La Junta se opone a «la invasión competencial» del Gobierno en la Catedral y el Alcázar de Sevilla

No obstante, la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo , denunció ayer que «el anteproyecto llegó hace unas horas a la Consejería en el trámite de información pública y tenemos hasta el día 19 para presentar alegaciones , que por supuesto vamos a presentar». La Junta se opondrá a la norma que está elaborando el Ministerio de Cultura, aunque aún tiene que estudiar con detalle el texto. En todo caso, del Pozo aseguró que «de manera inicial puedo decir que estamos ante una oportunidad perdida y lo digo con preocupación y con un cierto desconsuelo porque después de 35 años las comunidades autónomas esperábamos una nueva ley , no una modificación de la actual». La consejera se refiere al contenido general del texto, que sólo viene a matizar algunas partes del anterior y no soluciona los problemas que realmente afectan a la gestión diaria de los bienes protegidos. « La ley actual ha generado muchísimos problemas durante su desarrollo y aplicación a las comunidades, a los ayuntamientos y a los vecinos», lamentó Del Pozo, que esperaba «una nueva ley para conservar y vivir el patrimonio porque lo que no se vive no se puede conservar, para facilitar también la vida a los vecinos, para que el patrimonio y el desarrollo, la conservación y la vida fueran de la mano con una gestión sostenible, y para lograr también la reactivación económica y social de los centros históricos, que están poco a poco muriéndose porque es imposible con esta legislación».

El anteproyecto presentado por el Ministerio de Cultura no aborda esta problemática, pero sí se centra en la usurpación de la gestión de bienes que no son de su propiedad . «Por lo que nos ha dado tiempo a ver, nos encontramos que además se modifica lo que funciona, se recortan competencias a las comunidades autónomas y se crean nuevos órganos administrativos, nada de lo que estábamos esperando para poder trabajar», denunció la consejera, que alertó también de «una invasión importante de competencias autonómicas y municipales».

En este contexto, Patricia del Pozo anunció que «desde Andalucía no lo vamos a permitir y vamos a presentar todas las alegaciones que sean necesarias porque los patrimonios mundiales de Andalucía, que son 15, por lo que somos una de las comunidades más afectadas , están siendo conservados a pulmón desde hace muchos años y estamos funcionando muy bien, así que no vamos a tolerar injerencias».

La consejera concluyó su queja subrayando el trato discriminatorio a comunidades como la andaluza con respecto a otras como Cataluña : «Es curioso lo poco que le importa a este Gobierno ceder algunas competencias a otros territorios y, por contra, el ataque que pretende hacer a las comunidades que más patrimonio histórico y artístico tienen. Nosotros trataremos de impedir esta invasión competencial», terminó.

Los monumentos más afectados de Sevilla son la Catedral y la Giralda, que son propiedad del Cabildo, y el Alcázar , que pertenece al Ayuntamiento. Este periódico también solicitó ayer su valoración al alcalde de Sevilla, Juan Espadas , pero hasta el momento no se ha pronunciado sobre la ley que proyecta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la que pretende minimizar la capacidad de decisión de las comunidades e instituciones propietarias de los grandes monumentos, de manera que la protección de los que están incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial pasaría a depender del Ministerio.

En el anteproyecto se detalla que la declaración como Bien de Interés Mundial se hará por real decreto, por lo que el Gobierno se arroga la potestad de quedarse con la gestión de monumentos como la Catedral y el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba . La razón que expone este primer texto de la Ley del Patrimonio es «asegurar la comunicación cultural conforme a la Constitución y coordinar el cumplimiento de los compromisos internacionales».