La juez del caso Aznalcóllar abre diligencias contra Magtel por posible tráfico de influencias

En su auto, la juez parte de un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, según el cual merced a las denuncias promovidas por Emerita-Forbes Manhattan , que compitió sin éxito contra la agrupación empresarial México Minorbis, trasciende «cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía ».

El informe, recogido por Europa Press, detalla que las denuncias de Emerita-Forbes Manhattan apuntan a ayudas por valor de 23,59 millones de euros en favor de Magtel entre 2009 y 2015, así como 28,26 millones de euros «en concepto de préstamos» , toda vez que el «entramado societario» del grupo Magtel, dividido en diferentes sociedades y líneas de negocio, apoya «gran parte de su modelo de negocio en proyectos conseguidos a través de licitaciones públicas».

En ese sentido, el informe alude al presunto papel de «mediador» que habría ostentado Andrés Luque García , «haciendo valer los contactos adquiridos durante su etapa profesional en la Administración pública» como delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba; delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba y director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

Andrés Luque García, según la UDEF, fue «administrador único» de la sociedad Fisur Análisis y Gestión de Proyectos, una empresa vinculada a Magtel mediante un contrato firmado por ambas partes en 2011 para asesorar a esta última en la «preparación de ofertas, solicitudes y documentación a acompañar», entre otras cosas, toda vez que Luque García «desempeñaba un cargo público durante el periodo en el que se convocaron y se concedieron ayudas a favor de Magtel».