¿Se puede derogar la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja en Sevilla?

En otras ciudades de España la Justicia ha tomado la decisión de suspender la implantación de estas zonas libres de emisiones. Ayer mismo se anuló en Segovia y recientemente en Badajoz, Madrid, Gijón o Santa Cruz de Tenerife, lo que augura un efecto dominó. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Sevilla tienen claro que la eliminación de la ZBE de la Cartuja acarrearía otra serie de problemas que impiden su cancelación, independientemente de la cuestión climática.

Si bien, a priori, la ley nacional que impone aplicar esta iniciativa no prevé sanciones a los municipios que no implanten la medida, ni para aquellos que la deroguen, sí están en juego muchos millones de euros que están previstos por el hecho de tenerla en activo.

Según Vox, únicamente se tiene conocimiento de un «aviso» del gobierno de que no podrían acceder a las subvenciones estatales en materia de transporte público. En cuanto a la justificación de que se trata de una medida impuesta por Europa, señalan que, tras la suspensión de Alicante y en respuesta a una pregunta de tres eurodiputados del PSOE, la Comisión Europea informó de que no existía ninguna normativa comunitaria que contemplara la exigencia de los Estados miembros a establecer zonas de bajas emisiones. Según los de Abascal, en el caso de Sevilla «sólo se superan los límites puntualmente en el medidor de Los Bermejales por la concentración de vehículos en el puente del Centenario».

No obstante, fuentes municipales confirman a ABC que el gobierno local no va a poner en juego esos fondos europeos que están concedidos para convertir la Cartuja en un parque autosostenible, en el que están invirtiendo grandes cantidades de dinero empresas como Endesa de cara al proyecto e-City.

La semana pasada, el PCT Cartuja anunció un conjunto de actuaciones para hacer del recinto un espacio «descarbonizado, sostenible y autosuficiente energéticamente». A la puesta en marcha de un sistema inteligente de movilidad colectiva se suman ahora dos líneas más: un servicio de autoconsumo compartido y un sistema de alumbrado público inteligente.

El desarrollo de un nuevo servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros, a los que se suman otros 1,5 para la renovación de las luminarias que promueve el propio Ayuntamiento para convertir el alumbrado público en una plataforma para detener y predecir incidencias urbanas; integración con servicios de movilidad compartida y recarga eléctrica; gestión del espacio aéreo para operaciones con drones; o interacción con agendas y flujos de eventos.