadores de la luz en el Aljarafe

El grupo de investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor está llevando a cabo una investigación sobre la manipulación de los contadores de la luz con epicentro en el Aljarafe sevillano. Por ahora han confirmado la denuncia a medio centenar de personas, vinculadas a 60 viviendas ubicadas en las localidades de Pilas, Huévar del Aljarafe, Benacazón y Aznalcázar. Los denunciados, ahora investigados, habrían pagado para que les manipularan los contadores alterando la potencia contratada o los datos de consumo.

Pero también hay quien decidió engancharse de manera ilegal a la red para que el coste final fuera cero o porque no podía darse de alta en el servicio. Aquí los agentes se han topado con familias que habían ocupado las casas.

La investigación del Instituto Armado está en pleno curso. Los agentes se centran ahora en identificar a los responsables materiales de la manipulación de los contadores. «Los investigados aceptaban el ofrecimiento de ciertas personas, que a cambio de dinero, les daba la posibilidad de una forma de abaratar el coste por el suministro eléctrico, siendo esto completamente ilegal», señalan desde la Guardia Civil.

Esa operación, la de cómo manipular un contador, está al alcance de un simple «click» . En internet hay páginas con tutoriales donde se explica cómo alterar estos dispositivos. También se encuentra en la red tarifas de entre 150 y 300 euros por hacer ese trabajo ilegal. Fuentes consultadas por este periódico confirman que hay electricistas que se ofrecen por menos de 100 euros en el mercado sevillano. No se requiere de un gran conocimiento en electricidad para llevar a cabo esa «chapuza», sólo estar dispuesto a hacerlo, señalan las mismas fuentes. Esas «chapuzas» suponen un peligro para las edificaciones, advierten desde la Guardia Civil, porque pueden provocar averías eléctricas que incendien el contador y desemboquen en problemas mayores.

Son las compañías eléctricas las que alertan a los cuerpos policiales cuando detectan un desfase importante entre los consumos declarados, por ejemplo, en una misma zona donde los equipamientos eléctricos y los perfiles de consumidores son similares.

Estos amaños pueden ser constitutivos de delito de defraudación de fluido eléctrico que está castigado con pena de multa de tres a doce meses. Además, la compañía puede reclamar el consumo no contabilizado con multas de 1.500 euros, tomando como estimación un número determinado de horas de consumo al día durante un año.

La otra cara de la moneda la representan usuarios que han llevado a los tribunales a las compañías eléctricas por haberles acusado de haber manipulado el contador, haberles cobrado la sanción y después pudieron demostrar que nunca habían tocado los dispositivos.

La organización de consumidores OCU lanzó hace dos años una campaña de información sobre cómo plantear una demanda si no se está de acuerdo con la sanción. Algunos tribunales han dictado a favor de los clientes apelando a la falta de pruebas de que la manipulación fuera obra de los usuarios o que las inspecciones realizadas para comprobar el trucaje de los contadores no se realizaron en presencia de los afectados.