Los ingenieros recurren al Supremo el dedazo a Ineco del puente de la SE-40

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha dado ya traslado del expediente sobre la formalización del segundo encargo a Ineco -dependiente del Ministerio de Transportes- y ha concedido un plazo de veinte días para que las organizaciones demandantes presenten su escrito de demanda, que deberá formalizarse antes del 27 de noviembre. Este recurso se dirige contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el segundo contrato para el diseño del viaducto entre Dos Hermanas y Coria del Río, en el tramo sur de la circunvalación SE-40.

Los colectivos profesionales -entre ellos el CIES (Confederación de Ingenieros y Sociedades de Ingeniería) y el Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública)- mantienen desde hace más de tres años un pulso judicial con el Ministerio por los encargos directos a Ineco, una práctica que, según denuncian, vulnera los principios de libre competencia al excluir a las empresas privadas de la posibilidad de optar a esos contratos.

El primer recurso, que cuestionaba el primer encargo del proyecto del puente, fue archivado este verano por la Audiencia Nacional, al considerar que había perdido su objeto. Posteriormente, la misma sala inadmitió el recurso de reposición interpuesto por CIES y Ceacop contra aquel auto, cerrando así esa vía judicial. Las entidades demandantes han anunciado que estudian «las posibles vías de impugnación» para mantener abierta la causa.

A este frente judicial se suma otro. Las asociaciones empresariales han presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid, que desestimó su denuncia por competencia desleal contra Ineco, formulada en mayo de 2020.

En su recurso, los ingenieros critican que la sentencia de instancia rechazara los informes de la CNMC y del Tribunal de Cuentas aportados como pruebas documentales, pese a que ambos organismos habían cuestionado el modelo de encargos directos a empresas públicas. También reprochan una incorrecta valoración del informe pericial, que consideraban clave para acreditar el perjuicio causado al sector privado.

Del mismo modo, denuncian una interpretación errónea por parte del juzgado sobre la Ley de Contratos del Sector Público, al entender como 'encargos' la actividad que Ineco realiza en el mercado internacional, y una omisión en el análisis del requisito del control análogo conjunto previsto en el artículo 32 de la norma, cuya ausencia -sostienen- invalidaría los encargos a la ingeniería estatal.

El conflicto, lejos de agotarse en los tribunales españoles, dará también el salto a Europa. Los abogados de las asociaciones están ultimando una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, por supuestas ayudas de Estado y prácticas contrarias a la libre competencia.

El escrito se apoyará en el dictamen jurídico remitido el pasado octubre a la Secretaría General de Transporte Terrestre -dependiente de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible- y se prevé que se registre el próximo mes de diciembre.

De prosperar esta denuncia, Bruselas podría abrir un procedimiento formal contra el Estado español por el uso sistemático de encargos a medios propios -como Ineco- para proyectos de ingeniería y consultoría, una práctica que, según el sector privado, distorsiona el mercado y margina a las empresas competidoras.