Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional: «Hemos pasado de grandes juristas a aceptar que cualquiera puede ser magistrado»

-Se acaba de jubilar del Consejo de Estado recién cumplidos los 90 años y tras una larguísima trayectoria como servidor público de más de 60 años. ¿Cómo se siente?

-En realidad no me he jubilado sino que he renunciado a mi puesto, ya que los consejeros del Consejo de Estado somos vitalicios. Y creo que mi caso es de los casos extraordinarios donde una persona decide dejar la función. Podría haber seguido más tiempo, como otros que continuaron hasta que murieron con 99 ó 100 años, pero no con plenas facultades. Como yo ahora tengo facultades para poder decidir, he preferido hacerlo antes de perder facultades. Nadie es una pieza esencial y me siento satisfecho de la labor realizada.

-Usted entró en el Consejo de Estado tras presidir el Tribunal Constitucional.

-Entré allí por un hecho desgraciado, el asesinato por ETA de Francisco Tomás y Valiente, que había presidido el Tribunal Constitucional y presidía el Consejo de Estado. Yo tenía una muy buena relación con él. Además de mi cuñado, era un gran catedrático de Historia del Derecho y yo me sentía muy vinculado a la visión del Derecho de Tomás y Valiente. Para mí su muerte fue una bomba. Y también una lección. Tras su asesinato, me llamó Felipe González y me ofreció ese puesto. También habló con mi mujer para informarle del riesgo que suponía aceptarlo.

-Usted es un jurista que ha vivido el espíritu de la Transición, denostado ahora por varios partidos que tienen mucha influencia en el Gobierno.

-Estoy preocupado por el futuro porque he sido un hombre siempre de equilibrio, no tendencioso. Yo he procurado siempre buscar la la concordia y el consenso. Eso lo aprendí en la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, allí las decisiones se tomaban de manera colegiada en los 15 años y en los que estuve no se produjo ninguna votación. Todas las soluciones eran consensuadas y sin banderías.

-Ahora en España es todo lo contrario.

-En España, Europa y todo el mundo occidental estamos pasando por un momento bastante delicado porque parece que están rompiendo los egoísmos nacionales. Hay un cambio acelerado que tenemos que digerir. Y saber gobernar.

-¿Se refiere a la polarización política que vive España desde hace bastantes años?

-Yo diría que más bien la crisis del sistema de gobierno de los dos grandes partidos, que daba estabilidad. No es bueno para España que no haya un nivel de relación y de cierto consenso entre los dos grandes partidos. Con todos los problemas que tenemos en el país y los que tiene la gente de la calle, no deberíamos ocuparnos tanto de anécdotas del pasado, como el caso Gurtel y otros, que siendo graves y censurables, no deberían ser la preocupación de todos. No creo que sea bueno para un sistema político.

-El gobierno de Pedro Sánchez va a conmemorar con un centenar de actos los 50 años de la muerte de Franco. ¿Qué le parece?

-La mitad de los habitantes del país no ha conocido a Franco. Yo creo que se puede recordar pero no conmemorar los 50 años de la muerte de una persona. Creo que hay un Ministerio de Memoria Histórica, pero la memoria histórica podría empezar por Don Pelayo. De la memoria histórica tenemos que recordar la lección de que aquello se hizo mal y pensar que la crisis de la II República se debió en buena parte a esa falta de puente entre la España que aceptaba el sistema republicano y la España que había vivido bien con la monarquía y con la dictadura de Primo de Rivera. Hubo un gran consenso popular con la llegada de la República, pero no todos aceptaron los valores que significaba esa República, valores que muchos de ellos, por cierto, recobró la Constitución de 1978.

-Presidió el Tribunal Constitucional desde 1992 a 1995. ¿Cómo recuerda esa etapa?

-No reconozco ninguna etapa de mi carrera en que no haya estado satisfecho. Pero el tribunal que yo conocí era un Tribunal Constitucional donde todavía se reflejaba el consenso de de la Transición. Allí había grandes maestros, todos de primera fila. Pasamos de tener a estos grandes maestros a aceptar que ya cualquiera puede ser magistrado. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que tener un pasado limpio, pero también una capacidad intelectual y ser una persona reconocida nacional e incluso internacionalmente.

-¿Y cuándo empezó a perderse esa brillantez intelectual y a aceptarse que cualquiera podía ser magistrado del Tribunal Constitucional?

-Empieza a perderse cuando se establece un sistema de reparto entre los partidos. En Alemania, por ejemplo, hay una especie de lista de personas que pueden ser magistrados y se suelen elegir personas que que tengan un un buen nivel como jurista y también un cierto nivel de independencia, de no conexión clara con un partido. Lo que se ha hecho en España es establecer un sistema donde yo nombro a cinco y los elijo yo con independencia del nivel o su actuación en su profesión. A mí eso no me gusta, porque no se trata de consensuar unos nombres sino de repartírselos. En mi época en el Constitucional no era así.

-Tampoco había en su época al frente del Tribunal Constitucional ningún exministro dentro de ese órgano. Ahora hay un exministro de Justicia, Juan Carlos Campo...

-Juan Carlos Campo es buen amigo y lo tengo en mucha estima y no quiero pronunciarme sobre él, pero en mi época esas cosas no pasaban. Yo creo que la causa es que se han convertido a los partidos en agencias de colocación. Y el que he estado de alcalde 12 años se queda en la calle y pide al partido que lo coloque. Eso es una barbaridad porque se ha convertido al político en profesional de la política. Y así entra en alguna institución de rango constitucional.

-Cuando usted estaba en el Tribunal Constitucional, podía imaginarse que llegaría un día en que el Tribunal Supremo imputaría un delito al fiscal general del Estado?

-Prefiero no pronunciarme. Primero, por respeto a a la institución y luego por respeto a la persona que he conocido y tratado.

-El Tribunal Constitucional le enmienda ahora la plana al Tribunal Supremo. ¿En su época eso ocurría?

-Al principio, el 80 por ciento de la labor del Tribunal Constitucional era resolver recursos de amparo y ahora el recurso de amparo es ahora marginal. Otros temas son la interpretación de las leyes, que se pueden hacer sin tener en cuenta la Constitución. Pero el papel principal del Tribunal Constitucional es controlar al Poder Legislativo, no al Poder Judicial. No obstante, a veces la interpretación que dan los jueces, y no tiene que ser el Tribunal Supremo, puede contradecir la Constitución. Lo que pasa con esto es que da una imagen de conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y pequeñas tensiones en algunos casos concretos. Lo que me preocupa es que esto se convierta no en una excepción sino en una guerra de tribunales. La guerra entre tribunales está contra la Constitución.

-¿Ve riesgo en España de que caigamos en una guerra entre tribunales?

-Esa guerra de tribunales está muy vinculada a muchos asuntos que tienen no trascendencia política sino trascendencia partidista., que si le da la razón al PP, al PSOE o a Vox. Y ese es un efecto inevitable. Pasó en el caso Gurtel y en otros. Todo se politiza y hay que hacer un enorme esfuerzo para que los órganos judiciales no se politicen y que no haya mayorías estables.

-Ahora en el Tribunal Constitucional hay dos grupos claramente definidos que votan juntos de forma sistemática en todos los asuntos. ¿Que le parece eso?

-Ningún órgano constitucional puede convertirse en un Parlamento con seis miembros que votan siempre lo mismo y otros seis que votan lo contrario. Esto no está pasando en el Consejo de Estado.

-Pero sí en el Tribunal Constitucional.

-Sí, pero esto no es de ahora sino de hace mucho. La época de las banderías empezó antes pero hoy puede que se vea más claro, porque la mayoría y la minoría están más cerca. En mi época en el Constitucional había veces que eran 9 a 3. Y no ocurría permanentemente. Había un labor de preparación de la sentencia del vicepresidente, que luego fue miembro del Tribunal de Estrasburgo, y hablábamos. No coincidíamos en todas las ideas, pero los dos éramos catedráticos y los dos buscábamos la construcción de un cuerpo de doctrina estable con una regla aplicable para todos los casos similares no, no una regla para un caso y otra regla para otro caso.

-Esta politización hace que la sociedad española esté perdiendo la confianza en la Justicia. ¿No se está desprestigiando?

-Las encuestas dicen que de todos los servicios públicos, la mayor insatisfacción es por la justicia. Y no desde la perspectiva que le gusta a la prensa, que es la ideológica, sino por el servicio público de la justicia. Hay casos que tardan 12 años en resolverse. ¿Por qué? Algo va mal en ese servicio. No funciona. Ojalá tenga éxito la reforma de la justicia pero creo que hay que hacer un mayor esfuerzo, un mayor número de jueces, una simplificación de los procesos y que la condena por temeridad sea más frecuente. En el Consejo de Estado lo hemos visto en el tema de títulos nobiliario. Hay una gran cantidad de personas pleiteando y el mismo abogado defiende una doctrina en un caso y lo contrario en otro.

-Como constitucionalista. ¿Qué le parece la amnistía? 

-Es un tema «subjudice» y prefiero no pronunciarme. Pero sí dudo que con la amnistía se vayan a conseguir los objetivos que han perseguido. No sé si la amnistía va a resolver problemas de hace tres siglos. El conflicto vasco es más profundo pero la cultura vasca es tan fuerte que no está en peligro. En Cataluña se ha visto que la inmigración ha puesto en peligro la cultura catalana.

-¿Qué le parece la cesión del Estado a las competencias en inmigración a la Generalitat?

-No es una cesión propiamente dicha sino una delegación. Y el que lo gestione asume unas funciones difíciles. El tema de la inmigración está hoy a nivel mundial.

-Pero si la Generalitat cerrara sus puertas a los inmigrantes, esa decisión afectaría al resto de comunidades españolas.

Me pregunto qué ayuda le estamos dando a Canarias. Hay muchos jóvenes y niños.

-¿Los independentistas no habrán reclamado esta delegación sobre inmigración precisamente para evitar su cuota de solidaridad?

-La inmigración es una mano de obra indispensable. En la recogida de la fresa en Huelva no hay un señor con tez blanca o el pelo rubio.

-Aunque esté en paro y cobrando un subsidio.

-El problema son los puestos de trabajo basura, que son lo que no quieren los ciudadanos españoles.