Visto para sentencia el juicio por la venta «fraudulenta» del suelo de Mercasevilla

Entre esos procesados han estado el exdirector general de la lonja Fernando Mellet -ya condenado por el caso de las comisiones ilegales reclamadas a empresarios-; el expresidente de Mercasevilla y concejal socialista Gonzalo Crespo ; o el que fuera primer teniente de alcalde por IU y en su día vicepresidente del mercado Antonio Rodrigo Torrijos . El exasesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño completa las figuras políticas entre los investigados, a los que se suman Jorge Piñero -exsecretario y asesor jurídico del mercado-, la exdirectora del área municipal de Vía Pública María Victoria Bustamante , el economista José Antonio Ripollés -estos dos últimos por su papel en la elaboración del pliego de condiciones- y los tres principales responsables de Sanma durante aquel momento: el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez , el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano , y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró .

Precisamente Mellet ha sido el único que ha usado este viernes su derecho a la última palabra para cerrar el juicio, momento que ha aprovechado para criticar el «descalabro jurídico» de este procedimiento por las supuestas irregularidades en el mercado que él dirigía. Mellet ha sido el único de los diez acusados que ha hecho uso de su derecho a la última palabra, y lo ha hecho para agradecer a la juez de lo Penal número 13 de Sevilla , Yolanda Sánchez Gucema, su «profesionalidad, seriedad y formalidad» a lo largo de las 20 sesiones del juicio, que este viernes ha quedado visto para sentencia. En aproximadamente un mes debe estar lista la sentencia.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados a cuenta de un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo. Según considera el Ministerio Público, hubo «una decisión política» para adjudicar a Sanma el concurso público, cuyo pliego presentaba «deficiencias técnicas» y estaba hecho «con mucha prisa, como si la decisión estuviera tomada y el concurso fuera un paripé» .