¿La Policía Local podía haber grabado la detención de María León?

Ese debate se ha vuelto a poner encima de la mesa tras la enorme repercusión mediática que ha tenido este caso, que no deja de ser una intervención policial rutinaria con la única diferencia de que la persona implicada es famosa. El grupo municipal VOX está estudiando solicitar al pleno la utilización de videocámaras como dotación. «Resultaría una herramienta eficaz en la labor policial, otorgando mayor protección tanto a los ciudadanos como a los agentes, y despejaría cualquier duda sobre las actuaciones de la Policía Local, respetando las limitaciones que al respecto, se encuentran reflejadas en la normativa vigente», señalaba la portavoz municipal de esta formación, Cristina Peláez.

Pero el Ayuntamiento ya puso en marcha un proyecto de estas características que al final no ha prosperado por la negativa de la Subdelegación del Gobierno, que es la autoridad que debe aprobar el uso de esos dispositivos en espacios públicos. Según detalla un portavoz municipal, la empresa que lleva el contrato de renting de los vehículos patrulla les ofreció la posibilidad de incorporar estas cámaras como un servicio de mejora. Se instalaron en 48 vehículos y se solicitó a la subdelegación autorización para la toma de imágenes.

Sin embargo, el sindicato mayoritario en el Cuerpo, el SPPME, denunció el uso de estos dispositivos ante la Agencia Española de Protección de Datos por entender que se estaban vulnerando algunos preceptos de la ley y apuntaban a que no se estaba informando al ciudadano de que podría estar siendo grabado.

Finalmente la subdelegación zanjaba ese asunto rechazando la petición del Consistorio hispalense. Para ello se basa en la Ley Orgánica 7/2021 que regula las videovigilancias en el ámbito de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dicha norma establece que «la toma de imagen y sonido, que ha de ser conjunta, queda supeditada, en todo caso, a la concurrencia de un peligro o evento concreto» en el caso de los dispositivos móviles, que serían las cámaras que se instalan en un coche patrulla. En estos supuestos y atendiendo a lo que dice la ley, no se podría grabar de manera indiscriminada, recogiendo el servicio diario de un patrullero. Y además, la ley incide en que debe ser una medida proporcionada.

La instalación de cámaras que graben espacios públicos es una cuestión compleja que colisiona con principios como la protección de datos que están protegidos por las leyes españolas. Además de la petición que lanza VOX ha habido otros colectivos que han reivindicado esta medida como por ejemplo los empresarios que operan en los polígonos industriales de Sevilla que llevan años demandando la colocación de estos dispositivos para tratar de disuadir a los ladrones, sobre todo cuando se producen oleadas de robos.

Frente a los proyectos que han fracaso, el Ayuntamiento está trabajando en una fase piloto de sistema de videovigilancia en espacios muy castigados por los vándalos como el Parque de María Luisa o la Plaza de España. En agosto se instaló la primera cámara sobre los aseos instalados en la avenida de Isabel la Católica. En las imágenes que va captando, las personas aparecen con las caras pixeladas, garantizando así su anonimato.

¿Y hay cámaras instaladas en los coches patrulla de otras policías locales? Hay pocos ejemplos en el país de iniciativas que hayan prosperado en este sentido. Uno de ellos: el Gobierno de Ada Colau en Barcelona aprobó en 2018 el uso de cámaras en el interior de patrulleros. Fue con la incorporación de una nueva flota de vehículos. Las cámaras están enfocadas a grabar el traslado de los detenidos en el vehículo. Este año el mismo Consistorio ha presentado nuevos dispositivos que ya van incorporados a los chalecos de los agentes.