Siete detenidos por el fraude de la «falsa» planta de reciclaje de Estepa

La Policía lleva varios meses rastreando las operaciones comerciales del secretario de este organismo público que depende de la Diputación de Sevilla , una entidad en la que supuestamente se recicla la basura de varios municipios de la comarca, pero donde se han ocultado los residuos en una balsa gigantesca situada en un olivar cercano durante años , como se certifica en los vídeos que publicó ABC cuando estalló el caso.

Los agentes sabían que el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas, era al mismo tiempo administrador de una empresa llamada Magno Ambiental del Levante , que tiene su sede en un pueblo de Alicante y que, según las mismas fuentes, obtuvo importantes contratos del Consorcio adjudicados por el propio Mañas cuya cuantía la Fiscalía estima superior a un millón de euros. El Ministerio Público, que denunció el caso ante un juzgado de Estepa, señala también al alcalde socialista de Casariche, Basilio Domingo Carrión , y al jefe de la planta y socio de Mañas en la empresa beneficiaria, Manuel Ibáñez , así como al anterior dueño de Magno y a las dos mujeres de los encargados de la planta de residuos. Sobre todos ellos, de hecho, se llevó a cabo la operación de ayer, con la que la Policía pretende demostrar el fraude millonario del que se han beneficiado estos responsables públicos durante años . Las mismas fuentes añaden que también podría estar en el centro de las investigaciones el responsable de la báscula de pesaje de camiones de Estepa, familiar directo de Mañas.

Entre las muchas operaciones que se investigan está el acuerdo que la empresa Magno firmó con el Consorcio para arrendarle maquinaria para la recogida de basura por un importe que superaba los 1,4 millones de euros , un dinero que podía haber destinado a la compra de dichos vehículos «de manera más ventajosa» en el mercado.

La Fiscalía cree que el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura», incluyendo entrega de cantidades sin justificar y sin un procedimiento administrativo previo para la firma del contrato. Se acusa a los detenidos, por tanto, de posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude y actividades prohibidas a los funcionarios . Además, se han abierto otras diligencias independientes para investigar un supuesto blanqueo de capitales.

Todo gira en torno a las actividades que llevaba a cabo Mañas y que otros miembros del organismo público habrían permitido, razón por la que ya fueron detenidos el pasado 30 de enero. Desde entonces, se han ido descubriendo nuevas irregularidades que han desembocado en la operación de ayer. José Antonio Mañas y el jefe de la planta de reciclaje, Manuel Ibáñez, crearon el 31 de octubre de 2014 la empresa Magno Ambiental del Levante, dedicada al «servicio de recogida y transporte de residuos no peligrosos, la gestión de residuos y servicios de construcción y movimiento de tierras en general», así como al «suministro de materiales y la redacción de documentos ambientales y realización de trámites administrativos en materia ambiental». Esta sociedad, que tenía el mismo fin comercial que el Consorcio que dirigían como responsables públicos, facturó cantidades que aún están por determinar, ya que la investigación policial sigue abierta y el caso está bajo secreto de sumario.

En un documento fechado el 16 de diciembre de 2019 sobre los proveedores que están pendientes de distintos pagos por parte del organismo público aparece la empresa de los responsables de la planta de reciclaje pública como la segunda a la que más dinero se adeuda, exactamente 40.474 euros . No se trata, en principio, de una cantidad excesiva, pero este «desliz» fue clave para los investigadores. Tirando de ese hilo se descubrió que en el presupuesto de 2020, el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur incluye en su capítulo de «inversiones reales», al que destina 2.117.474 euros, una partida de 1.300.000 euros para Magno Ambiental del Levante y otras dos empresas , más de la mitad de todo el presupuesto previsto. A esto hay que añadir que la empresa instrumental usada por el secretario y su socio tiene su sede social en el número 7 de la calle Picasso de Benferri, una pequeña localidad de Alicante sin actividad industrial. Según las fuentes consultadas, esta dirección es la de una parcela abandonada .

Estos datos fueron definitivos para la Policía, que ayer hizo un amplio despligue en Estepa para detener a los principales implicados y llevar a cabo varios registros en los que se halló una importante cantidad de dinero en efectivo y fueron intervenidos varios vehículos de lujo . El tren de vida de los investigados ha sido el punto débil que ha permitido descubrir el fraude del reciclaje en la Sierra Sur.