Los jueces de lo Contencioso de Sevilla rechazan la idea del Poder Judicial de eliminar un juzgado

En un comunicado remitido a este periódico, dicho órgano de jueces de esta jurisdicción se muestra contrario a la desaparición del juzgado número 14 de Sevilla, al tiempo que comparte plenamente y apoya la nueva propuesta de la Junta de Andalucía de mantener dicho órgano judicial.

En este sentido, sobre la decisión del Poder Judicial la junta sectorial señala que si el Consejo General del Poder Judicial informa que el tiempo medio de respuesta de estos juzgados en Sevilla fue de 7,9 meses en 2021, «resulta difícil de entender que los responsables de la Administración de Justicia no aspiren a disminuir esos plazos para ofrecer al ciudadano una respuesta eficiente y ágil que colme sus derechos constitucionales», sino que se asuman, y promuevan, con un análisis «apresurado e incompleto» de las circunstancias concurrente, una decisión que perjudicará a los ciudadanos que acudan a solicitar la tutela judicial de sus derechos. Y, también, a las administraciones.

Califican el análisis de «apresurado e incompleto» porque no se evaluó el negativo impacto económico que en las arcas públicas provocará la supresión de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con el consiguiente aumento de los plazos de respuesta en la celebración de juicios y ejecución de sentencias, que provocará que aumente el gasto que en intereses de demora deberá pagar la administración cuando haya sido condenada al pago de cantidades. Cuantías que, como bien conoce la administración, es elevadísima en determinados procesos (contratos, obra pública, subvenciones, personal, etc.).

La junta sectorial, además, expone que no entiende que el Poder Judicial justifique su propuesta de supresión en la carga de trabajo que soportan los juzgados de esta jurisdicción en Sevilla. En primer lugar, porque los datos estadísticos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial para justificar su apoyo a la conversión del juzgado «obvia un dato que es necesario destacar: la distribución de las competencias en la jurisdicción Contencioso-Administrativa provoca que todos los procedimientos más complejos en determinadas materias se asignen a los juzgados de la capital de la comunidad autónoma, en este caso Sevilla».

Al hilo de esto, concreta la junta sectorial que las grandes obras públicas (metros, autovías...), contratos, urbanismo, subvenciones, personal, etc., se asignan a los juzgados de Sevilla porque dimanan de decisiones de los órganos de gobierno centrales de la Junta de Andalucía. Por tanto, el exclusivo dato numérico podría servir para analizar la carga de trabajo de otras sedes, pero no para la de Sevilla, cuyos procesos son especialmente complejos en comparación con el resto de las localidades que no son capitales de comunidades.

En segundo lugar, la junta sectorial resalta que, si no se tuvieran en cuenta este dato de la capitalidad sino exclusivamente los datos numéricos, Sevilla ingresa un número de asuntos que la coloca en el puesto ocho de las doce sedes de Andalucía y en el 32 de los juzgados Contencioso-Administrativo de España.

«No encontramos motivos para que esta medida se aplique exclusivamente en Sevilla y no en otras localidades que tienen similar o menor carga de trabajo, como Burgos (438), Cádiz (433), Cuenca (424), Albacete (411), Ciudad Real (419), La Rioja (415), Vigo (408), Toledo (400), Salamanca (397), Sevilla (386), Girona (375), Lugo (373), Palencia (368), Gijón (366), Oviedo (364), Zamora (345), Bilbao 340, León (338), Huesca (338), Segovia (326), Ourense (324), Valladolid (318), Mérida (318), Jerez de la Frontera (309), Córdoba (294), A Coruña (294), Badajoz (286), Ávila (283), Ferrol (266), Cáceres (261), Soria (227) y Teruel (193)», exponen los jueces de Sevilla.

Teniendo en cuenta lo anterior y, en todo caso, dado que los informes que la Junta de Andalucía elaboró en su día para solicitar la transformación se emitieron por razón de unos objetivos y necesidades de espacio que ya ha solucionado, pudiendo en la actualidad asumir la creación de un Juzgado de lo Social número 14 sin suprimir un Contencioso-Administrativo, la propuesta del Poder Judicial para transformar el juzgado «carece actualmente de sentido». Por todo ello, los jueces instan al Ministerio de Justicia a actuar en consecuencia.