Coronavirus: Piden ayudas por el Covid-19 para las empresas que cumplen los convenios de acreedores

«Ante esta situación, en las distintas ayudas aprobadas por los diferentes gobiernos, tanto central como autonómico, se han olvidado por completo de estas empresas. Una de las medidas estrella del ejecutivo nacional para dotar de liquidez a las empresas, ha sido la línea de avales del ICO por importe de 100.000 millones de euros, de los que se han aprobado los dos primeros tramos de 20.000 millones cada uno. Dichas ayudas excluyen expresamente a las empresas que se encuentran en concurso de acreedores , sin distinguir entre aquellas que se encuentran en fase común, fase de liquidación y fase de convenio, cuyas realidades son radicalmente opuestas», ha declarado Francisco Tato Jiménez, decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla.

«Una empresa en la que haya adquirido eficacia un convenio se encuentra en plena actividad y con un plan de pagos aprobado judicialmente, al igual que cualquiera otra empresa que haya restructurado su deuda a través de los institutos preconcursales, como un acuerdo de refinanciación o acuerdo extrajudicial de pagos, las cuales si podrán beneficiarse de estos avales. Es más, estas empresas en convenio, podrán beneficiarse de subvenciones conforme a los establecido en la Ley 38/2003 de subvenciones conforme a su artículo 13, sin embargo son excluidas ahora que es cuando más lo necesitan», añade Tato.

«De igual forma la línea de liquidez de la Junta de Andalucía en unión con Garántia SGR, ha dejado fuera de estos avales a las empresas en concurso , pero incluso ha dado un paso más en la exclusión, y es no permitir el acceso a estas ayudas a las empresas del sector inmobiliario además del sector del carbón. En este sentido hay que recordar que, en concreto las empresas del sector inmobiliario, fueron las más castigadas por la reciente crisis financiera, obviando que este sector, el de la construcción concretamente, es el que ha generado y genera un número importante de puestos de trabajo además de una importante aportación al PIB», denuncia el decano de los Economistas de Sevilla.

Según los economistas, «l a Ley Concursal no ha conseguido el fin para la que ésta se creó y que no es otro que ser servir de una eficaz herramienta que permita la continuidad de las empresas en crisis. Son muchas las causas que conducen a esta situación y que hacen que sólo un 3 o un 4% de las empresas superen la situación. Y, sin embargo, ahora las administraciones le niegan ayuda para paliar la crisis del Covid-19», critica Tato, quieren recuerda que «conforme a lo establecido en la Ley Concursal y a efectos técnicos, una empresa no sale del concurso de acreedores hasta tanto ha cumplido íntegramente el convenio de acreedores aprobado , lo que normalmente supone un periodo no inferior a diez o quince años desde la aprobación del mismo. Es decir, la mayoría de las empresas reflotadas tras la reciente crisis financiera iniciada en 2008 y que se prolongó hasta 2013, deben estar en estos momentos en fase de cumplimiento de convenio» pero ahora no pueden acceder a las ayudas públicas que se han aprobado para la crisis del Covid-19.