El Gobierno de Sánchez legisla para mandar en la Catedral y el Alcázar de Sevilla

En el anteproyecto se explica que la declaración como Bien de Interés Mundial se efectuará por real decreto, es decir, que será el propio Gobierno el que determine que edificios como la Catedral y el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba pasarán a estar protegidos por el Estado, previa consulta a la comunidad autónoma. La razón que expone el diseño de la futura Ley del Patrimonio es «asegurar la comunicación cultural conforme a la Constitución y coordinar el cumplimiento de los compromisos internacionales». Aunque, en la práctica, esta norma es el hueco que ha encontrado el Gobierno central para intervenir en la gestión de los principales bienes culturales y situar al Estado en un nivel superior de competencia sobre las comunidades.

De hecho, para la coordinación entre administraciones el real decreto puede constituir un patronato en el que participen las administraciones autonómicas y locales afectadas, así como las entidades privadas (como la Iglesia ). Y, según expone el documento, «en todo caso, el patronato estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno». Este patronato será obligatorio constituirlo si así lo decide el Ejecutivo central ya que, de no formalizarse, otro decreto crearía una comisión gestora .

Además, por otro lado, estos BIM abarcarán también el entorno en el que se ubiquen, ya que se establecerá una «evaluación de impacto patrimonial» para evitar que los proyectos que se lleven a cabo en estas zonas supongan un impacto visual sobre los bienes. Es decir que, en la práctica, para llevar a cabo una obra como la reurbanización de la calle Mateos Gago , pasaría a depender del permiso del Ministerio en primera instancia y no de la Junta.

¿Y cómo tendrían que actuar los propietarios si quieren realizar una obra en estos monumentos? El anteproyecto de Ley determina que se deben comunicar al Ministerio «al menos tres meses antes de su inicio». Esto quiere decir que, por ejemplo, para la restauración de la Giralda , el Cabildo Catedral debería pedir permiso al Gobierno central tres meses antes.

La Iglesia siempre ha mantenido una actitud recelosa a la hora de conformar patronatos como el que sí dispone el Alcázar con los bienes de su propiedad. Pero, en este caso, de aprobarse la Ley, se vería obligada a hacerlo. Otra de las cuestiones que le afecta a la Iglesia es la prohibición de la venta de sus BIC salvo al Estado. Esto afecta fundamentalmente a las órdenes religiosas que apuestan por vender sus conventos para sobrevivir, algunos de ellos para convertirlos en hoteles. Hasta ahora, era necesario el permiso del Vaticano y que la Junta de Andalucía no ejerciera el derecho de tanteo sobre el inmueble. Con esta Ley, «dichos bienes sólo podrán ser enajenados al Estado, a entidades de derecho público o a otras instituciones eclesiásticas». Por contra, el Gobierno central se obliga a colaborar en las obras de conservación como con el anunciado Plan Nacional de Catedrales.