La tránsfuga de Valencina alega que «no sabe» que su partido la echó
Ha solicitado a un juez que paralice de manera cautelar su expulsión del Ayuntamiento tras el informe del secretario argumentando que no inscribió el grupo municipal de Ciudadanos por un descuido
El alcalde de Valencina, el socialista Antonio Manuel Suárez, con la concejal tránsfuga, Susana Martín
La concejal tránsfuga del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, Susana Martín del Río , que dio la Alcaldía al PSOE en contra del acuerdo entre el PP y su partido, Ciudadanos, y luego fue incluida en el gobierno municipal socialista ha acudido a ... los tribunales para solicitar al juez que suspenda cautelarmente la orden del secretario municipal de que sea expulsada del gobierno alegando que ella «no sabe» que Ciudadanos la echó en agosto de 2019. La medida adoptada por la edil resulta sorprendente porque el alcalde socialista, Antonio Manuel Suárez , reaccionó a la noticia publicada por ABC asegurando que se trataba de una «fake news» y que el secretario nunca había instado a la expulsión de la tránsfuga a pesar de que el punto cuarto del informe dice literalmente lo siguiente: «Sobre la base de lo expuesto, y siempre que se acredite la expulsión, concurriría una infracción sobrevenida del ordenamiento jurídico (eficacia de la sentencia del TS de interés casacional objetivo en los términos de los artículos 88 y siguientes de la LJCA), procediendo el cese de los cargos de Cuarta Teniente de Alcalde , miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegada de Educación, Participación Ciudadana y Transparencia, Convivencia, Ciudadanía y Ordenación del Tráfico de la concejala Susana Martín del Río. Dicha privación de los cargos políticos expresados es competencia de Alcaldía mediante nueva resolución ». Tan cierto era el mandato del secretario que nada más conocer el informe la tránsfuga ha presentado una solicitud en el juzgado para que dicte medidas cautelares que paralicen la medida.
La concejal alega que no llegó a constituir el grupo municipal porque se descuidó y se le pasó el plazo
Lo hizo concretamente el 28 de enero, unos días antes de que ABC desvelase que se encuentra en una situación ilegal y que se benefició de su desobediencia a Ciudadanos obteniendo un puesto con sueldo en el gobierno municipal liderado por el PSOE, que había perdido las elecciones tras un empate a 1.580 votos con el PP que se deshizo con un sorteo. En su demanda, Susana Martín aduce que «en ningún caso hasta la fecha de ser nombrada delegada municipal y teniente de alcalde se acreditó causa alguna de transfuguismo que se pusiera en conocimiento oficialmente del Ayuntamiento». Ciudadanos anunció la apertura de expediente contra ella el 5 de julio de 2019 y el gobierno se formó el 9 de julio. La expulsión se hizo firme el 21 de agosto porque hubo que dejar un plazo de alegaciones a la afectada , pero ésta ni siquiera presentó objeciones. Por lo tanto, cuando negoció su entrada en el gobierno ya estaba en proceso de expulsión del partido, que tardó un mes en confirmarlo precisamente para garantizar todos sus derechos. Así lo indica literalmente el certificado que ha enviado la formación naranja al secretario municipal , desvelado por este periódico hace una semana, pero la edil tránsfuga argumenta en su demanda que la pérdida de derechos políticos y económicos que ordena el secretario se ha hecho «de forma extemporánea» porque «el partido Ciudadanos nunca se opuso ni recurrió en plazo la resolución de Alcaldía o acuerdo de Pleno» en el que fue nombrada. A su juicio, el partido que la había expulsado «decidió libremente refrendar, por su silencio, la actuación autónoma» de la edil.
También aduce que el proceso de expulsión del partido no se le comunicó y ella nunca tuvo constancia
En la propia demanda Martín admite que actuó por su cuenta. Y añade un motivo para solicitar la suspensión cautelar que no se corresponde con la realidad: «La urgencia y necesidad de su adopción la encontramos en los Plenos que se van a desarrollar según los plazos de la legislación vigente, que alcanzarían efectos jurídicos perjudiciales donde se pretende tomar conocimiento de unas solicitudes del partido Ciudadanos que no se debieron realizar y donde se va a votar una moción de censura ». No existe ningún Pleno sobre una moción de censura. Es decir, la concejal tránsfuga admite en su solicitud al juez que el informe del secretario municipal de Valencina que ordena su expulsión es cierto, confirmando así que el alcalde al que sustenta habría mentido, y da al juzgado una información falsa para intentar que se paralice el proceso.
Es más, llega a decir que « ni existe abandono voluntario del grupo político ni existe expulsión del partido que se haya producido con todas las garantías» y que no llegó siquiera a inscribir el grupo municipal de Ciudadanos porque se le pasó el plazo por un «descuido». El secretario municipal ha parado su decisión hasta que el juzgado se pronuncie.
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