Policías locales negocian pagar al demandante para cerrar el caso de las oposiciones anuladas en Sevilla

El último episodio describe la negociación in extremis que la representación letrada de un grupo de agentes está llevando a cabo con el demandante para llegar a un acuerdo económico que zanje definitivamente el asunto, según han confirmado a ABC fuentes municipales. Este trabajo a contrarreloj se está produciendo justo cuando se iba a celebrar de nuevo la nueva convocatoria de las oposiciones, ejecutándose así la sentencia y poniéndose fin a este caso judicial.

Éste es el contexto en el que se está produciendo la negociación que trata de salvar los puestos de los 44 policías locales afectados. Recientemente la jueza que había anulado parte de las pruebas celebradas en 2012 y que había ordenado la repetición de los exámenes, adoptaba como medida cautelar la suspensión de las oposiciones que el Ayuntamiento había vuelto a convocar para el próximo 30 de septiembre. La magistrada atendía así el escrito remitido por el opositor que había llevado a los tribunales el caso práctico por una filtración de las respuestas y que a principios de mes le pedía a la juez que suspendiera esa convocatoria del 30 de septiembre.

Los argumentos esgrimidos por este policía con plaza en la provincia de Cádiz señalaban « irregularidades en los actos« que el Consistorio habría »venido dictando en ejecución de la sentencia, que afectan a la propia celebración de la prueba, tales como la determinación de los llamados a la misma, si han de considerarse funcionarios o no los afectados por el procedimiento que ya han promocionado, así como la composición del tribunal«, detallaba el incidente remitido a la juez de lo Contencioso.

La medida cautelar de suspender la convocatoria del 30 de septiembre ha permitido dar tiempo a esa negociación en la que se habrían puesto varias cantidades encima de la mesa. Fuentes consultadas por ABC explican que el demandante podría aceptar no seguir adelante -por ahora no ha pedido la inejecución de la sentencia- a cambio de una cantidad significativa de dinero que reclamaría al Ayuntamiento y a cada uno de los 44 agentes que están afectados en este larguísimo procedimiento. Una propuesta, que según las mismas fuentes consultadas, no ha sido bien recibida por algunos de los funcionarios policiales que siguen defendiendo su inocencia y no aceptan pagar ninguna cantidad; y que, en cualquier caso, debe ser el Consistorio quien asuma esa responsabilidad económica.

ABC ha consultado al Ayuntamiento cuál es su posición, teniendo en cuenta que acaba de pegar un giro clave de 180 grados. De elevar un escrito a la juez acatando la ejecución de la sentencia y convocando el caso práctico para el 30 de septiembre, a pedir recientemente que no ejecute la sentencia alegando el riesgo para la seguridad que supone la pérdida de 44 agentes. Un cambio de postura radical que se produce en este contexto de conversaciones para sellar un pacto económico. Desde el Consistorio hispalense no entran a valorar «negociaciones entre las partes», detallan que la «indemnización la debe determinar el juzgado» y que acatarán el dictamen judicial. El propio delegado del ramo, Ignacio Flores, aseguraba a este periódico desconocer que existan estas negociaciones y que están a la espera de la decisión judicial.

El pago de una indemnización como cierre a unas oposiciones que se declararon judicialmente nulas fue la fórmula que libró al Ayuntamiento de Málaga de tener que despedir a más de 90 agentes en 2011, cuando el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del TSJA que había anulado las pruebas después de que se demostrara que se había filtrado uno de los exámenes a los opositores que se habían preparado en una determinada academia vinculada a un sindicato policial.

Un escándalo mayúsculo que llevaron a los tribunales tres de los opositores afectados, que al igual que el demandante del caso de Sevilla, obtuvieron la victoria judicial, pero finalmente las trampas quedaron impunes. Cada uno de ellos recibió una indemnización de 28.223 euros. Si bien, a diferencia del procedimiento que se sigue en el juzgado contencioso sevillano, los opositores de Málaga pidieron hasta cuatro veces la ejecución de la sentencia y el Ayuntamiento malagueño apeló siempre a la imposibilidad de llevarla a cabo. Algo que finalmente acordó el TSJA basándose en argumentos que están encima de la mesa de la juez del nº 7 del Contencioso de Sevilla como el riesgo para la seguridad pública por la pérdida de efectivos.

Ahora bien, en Málaga la inejecución y la indemnización fue acordada por sentencia judicial. En Sevilla, por ahora, la juez no ha declarado en ningún momento que sea imposible expulsar a los agentes ni tampoco ha fijado una indemnización. La negociación iniciada pretende rubricar un acuerdo que se pueda elevar a la autoridad judicial y que ésta, a través de una decisión judicial, ponga fin a uno de los culebrones más duraderos del Consistorio y uno de los grandes quebraderos de cabeza para la organización interna del Ayuntamiento.