El crimen de la gasolinera: ¿homicidio o asesinato?

En dos autos a los que ha tenido acceso ABC y que están fechados el miércoles y jueves de la semana pasada, la titular del citado juzgado carmonense, Rebeca Callejas Antúnez, se decanta tras casi medio año ya de instrucción por imputar en exclusiva al autor confeso del crimen, Alberto Hernández Blanco, un exmilitar cubano que llegó a España en 1997 en un gesto de solidaridad por la crisis de los balseros y que ha hecho un viaje de ida y vuelta a Sevilla tras algún tiempo por Extremadura en un periplo de casi dos décadas en el que fue engrosando su currículum delictivo .

Lo que finalmente lo ha llevado a la cárcel con carácter preventivo es el crimen de Manuel J. G. , quien el pasado 27 de noviembre acudió junto a tres amigos a reclamar una deuda al empresario José María Y. T., alias «El Gordo» o «El Rulo», a una nave que éste posee en la urbanización Mataluna de Carmona , donde Alberto Hernández trabajaba como guardés . Ya en la oficina, cuando le estaba exigiendo el pago del dinero a su jefe, el exmilitar cubano salió de una habitación anexa con una escopeta de caza y, sin prácticamente mediar palabra, disparó en dos ocasiones al fallecido y habría amenazado de muerte a sus tres acompañantes y sus familias.

Éstos salieron despavoridos conduciendo el coche de Manuel J.G. camino de Sevilla en busca del hospital más cercano , pero se vieron inmersos en un atasco y, a través de sucesivas llamadas al 061, consiguieron —mintiendo sobre el origen de los disparos, que atribuyeron a un accidente de caza — que les enviaran una ambulancia , cuyo personal sanitario sólo pudo confirmar la muerte del tiroteado, cuyo cadáver apareció en el acceso a un surtidor ubicado en el polígono Calonge . De ahí que se haya bautizado como el crimen de la gasolinera, aunque a la luz de la investigación más bien se debería conocer como el asesinato de la nave de «El Gordo» .

La juez cuestiona la mayor y duda si imputar al ejecutor sólo por presunto homicidio . Desoye el ruego de la familia de la víctima y las sucesivas declaraciones ante la juez tanto de los acompañantes de Manuel J.G. como del propio Alberto Hernández, quien siempre ha señalado que disparó siguiendo órdenes de José María Y.T., al cual sin embargo la instructora no le acusa no ya de ser el supuesto inductor del crimen, sino ni siquiera de encubrimiento , alegando en este sentido que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito».

Igualmente la magistrada ha decidido exonerar de cualquier responsabilidad penal a los cuatro investigados en un primer momento como supuestos encubridores , incluidos los dos colaboradores de «El Gordo» —uno de ellos el guardia civil Francisco C.D. — que habrían podido ayudar al autor material del crimen en su huida , centrando ahora la causa en exclusiva en el exmilitar cubano con «una pena en abstracto a imponer que supera los nueve años de prisión », según precisa en uno de los autos.

Aparte de que la condena por asesinato con alevosía es sensiblemente mayor que la prevista para un homicidio doloso, hay un matiz importante que depende de esta calificación de la juez instructora: si el caso se juzga ante jurado popular (asesinato) o no.

El crimen de la nave de «El Gordo» está rodeado de misterio desde el primer momento. Se ha apuntado que la deuda reclamada por Manuel J.G. sería por narcotráfico , aunque familiares del fallecido cuestionan esta versión y subrayan que éste carecía de antecedentes penales al respecto. También es muy extraño lo que ocurrió con el sistema de videovigilancia de la nave de Mataluna, que no conserva imágenes del suceso pese a que el patrón daba por hecho que todo había quedado registrado: las cámaras aparentemente dejaron de grabar hasta justo cuando, bien entrada ya la madrugada , se desplazaron a la nave los expertos en homicidios de la Policía Nacional.

En las horas previas, dio tiempo de sobra no sólo a borrar las cintas o a que Alberto Hernández se diera a la fuga en solitario o con la ayuda de alguien, sino que también se pudieron eliminar pruebas o alterar el escenario del crimen sin que quede rastro audiovisual de lo acontecido. Son datos que desde luego no parecen haberse tenido en cuenta a la hora de eximir de encubrimiento a «El Gordo», que justo tras el crimen se fue en coche a ver a unos familiares a un pueblo de Badajoz fronterizo con Portugal. De momento el exmilitar cubano, en tanto que autor confeso, es el único contra el que prosiguen las diligencias, aunque contra ambos autos de la juez de Carmona cabe recurso , a resolver por la Audiencia Provincial .

En la familia de Manuel G.J. ha sentado como un jarro de agua fría la decisión de la juez de exonerar a José María Y. T. por completo del mal llamado crimen de la gasolinera. «Nos produce desconcierto e indignación », indicó a ABC la hija mayor, Aroa, anunciando que recurrirán el auto «injustísimo» porque «no tiene en cuenta cuestiones que han quedado más que acreditadas ya durante la instrucción».

En concreto, la abogada de la acusación no sólo tiene órdenes para reclamar la imputación por «inducción al asesinato» de «El Gordo», sino también por encubrimiento , tenencia ilícita de armas —«No entendemos que la juez no diga nada al respecto, cuando la escopeta estaba en su finca y hasta ha venido su dueño legítimo desde Huelva a declarar que se la habían robado»— e incluso por un delito contra la seguridad de los trabajadores , teniendo en cuenta su relación laboral con el cubano Alberto Hernández. La familia sí exculpa a los dos amigos del fallecido (inicialmente imputados por encubrimiento) porque «estaban en shock y con mucho miedo» .