Juan Bravo: «Es vital hacer una gestión ágil de los fondos europeos»

¿Qué potencial inmediato tendrá la financiación de la UE para acelerar la transición?

El 37% del mecanismo de Recuperación está orientado a facilitar la transición climática y ello nos abre inmensas oportunidades. Un ejemplo: la UE quiere mejorar la eficiencia energética en más de 37 millones de edificios, como una parte esencial para lograr el objetivo de «cero emisiones» en 2050. La Agencia Andaluza de la Energía tiene experiencia en liderar este tipo de programas y tenemos que aprovecharlo porque la rehabilitación crea empleo local y genera demanda para proveedores andaluces. Nos permitirá modernizar hospitales y así como regenerar ámbitos urbanos deteriorados. De manera inmediata, de los fondos React Eu (de los que a Andalucía le corresponden 1.881 millones de euros), más de 300 millones van a orientarse a eficiencia, transición energética y ayudas a empresas, una parte de manera directa y otra a través del Banco Europeo de Inversiones.

La Junta ha sido pionera en hacer el presupuesto «verde», que mide el impacto de las diferentes políticas en el medio ambiente. ¿Tendrán repercusiones prácticas?

Los grandes bancos y fondos de inversión ya están asignando una parte relevante de su capital a proyectos que están alineados con la lucha contra el cambio climático. Andalucía, que ha demostrado ya la solvencia y el equilibrio necesario para volver a los mercados, captará financiación de bonos verdes, y esto exige un compromiso claro con la sostenibilidad que nos obliga a medir nuestras políticas. En este momento ya extraemos 80 indicadores que evalúan la incidencia medioambiental e iremos incorporando más. Hemos creado además un fondo, dotado con un millón de euros, al que concurren proyectos promovidos desde las diferentes consejerías y entidades del sector público que contribuyan a cumplir estos objetivos ambientales.

Parte del plan de recuperación europeo debe financiarse con una nueva fiscalidad verde. ¿Se plantea crear nuevos tributos?

Lo primero que hemos hecho es firmar un acuerdo con la Universidad para analizar todas las opciones que tenemos. Considero, como principio general, que debe existir primero una gran coordinación entre los distintos Gobiernos de la UE y después entre todas las Comunidades Autónomas españolas para que el despliegue de esta nueva fiscalidad verde responda a criterios comunes. En este momento solo en España hay más de setenta impuestos medioambientales y varían mucho de una autonomía a otra, lo cual les resta eficacia y añade confusión en el propio sector empresarial, lo que al final complica su cumplimiento.

¿Hay un margen recaudatorio importante en esta fiscalidad verde?

La recaudación no es el principal objetivo de esta fiscalidad, sino crear incentivos que reduzcan las prácticas que son lesivas para el medio ambiente. Deben responder al principio de que quien contamina paga, que en casos como el cobro por los derechos de emisión de CO2 han tenido un claro impacto positivo. Se deben complementar con incentivos positivos, que abaraten y estimulen el uso de tecnologías renovables para empresas y ciudadanos. La matriculación de un vehículo eléctrico es gratis y en Andalucía, por ejemplo, hemos extendido este beneficio a quien compra un coche de estas características de segunda mano, reduciendo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

¿Hay una coordinación adecuada con el Gobierno de España para activar los planes de recuperación?

La relación con la ministra de Transición Ecológica y con la secretaria de Estado de Energía es buena y constructiva. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas somos conscientes de la gran oportunidad que tenemos y del desafío que supondrá la gestión de los fondos. Dicho esto, es vital realizar el mayor esfuerzo por agilizar la llegada de los fondos, ya que se hizo una previsión muy ambiciosa en los Presupuestos Generales del Estado pero aún no se ha invertido nada. La Junta, dentro de los fondos sobre los que tiene una responsabilidad directa, acelerará su utilización al máximo.

Junto a la fiscalidad, ¿qué más se debe hacer para impulsar el coche eléctrico?

La Agencia de la Energía ha hecho un buen aprovechamiento de los fondos para estimular la compra de vehículos eléctricos y en 2021 habrá 70 millones de euros de los fondos europeos para ello, según nos ha comunicado el Ministerio. Junto a ello, hay grandes empresas que han presentado proyectos a los fondos europeos para desplegar una red tupida y potente de electrolineras que conecte a toda la región y amplíe el mercado de estos vehículos.

El primer proyecto europeo en España será una fábrica de baterías en Mataró. ¿Se podría hacer algo similar en Andalucía?

Nos hemos reunido con promotores de fábricas de baterías pero nos han manifestado que lo más competitivo es ubicarlas junto a una planta de automóviles, algo de lo que carecemos en Andalucía. Nosotros debemos pelear por todo aquello que tiene sentido en nuestra región, y un ejemplo es la biomasa, de la que hay una cuota muy pequeña en las subastas renovables. En provincias como Jaén, con una superficie olivarera notable, hay que medir no solo el coste de la producción de energía, sino el empleo que mueven tanto directo como indirecto, el ahorro que genera en la conservación de espacios naturales y los problemas que resuelve en la gestión de residuos y subproductos…

Y junto a la biomasa, ¿en qué otros ámbitos hay potencial?

Somos el territorio con mayor radiación solar de Europa, con lo cual es lógico que haya un gran desarrollo de plantas fotovoltaicas. Estos nuevos parques deben ser la palanca para crear un desarrollo industrial en torno al almacenamiento energético y el impulso de nuevos vectores, como el hidrógeno, en el que hay proyectos muy relevantes. La industria radicada en Andalucía está integrando todas estas nuevas tecnologías para reducir su factura energética, lo cual también es un acicate para este sector. Hay 1.500 empresas en el ámbito de las renovables en Andalucía que crean 51.000 empleos, y estamos en un escenario en el que pueden crecer y capacitarse más. Y hay terrenos que están por explorar en Andalucía pero en el que existe gran potencial, como la eólica marina, con un impacto relevante en los astilleros de Cádiz y en las industrias del Puerto de Sevilla.

En septiembre la Junta integró una parte de las competencias de su consejería en el Comisionado del Cambio Climático. ¿Cómo está funcionando el modelo?

El presidente de la Junta hizo una remodelación para dar respuesta a las prioridades del plan de recuperación, que primaba la transición ecológica y la digital. En el primer caso, el papel del comisionado es coordinar la actuación de las consejerías con competencias en energía y medioambiente para que todos los proyectos de inversión viables marchen a la velocidad adecuada, y todo ello bajo la directa supervisión del propio presidente, lo cual revela la enorme importancia que se le otorga a este aspecto. En el caso de la digitalización se fusionaron las competencias en política digital dispersas en distintas consejerías para crear sinergias e impulsar una única agencia capaz de aprovechar todas las oportunidades que llegarán en este ámbito.