Los empresarios advierten de que los colegios privados desaparecerán con el IVA del 21 por ciento

Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el proyecto de próxima implantación en España del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los servicios que presta el sector educativo privado, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la educación privada, tanto de enseñanzas regladas como no regladas, critican duramente el anuncio del Gobierno.

En este sentido recuerdan que la Educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, «de servicio público esencial» , y que ese es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. Por ello insisten en que es así en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas. 

La aplicación del IVA al sector de la educación privada en plena crisis económica derivada de la pandemia «supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable » de este servicio, lo que podría llegar a suponer la desaparición del sector. 

Además, según sostienen, vulnera el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata de derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección.

Según recalcan, una medida de este tipo tendría como consecuencia inmediata el desplazamiento de un número incalculable de alumnos a la enseñanza pública, lo que incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

«En un momento de enorme transformación del tejido empresarial español, la inversión en formación resulta decisiva, y se vería afectada muy negativamente por esta inoportuna propuesta», dicen.

Además, esta medida supondría la pérdida de innumerables puestos de trabajo, pues implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados. Esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo. 

Esta situación no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, las organizaciones manifiestan su voluntad de  oponerse firmemente a esta medida por todos los medios legales a nuestro alcance, para lo cual informarán de su posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales, así como a los medios de comunicación y a la Opinión pública.