Ditecsa estudia la modificación de su convenio de acreedores por el Covid-19

El convenio de acreedores firmado hace un año supuso una quita del 50% de la deuda, acordando el pago en siete años, con un año de carencia. Tras el convenio, Ditecsa debía 14,1 millones de euros a acreedores comerciales (5,4 millones), bancos (3,5) y administraciones públicas (5,4). Entre los acreedores figura un pool de bancos integrado por Santander, Bankia, TargoBank, Bankinter, Cajamar y BBVA, entre otros.

Según el escrito presentado por Ditecsa en el Juzgado Mercantil y al que ha tenido acceso ABC, la empresa asegura que hasta la fecha ha cumplido puntualmente con las obligaciones asumidas en el convenio, en particular al pago de créditos contra la masa (surgidos a raíz de la presentación del concurso) y que han ascendido a más de 8,7 millones de euros. De esa cantidad, Ditecsa ha pagado ya 1,9 millones a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal Tributaria tras acuerdos alcanzados con esos acreedores con privilegios especiales.

Destaca la empresa que «viene desarrollando su actividad empresarial ordinaria» y que «está al día en el pago a proveedores y trabajadores». Hace también hincapié en que aplicado un drástico plan de reducción de costes, lo que ha supuesto el cierre de oficinas o el traslado de delegaciones, entre otras cosas. En ese sentido, Ditecsa ha dejado sus instalaciones en la Zona de Actuación Logística (ZAL) del Puerto de Sevilla para trasladar sus oficinas a los talleres que sigue teniendo en Dos Hermanas. Además, vendió su filial de Ecuador y Colombia, y está liquidando las de México, Alemania y Filandia . Su filial británica mantiene un pleito con Siro de 16 millones de libras esterlinas. Como consecuencia de este plan de ajuste, la compañía afirma que sus costes generales han pasado de los 2,9 millones de 2018 y los 1,5 millones de 2019 a 1,2 millones este año, estando previsto que se queden en 0,9 millones el próximo año.

Ditecsa explica al juez que a pesar de la buena evolución que mantenía la empresa hasta el 14 de marzo, sus planes se truncaron con el estado de alarma, ya que la crisis ha tocado al sector de la ingeniería industrial, sufriendo falta de suministro de materiales y ralentizándose los trabajos para evitar contagios por Covid-19. «Muchos de los contratos que se vieron paralizados no han sido reactivados aún y los que se han podido reactivar lo han hecho a un volumen sensiblemente inferior a la situación previa», explica la empresa de Madariaga, que destaca que esa circunstancia ha supuesto un duro golpe para una compañía que acababa de salir del concurso, «con unos recursos y una financiación a corto plazo muy limitada». Además, al estar en convenio de acreedores, Ditecsa tampoco ha podido accesar a las líneas del ICO para paliar las consecuencias del Covid-19 en las empresas.

Aunque ha perdido contratos y otros se han reducido, afectando al 52% de su facturación , Ditecsa ha comunicado al Juzgado que tiene pendientes de adjudicar contratos por 20,61 millones de euros y otros en estudio por valor de 75 millones. Subraya que tiene una facturación contratada de 12,4 millones de euros y una plantilla de 350 empleados en Huelva, Sevilla y Cádiz. Tiene una cartera de 23 clientes, entre ellos Navantia, Matsa, Draca Allmineral, Crown Packaing, Cementos Portland...

Ditecsa, que tenía el pasado año 670 empleados, cerró 2019 con una facturación de 32,1 millones de euros. Este año prevé ingresar 18,8 millones, con un margen operativo de 8,15% frente al 3,93% de 2019. En 2019 registró un ebitda negativo de 2 millones y este año prevé alcanzar un resultado positivo de 185.000 euros.

Madariaga, dueño de Ditecsa a través de la firma Madarias Inversiones , afirma que la compañía es viables, pero ante la actual situación «resulta esencial la protección de la actividad» para garantizar su viabiabilidad a corto y medio plazo, por lo que explica «el más elemento deber de diligencia impone a Ditecsa no afrontar el cumplimiento del próximo hito de pago recogido en el convenio, previsto inicialmente para el próximo mes de junio, hasta que se reestablezca plenamente la actividad de la compañía, cesen los efectos procesales y sustantivos del estado de alarma».

Lo primero que hará Ditecsa ahora es revisar su plan de viabilidad «para tomar conocimiento del grado de afectación del mismo por esta grave crisis» y «que pueda servir, en su momento, de una modificación del actual convenio de acreedores» -acogiéndose al Real Decreto Ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia -, así como a cualquier otra alternativa legal que se pueda aprobar en un futuro».

En condiciones normales, no afrontar el primer pago de un convenio hubiera supuesto para Ditecsa la obligación de pedir la liquidación, pero con el Real Decreto Ley 16/2020 tendrá un año a contar desde la declaración del estado de alarma para presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.

Una de las cuestiones que valorará ese plan será el impacto en sus ingresos de la decisión de muchas empresas de posponer las paradas técnicas que normalmente hacían en verano para sustituir piezas o hacer trabajos de mantenimiento, en lo que está especializado Ditecsa.