La Universidad de Sevilla garantiza las prácticas cotizadas a todos sus alumnos

En el caso de la Universidad de Sevilla, son alrededor de 10.000 los becarios con prácticas curriculares; en el caso de la Pablo de Olavide, «los afectados son más de 2.400 estudiantes que realizan sus prácticas formativas en 1.200 empresas», según los datos facilitados por ambas instituciones académicas a preguntas de Europa Press.

En toda España, son más de un millón de estudiantes. Fuentes de la US explican que «se está trabajando desde múltiples ángulos y todos con un matiz común: las prácticas externas de todos los estudiantes están garantizadas. Si las empresas o instituciones no abonan el alta en la Seguridad Social, será la Universidad de Sevilla quien lo haga».

Para ello, «se está negociando con Universitas XXI para abordar un proceso con el que dar a los estudiantes de alta en la Seguridad Social; se está trabajando con Ícaro para producir una base de datos que alimente a Universitas XXI respecto a los estudiantes que están haciendo las prácticas y se está negociando la búsqueda de mecanismos compensatorios del gasto que todo ello supondrá para el sistema universitario andaluz». Por último, «se están reforzando los recursos humanos para garantizar el alta en la Seguridad Social».

En el caso de la UPO, se ha informado a los estudiantes a través de las redes sociales y mediante correos electrónicos de la necesidad de registrar a través de Ícaro el número de afiliación de la Seguridad Social «para realizar prácticas a partir de enero». El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido que «es lógico» que haya habido «tensiones» por la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas de FP y universitarios.

«Es lógico que al principio haya algunas tensiones pero el sistema ya está implantado. Va a suponer que los estudiantes estén mejor protegidos», ha asegurado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. En concreto, ha reconocido que ha habido «resistencia, ruido y preocupaciones» por la entrada en vigor el 1 de enero de esta medida y ha mostrado «empatía» con las instituciones educativas de Formación Profesional y universitarias por la preocupación de la puesta en marcha de un nuevo sistema que, en sus palabras, «implica escaso coste económico y algún coste de gestión» para su puesta en marcha.

A pesar de las preocupaciones, Suárez se ha mostrado «muy satisfecho» de que el nuevo sistema se esté ya aplicando, una noticia que considera «extraordinariamente positiva para los jóvenes y para el sistema». En este sentido, el secretario de Estado ha precisado que esta medida va a ser para «desarrollar una conciencia de los estudiantes de la importancia que tiene estar dentro del sistema, de la generación de derechos que esto supone y del compromiso con los jubilados».

También considera que la cotización de los estudiantes supone un «estímulo en términos de formación». «Se lanza un mensaje claro de que es importante formarse. Que tanto la cotización por las prácticas universitarias como de FP tengan esta cobertura adicional resulta positivo», ha afirmado. «Es un gran avance que va a servir también para mejorar la calidad de las prácticas que se celebran ahora, que hasta este momento eran actividades que dependían mucho más de las entidades educativas promotoras y con este paso adelante se va a homogeneizar», ha sentenciado.