¿Qué hacemos ahora con la tuneladora de 37 millones de euros?

La tuneladora que iba a horadar el túnel Norte de la SE-40 llegó el 8 de marzo de 2012 al muelle del Centenario del Puerto de Sevilla. El proyecto del paso subterráneo del Guadalquivir había sido aprobado tres años antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y las obras adjudicadas a dos consorcios, la UTE integrada por OHL, Azvi y Sando, en el caso del túnel Norte, y la formada por Aldesa Construcciones, Copisa y Buresa Construcción, en el caso del túnel Sur.

La máquina había sido construida por la empresa francesa NFM Technologies exprofeso para el proyecto sevillano y sus dimensiones eran colosales: siete pisos de altura, 150 metros de longitud y una cabeza de catorce metros de diámetro, el doble de la que se utilizó para el túnel del Metro de Sevilla. Las piezas se transportaron hasta las cercanías de Coria del Río en siete camiones, que depositaron la carga en una carpa con un turno de vigilantes de 24 horas y con aire acondicionado permanentemente activo, ya que los componentes electrónicos son sensibles a los cambios de temperatura.

En realidad, en aquel momento el Gobierno ya había decidido paralizar el proyecto y replantear sus condiciones. El coste de los dos túneles había disparado su presupuesto de 500 a 1.200 millones de euros, y en las oficinas del Ministerio se hablaba ya de la alternativa del puente. Tras años de parálisis, en 2020 el ministro José Luis Ábalos cogió el toro por los cuernos y resolvió volver a la casilla de salida: encargar un nuevo estudio que dilucidara si era más aconsejable la solución de los túneles o del puente para salvar el Guadalquivir.

Desde un primer momento el movimiento se interpretó como una coartada para justificar el descarte de los túneles. Tanto que la propia UTE puso en venta la tuneladora al peso para recuperar al menos algo de dinero. Recibió dos ofertas, una de un empresario malagueño de la chatarra, que abonaría 1,6 millones de euros, y otra de una firma italiana del sector que ofrecía 1,89 millones de euros. La intención de la UTE era cobrar el dinero para descontarlo después de la indemnización a negociar con el Estado por la suspensión del proyecto de los túneles.

El acuerdo de venta se cerró pero el Ministerio pidió a la UTE que no se adelantase a los acontecimientos y conservara la maquinaria hasta que tomase una decisión definitiva. Una vez que ha sido así, y con los túneles oficialmente descartados, la tuneladora es una patata caliente a la que hay que buscar salida. La UTE podría retomar la venta como chatarra y negociar con el Gobierno la indemnización u ofrecer al Ministerio la compra de la maquinaria y desentenderse de ella. La tuneladora, en cualquier caso, queda para los anales de la historia como un símbolo de la frustración y del agravio del Estado con la ciudad de Sevilla.