La Intervención del Estado no detecta favoritismos en Aznalcóllar

En un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, este órgano de control responde a todos los puntos que planteó la Audiencia de Sevilla en la reapertura de este caso. Una de estas cuestiones era la propia naturaleza de la relación entre Magtel y Grupo México, ganadores del concurso.

Validando las tesis de los perdedores, la Audiencia argumentaba que el único licitador era Magtel (Minorbis), mientras que grupo México se incorporó con retraso y de forma poco clara. Sin embargo, desde el inicio del concurso, y según la documentación que se exigió a las propias compañías, «la Junta de Andalucía consideró a Magtel (Minorbis) como licitadora y al Grupo México como una entidad que aportaba solvencia». Esta interpretación «no es contraria» a la Ley de Contratos del Sector Público . Ambas acreditaron de forma correcta su solvencia.

Si se analiza en profundidad cómo fueron las bases de este concurso, aunque existen algunas deficiencias, se trata de detalles «relativamente habituales en los procesos ordinarios de contratación pública y no se aprecia el incumplimiento del principio de igualdad de trato entre las administraciones licitadoras».

Y en cuanto a la toma de decisiones de la mesa técnica y la mesa del concurso que determinaron al ganador, «se concluye que la valoración efectuada por ambos, y sin perjuicio de la existencia de las debilidades apreciadas en el proceso, debe considerarse razonablemente justificada y ajustada al marco normativo que la regulaba, sin apreciarse distorsiones o defectos que puedan considerarse que hayan afectado negativamente al procedimiento». Y en este sentido, las posibles deficiencias que se hayan producido «no generan perjuicios ni beneficios relevantes a favor de uno u otro licitador».

Otra de las tesis de la Audiencia de Sevilla es que el ganador constituyó una nueva sociedad (Minera Los Frailes) para aceptar la adjudicación, en vez de asumirla directamente. La Intervención General del Estado recuerda que Minorbis «en la documentación que presentó para participar en el concurso, incluye expresamente la previsión de constituir una sociedad de propósito específico para hacerse con la titularidad de la concesión», en la que participarían tanto Minorbis como Grupo México.

Aunque es una cuestión que debe ser dirimida en la Justicia contencioso administrativa, «se considera razonablemente justificada la interpretación consistente en entender que sea esta sociedad de propósito específico, y no la entidad adjudicataria, la que acepte formalmente la adjudicación de la concesión minera , de forma que con ello se garantice que dicha sociedad sea titular de la concesión desde el primer momento».

Los interventores indican que como en Minera los Frailes el accionista mayoritario es Grupo México (y no Minorbis como licitador), deberían haber recibido una autorización previa de la Administración, por entenderse que resulta asimilable a una cesión del contrato o concesión.

El informe de la Intervención General del Estado se añade al del atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desactivó las principales acusaciones que pesan sobre la Junta de Andalucía y la alianza empresarial entre Grupo México y Minorbis-Magtel en el caso Aznalcóllar. Tras analizar los miles de correos que se cruzaron los miembros de la Mesa del Concurso y del Comité Técnico (que designaron al ganador del concurso de los derechos sobre la mina sevillana), la UCO no detectó ninguna comunicación o documento que permita inferir «la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una de las empresas licitantes». Se analizaron casi 125.000 e-mails.