El juez señala al PP y al PSOE en la extorsión al candidato de Ciudadanos en Dos Hermanas

Pero dos días después, pasada ya toda la tormenta, decidió poner el caso en manos de la Justicia. La denuncia cayó en el juzgado de instrucción número 7 de Dos Hermanas , cuyo titular, Óscar Rey, dio oficio a la Policía para iniciar una investigación y decretó el secreto de las actuaciones, que se ha mantenido durante nueve meses. Sin embargo, el juez decidió levantar ese secreto la semana pasada, por lo que los supuestos hechos que se produjeron en aquellas fechas han salido a la luz. Y el resultado de la investigación que se ha realizado hasta ahora es sorprendente .

Una de las pruebas clave es la grabación que el propio denunciante le hizo al periodista que lo convocó para explicarle la existencia de ese vídeo y las exigencias que le estaban transmitiendo para que no se enviara a los medios de comunicación. Según los oficios policiales, J.L.O., director de un periódico de difusión local de Dos Hermanas, informó a Varela «de la existencia de un vídeo en el que sin ningún género de dudas aparece este último» consumiendo droga. El primer paso que dio la Policía a partir de esta grabación fue tomar declaración a la candidata del PP , ya que en la denuncia aparecía como una de las personas que habían insinuado a Varela la existencia de esta grabación. La líder popular, Cristina Alonso , admite que citó a Varela el 22 de mayo para darle a conocer los hechos, aunque asegura que «se trataría de un vídeo que ella personalmente no había visto, pero de cuya existencia sabía a través de distintos miembros del Partido Popular de Dos Hermanas». Concretamente, Alonso indica que «escuchó a Luis Paniagua , concejal del PP de Dos Hermanas, y a E. M., militante del mismo partido, que si querían se podían cargar a Manuel Varela el día antes de las elecciones», una afirmación que también escucharon, según su testimonio, el hermano de la candidata, un periodista local y una empleada del PP.

Los agentes sostienen que la grabación habría sido registrada «sin el conocimiento del interesado y con cámara oculta» y que se usó «para conseguir que Manuel Varela, ante la amenaza de su difusión, abandonase su actividad política», teniendo en cuenta que «esta amenaza se realiza en pleno curso de un proceso electoral, las elecciones municipales, con la intención de influir en el resultado de las mismas». Y aquí es donde el relato toma tintes de novela.

La Policía considera clave «el papel jugado en estos hechos» por el director del periódico, que fue requerido para que facilitara el vídeo y la identidad de su informante, «a lo que se negó amparándose en su secreto profesional como periodista». Sin embargo, los agentes aseguran que su papel en este caso «no es el de un profesional de la información» , y, tras reseñar su actitud «obstruccionista», subrayan que esta persona dispone del famoso vídeo y «no quiere ponerlo a disposición de la autoridad judicial», por lo que J.L.O. «se comporta y actúa más como un colaborador que como periodista».

A esta conclusión llegan tanto los agentes como el juez tras rastrear las llamadas de su teléfono móvil en la jornada de reflexión, el 23 de mayo de 2015. Para el magistrado, «se ha puesto de manifiesto que J.L.O. actúa de un modo que permite, al menos indiciariamente y en este momento de la investigación, hacer pensar que estuviera implicado en todo lo acaecido, actuando como intermediario o mensajero», ya que en su opinión está claro que «transmite al denunciante el conocimiento del vídeo y de la amenaza» y elude informar a los agentes «amparándose en un presunto secreto profesional cuando realmente el mismo no actuaba como periodista, pues nunca se publicó el vídeo».

El informe aclara que este supuesto intermediario recibió durante ese día 15 llamadas de un mismo teléfono que figura a nombre del Ayuntamiento de Dos Hermanas . Dichas llamadas se realizaron con anterioridad y posterioridad a cada comunicación de J.L.O. con Varela el 23 de mayo, que finalmente decidió citarse con el periodista para ver el supuesto vídeo. Hasta ese momento, el número de teléfono que aparece en esos registros asignado al Ayuntamiento es el del primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal, Agustín Morón , según oficio que consta en las actuaciones, a las que ha tenido acceso este periódico. Es decir, una de las personas de máxima confianza de Francisco Toscano mantuvo comunicaciones constantes ese día con el supuesto intermediario de la coacción. Sin embargo, cuando J.L.O. se cita con el candidato de Ciudadanos, las llamadas pasan a ser recibidas desde otro teléfono, concretamente uno de prepago. Fueron exactamente tres. La investigación policial ha determinado que este teléfono fue adquirido esa misma tarde en un cibercafé del centro de la ciudad por un gorrilla que aparca coches en una zona cercana al Ayuntamiento . Tras interrogar a ese hombre, éste reconoce que recibió el encargo por parte de otra persona y que podría reconocerla si la viera.

La Policía le presentó fotografías de nueve posibles responsables de ese encargo y el comprador identificó sin duda alguna al que se lo hizo. Se trata, según el informe policial, de un empleado del Ayuntamiento que tiene antecedentes policiales. Para los agentes, «la tarjeta fue adquirida ex profeso para realizar las amenazas concretas que recibe Manuel Varela ». Además, «quien realiza las llamadas conoce a J.L.O., y si se dirige al teléfono del mismo es porque sabe que está esperando la llamada y está acompañado por Manuel Varela». En este punto, el juez asegura que «es muy previsible que el uso del teléfono lo hiciera una persona distinta y que el mismo actuara por encargo de un tercero, alguien relacionado con la actividad política y que es quien pudiera haber hecho realmente las llamadas, y así se utilizara su teléfono pero con la tarjeta adquirida del modo expuesto con el fin precisamente de encubrir su identidad».

En consecuencia, en su último auto, emitido tras el alzamiento del secreto el pasado 11 de marzo, el juez considera que hay indicios suficientes de delitos contra la intimidad y de amenazas, por lo que la instrucción no ha hecho más que empezar para la resolución de este delicado asunto en el que, según las investigaciones efectuadas hasta la fecha, PP y PSOE tuvieron participación en la trama para eliminar del escenario político al candidato de Ciudadanos. Las encuestan habían vaticinado hasta seis concejales al partido naranja, pero finalmente obtuvo sólo dos.