La Junta pagará 2,3 millones de euros a la UTE del tranvía de Alcalá de Guadaíra por resolver el contrato

En rueda de prensa, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo , advierte de que el pago de esta indemnización supone el «enfrentarse de nuevo a otro de los socavones dejados por el gobierno socialista» y teme que «no sea el último».

Con fecha 2 de marzo de 2018 la Agencia de obra Pública de la Junta procedió a la s uspensión temporal total de la obra y el 16 de noviembre de ese mismo año, la UTE solicitó la resolución del contrato al amparo de la ley de contratos del sector público.

La decisión del anterior Gobierno de la Junta obliga ahora a resolver dicho contrato y a liquidar la obra, para lo que se pagará 741.503 euros, más 1.377.760 euros por la revisión de precios y una indemnización por lucro cesante de 236.144 euros.

La intención de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es resolver el contrato, a petición de la empresa tras el parón de más de ocho meses, e impulsar esta infraestructura.

En total, 2,3 millones de euros que el nuevo Ejecutivo andaluz pagará para poder avanzar en este proyecto , que enlaza la línea 1 del Metro de Sevilla con el casco urbano de Alcalá de Guadaíra.

Para ello, los presupuestos andaluces de 2020 destinan 10,4 millones al tranvía de Alcalá de Guadaíra que servirán para pagar lo que se debe a la UTE constructora y para poner en marcha medidas de emergencia.

El objetivo es reparar todo lo dañado tras estos años de abandono y reforzar las medidas de vigilancia para que no se vuelvan a producir actos vandálicos ni robos.

Al mismo tiempo, la Consejería sigue trabajando con la Unión Europea para justificar la viabilidad del proyecto y poder mantener la financiación comunitaria.

Los antecedentes de esta infraestructuras se remontan a cuando la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (ahora AOPJA) y la UTE Martín Casillas-Comsa formalizaron un contrato por 31 millones y un plazo de ejecución de 20 meses.

Debido a los cambios sucesivos de disponibilidad presupuestaria en la Consejería, se aprobó la suspensión temporal de las obras con fecha diciembre de 2011, para levantarla posteriormente en 2015.

Tras varias adendas desde esa fecha y hasta el 2 de marzo de 2018 en que se suspendió temporalmente el contrato , con un importe ejecutado hasta ese momento de 27.664.415, lo que representa una ejecución del 82,87% y un porcentaje sobre el proyecto modificado número dos (sin talleres y cocheras) del 99,79%.

El 16 de noviembre de 2018 la empresa contratista insta la resolución del contrato de obra, lo que conllevó la suspensión del contrato durante más de ocho meses.