El mercado negro de las piezas arqueológicas se desplaza a internet

«El receptador tiene sus contactos y sabe a quien vender, muchas ventas se hacen por internet. La investigación esta muy especializada y se rastrean las webs que se dedican a este tipo de delitos», explica la fiscal delegada de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Sevilla, Yolanda Ortiz Mallol.

Y ahí es donde suelen iniciar sus pesquisas la unidad de la Policía Nacional especializada en patrimonio adscrita a la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección del Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona).

Buen ejemplo de ello es una sentencia de 2023 en la que fue condenado un individuo que bajo el pseudónimo de 'iliberri' había «efectuado 4.900 ofertas de venta de monedas en eBay desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018». La denuncia llegó del Museo de Ronda a la Guardia Civil, que concertó una cita con este individuo vía mail y le incautó las monedas, que «procedían de yacimientos arqueológicos, al menos de dos, no habían sido desenterradas más allá de los tres años —por lo que no había prescrito el delito— y muchas conservaban las características propias de las que poseen los vendedores para darle autenticidad», como limpieza somera o conservación de tierra en la pieza.

El acusado, señalaba la sentencia, «había adquirido de terceros no identificados» las piezas, y «las poseía sin establecimiento abierto al público, para su venta, siendo un coleccionista y vendedor avezado, con amplios conocimientos de numismática».

Entre las monedas que poseía el encausado y que posteriormente entregó al agente se encontraba un 'as' de Acinipo, esto es, una moneda del siglo I que había sido acuñada en esta ciudad romana localizada en Málaga en las proximidades de Ronda. Solo esta pieza se valoró en unos cien euros.

El valor pericial de las monedas y otras piezas que poseía 'iliberri' —cuentas, apliques, colgantes— ascendía a 3.364 euros, mientras que el daño al patrimonio arqueológico se evaluó en más de 15.660 euros. El acusado fue sentenciado a veinticinco meses de cárcel, pero apeló logrando eludirla al pagar una multa de algo más de 3.300 euros.