La juez suspende las oposiciones a la Policía Local de Sevilla del 30 de septiembre

Nuevo episodio de la historia interminable de las oposiciones a la Policía Local de 2012. Y esta vez llega desde el juzgado que las declaró nulas por las sospechas de la filtración de uno de los exámenes y ordenó su repetición desde el citado examen. Hasta ayer, el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla parecía convencido de que lo mejor era dar cumplimiento a dicho fallo judicial. De hecho, el antiguo jefe de Recursos Humanos del Ayuntamientohabía informado a la juez que las nuevas pruebas de acceso se celebrarían el próximo 30 de septiembre. Un día antes cesarían a los agentes.

Sin embargo, ayer se conoció que el gobierno de José Luis Sanz ha dado marcha atrás y ahora, como hacen las defensas de los agentes salpicados, casi medio centenar, ha pedido a la juez del caso la inejecución de la sentencia agarrándose al problema de seguridad que se generaría en la ciudad al cesar de un día para otro a los policías implicados.

En la causa judicial, ya en proceso de ejecución, hay un dato a tener en cuenta. El abogado del opositor que denunció la filtración y el que ha luchado porque se repitieran las pruebas de acceso también ha pedido la inejecución de la misma.

En un auto con fecha de este miércoles, 13 de septiembre, al que ha tenido acceso ABC, la magistrada acepta la petición realizada por el abogado del opositor denunciante como medida cautelar en su incidente de ejecución solicitando que se declare la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, para la repetición de las oposiciones a finales de este mes.

La juez ha adoptado esta decisión tras escuchar a todas las partes, que no se han opuesto a la suspensión de las pruebas de acceso. El abogado del Ayuntamiento lo hizo personalmente en el juzgado porque el ciberataque sufrido por la administración local le impedía presentar un escrito.

En su auto, la magistrada deja claro que se trata de una medida «excepcional», una vez que el abogado del denunciante, quien ahora mismo es Policía Local en un pueblo de Andalucía, pidió a la juez declarar nulo el acuerdo de la junta gobierno del Ayuntamiento del pasado 19 de junio, por el que el entonces director general de Recursos Humanos, en aras de cumplir con la sentencia que anulaba las oposiciones de 2012, ordenaba la repetición del examen práctico de dicho proceso selectivo el 30 de septiembre.

Según este letrado, existen ciertas irregularidades en el acuerdo municipal, que afectan a la propia celebración de la prueba, tales como la determinación de los llamados (posibles opositores) a la misma, si han de considerarse funcionarios o no los funcionarios afectados por el procedimiento que ya han promocionado, la composición del tribunal, etc.

Las irregularidades denunciadas, de estimarse la nulidad del acuerdo municipal, por contravenir el fallo de la sentencia que se debe ejecutar, supondría la anulación de la prueba que se pudiera llegar a celebrar el día 30. La juez adelanta el «grave trastorno» que supondría para los que se presenten a la misma.

Por otro lado, añade que la demora en la celebración del examen hasta que quede definitivamente resuelto el incidente mencionado no supone perjuicio alguno a las partes personadas en el caso de las oposiciones nulas de 2012.

La juez ha resuelto una primera cuestión: la medida cautelar. Ahora tiene por delante los diferentes incidentes que han puestos encima de la mesa las partes para pedir la inejecución de la sentencia y «cuyo resultado está íntimamente ligado a la realización del ejercicio práctico del proceso selectivo el día 30 de septiembre y que no pueden ser resueltos ante el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento, que le impide presentar alegaciones ni recibir notificaciones telemáticas». Con el asunto de los exámenes del día 30 ha hecho una excepción.