Ofensiva de las VTC para que el nuevo Gobierno andaluz liberalice el sector

Quedan poco más de tres meses hasta el 30 de septiembre, fecha límite para que las comunidades autónomas regulen el sector. El llamado «decreto Ábalos» , aprobado por el anterior ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estableció una moratoria de cuatro años, a partir de 2018, para que las autonomías tomaran cartas en el asunto y establecieran sus propias leyes y reglamentos sobre la actividad que desarrollan las VTC, un servicio de transporte cada vez más extendido en las grandes ciudades que funciona siempre con precontrato . Es decir, el usuario tiene que solicitarlo con antelación y el conductor no puede ofrecerse fuera de su base de parada libremente como sí pueden hacerlo los taxis convencionales.

Los taxistas están en alerta después de que la comunidad de Madrid , presidida por la «popular» Isabel Díaz Ayuso, haya dado el primer paso sacando adelante la primera y, hasta el momento, única Ley autonómica de VTC, que mantiene y liberaliza el servicio, lo que permite a los dueños de las licencias seguir trabajando en los núcleos urbanos. A partir de aquí, Madrid en próximos meses, tendrá que aprobar un reglamento en el que se detallará cómo se aplica la Ley y se establecerá el régimen sancionador. Ninguna otra comunidad autónoma, pese a que han pasado ya cuatro años del «decreto Ábalos», ha hecho sus deberes. Tampoco Andalucía.

La consejería de Fomento, que hasta ahora ha estado dirigida por Marifrán Carazo, ha defendido una posición que devuelve al Gobierno central la pelota bajo la premisa de que este sector empresarial debe estar sujeto a una sola regulación estatal. ¿Qué pasará ahora con el nuevo Ejecutivo que nombre Juanma Moreno? ¿Seguirá los pasos de Madrid, como ha anunciado que hará en el terreno fiscal, y liberalizará las VTC?

Lo que parece claro es que urge alguna salida, si no se prorroga la moratoria, como están solicitando algunas comunidades autónomas como Cataluña. No hacer nada dejaría a más de 3.200 dueños de licencias de VTC en Andalucía y a 8.000 conductores en una gran incertidumbre puesto que el 1 de octubre las VTC tendrían que dejar de prestar servicios urbanos, que aportan más del 95% de su trabajo, según estima Andeval.

Esta Asociación Andaluza de Alquiler de Vehículos VTC agrupa a más del 80% de las licencias activas que contratan con las plataformas Uber y Cabify . Su presidente, Ignacio Manzano , asevera que «las ciudades más dinámicas y que quieren atraer un turismo de calidad necesitan esta oferta de transporte». Y esgrime la encuesta de Metroscopia según la cual, el 85% de los andaluces quiere que la Junta garantice la continuidad de las VTC con una regulación autonómica propia. Un sondeo que ahonda en la adscripción política de los 1.500 encuestados para señalar que la inmensa mayoría de los votantes de Vox (88%), Ciudadanos y PSOE (87%), Por Andalucía (85%) y PP (83%) estarían de acuerdo en una Ley autonómica.

Por su parte, el sector del taxi se queja de que durante estos cuatro años de convivencia entre ambos servicios de transporte «se ha dejado sin control alguno ni sanciones a las VTC». Rafael Baena, presidente de la asociación Elite Taxi , confirma que los responsables del Ejecutivo andaluz «quieren devolver el tema al Gobierno central» y señala que muchos conductores de VTC vulneran la Ley y prestan servicios urbanos sin precontrato con el consentimiento de la administración.