El drama de los abogados de Sevilla afectados por la Mutualidad: «Voy a tener que morirme con la toga, cómo vivo con 515 euros al mes»

ABC se ha puesto en contacto con tres afectadas de Sevilla, reunidas bajo el Movimiento #J2, para conocer el panorama personal que tienen por delante, pero también con Rafael Navas, director de la Mutualidad. Ambos frente en este conflicto tienen los ojos puestos en el Gobierno, quien será al final quien tenga que adoptar una solución. La que hay encima de la mesa, la pasarela de los mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que de momento no termina de convencer a nadie, quizás por la indefinición de algunos conceptos.

La Mutualidad nació en 1948 al abrigo de los colegios de abogados de España. Surgió antes que la Seguridad Social y en sus inicios era obligatorio que un abogado se adhiriese a la Mutualidad. Así fue hasta mediados de los noventa, donde pasa a ser voluntario. Eso sí, si alguien se pasaba al RETA perdía lo acumulado. Llegaron más cambios en 2005, donde la Mutualidad pasó de un sistema de reparto colectivo a capitalizaciones individuales.

Según Rafael Navas, estos cambios fueron comunicados a los mutualistas y desde entonces le remitían trimestralmente a los mutualistas una previsión de la pensión que le podía quedar el día que se jubilasen en función de sus aportaciones. Los afectados niegan ambas afirmaciones.

Critica «la voracidad y la agresividad en las quejas de los mutualistas, que durante 30 años no han puesto nada»

Rafael Navas

Director general de la Mutualidad de la Abogacía

Y el último cambio normativo llegó en 2023 para modificar el sistema de aportaciones de cuotas. Fue entonces cuando los abogados comenzaron a sospechar de que algo estaba pasando y no les beneficiaba. Descubrieron que la Mutualidad no era un sistema de protección porque había muchos agujeros. No tienen derecho a la incapacidad permanente, sólo absoluta... «He llorado con mi hijo recién nacido mientras redactaba un escrito de prueba», admite María Luisa Fernández-Cotta.

Desde la Mutualidad, su director general, se defiende. «Cada uno recibe lo que ha aportado, algunos han aportado poco». Dice que «sólo» 2.500 mutualistas alternativas de los 60.000 que hay en todo España cobraría «menos de 500 euros», subrayando que la media de es de 700 y 800 euros. En los tres casos contactados por ABC sólo uno supera los 500 euros y por poco.

Navas insiste en que en la Mutualidad se paga menos que los autónomos a la Seguridad Social. «Entraban porque se pagaba menos, no porque se cobrara más». Y recuerda que le ofrecieron a los mutualistas que pagaran más de forma voluntaria. Tanto Pilar como María Luisa, y Ana Gil, la portavoz en Sevilla del Movimiento #J2, aseguran que ellas han pagado lo que le han dicho que había que abonar, ni más ni menos.

A priori, la Mutualidad no está en contra de la pasarela al RETA que propone el Gobierno, a pesar de ciertas cuestiones por aclarar aún como la situación de vulnerabilidad en la que se verán algunos afectados y que el Ministerio pretende que se certifique. Rafael Navas habla de «incertidumbre» para explicar esta situación, apuntando al Ejecutivo y su falta de claridad para decir cómo se va a hacer esa pasarela. «El Ministerio no da respuesta», crítica.

La Mutualidad gestiona 10.200 millones de euros de más de 210.000 mutualistas, de los 60.000 son abogados. Son centenares las denuncias que se acumulan en los tribunales de toda España contra él y otros gestores de la organización, las conoce por la prensa: «No sé por dónde van. No conozco el contenido ni los argumentos para hablar de mala gestión».

Igual que defiende su gestión lo hace con el papel del Consejo General de la Abogacía y los colegios profesionales, a los que desde el colectivo de afectados señalan como cómplices de esta problemática. «El Colegio de Sevilla es colaborador necesario para esta estafa», asegura Pilar López a ABC.

Por último, Navas critica la «voracidad» y la «agresividad» en las quejas de los mutualistas, que «durante 30 años no han puesto nada», a los que se «invitó a aportar más dinero».

Menos benevolente con la situación que se ha generado entre el sector de la abogacía se muestran los que viven en sus propias carnes la angustia que les depara el futuro. Pilar López, abogada laboralista, comenzó a ejercer en 1989. Desde entonces está en la Mutualidad. «Pagábamos muy poco al principio, como ahora pagan muy poco los autónomos que empiezan».

Montó un despacho en 1993 en Sevilla. Admite que confiaba en la Mutualidad. Hoy, con 59 años, tiene un fondo acumulado de 74.185 euros. Paga actualmente 369 euros, aunque de ahí unos quince euros son gastos de gestión. La oferta, tras el plan del Gobierno, es coger ese dinero y pasarse al RETA y que ella misma se compre 6.000 en cotizaciones para llegar a los 80.000 euros. Cuando se jubile, tras pagar 41 años, dice la Mutualidad que tendrá 105.000 euros.

La estimación, en el mejor de los casos en función de que los negocios de la Mutualidad vayan bien, es que recibirá 515 euros al mes. Doce mensualidad y sin actualizar hasta que fallezca.

«En casa de herrero, cuchara de palo», dice al reconocer que esta «estafa» que señalan les haya pasado a un colectivo como el de los abogados. «Es culpa nuestra, pero también del Estado. Todos tenemos derecho a una pensión digna». Es a lo que aspiran. Deja una reflexión. Si notarios, ingenieros, estibadores dejaron el sistema de mutualidad... y ahora los abogados. Se demuestra que «no es beneficioso». Y advierte: «La solución del Gobierno no abarca a todos».

En eso están de acuerdo Pilar, Ana y María Luisa. La pasarela al RETA debe contemplar a todos los mutualistas (aunque sea voluntario), sin límites temporales ni condiciones de vulnerabilidad, como propone la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La Mutualidad exige que sea un trasvase de este sistema de protección a la Seguridad Social de «forma ordenada» para que no sea una ruina para ellos porque tienen el dinero invertido y el estipulado anualmente a destinar a las jubilaciones. «Se le hunde el negocio si se van todos», dice Pilar López.

Pero hay más. Entre las penurias de la Mutualidad expone que no tienen incapacidad permanente total, sólo absoluta. «Si me da un infarto no tengo derecho a una pensión». Y encima las mujeres cobran menos que los hombres por tener una mayor expectativa de vida. «Somos un colectivo maltratado, y encima caemos mal socialmente».

Ana Gil hace las funciones de portavoz del Movimiento #J2 en Sevilla. Esta combativa letrada lleva meses queriendo que se escuchen las reclamaciones del colectivo. A sus espaldas, 31 años de ejercicio. Como Pilar López, reconoce que pudo pecar de ingenua, pero confió en su Colegio de Abogados, al que acusa de «publicidad engañosa» referente a la Mutualidad. Es rotunda al afirmar que «el sistema es fallido, tenemos que salir todos de ahí», pero exige que la pasarela al RETA para todos y que sea año a año cotizado, incluso compañeros ya jubilados.

«He aportado (al sistema) lo que me han dicho, y debería tener las mismas prestaciones» que el resto de españoles en la Seguridad Social. Y quiere precisar que «no sólo tienen que llevarse los fondos propios, sino parte de esos fondos que la Mutualidad ha usado para invertir y ha generado beneficios».

A Ana Gil, que señala la «desconfianza» en los actuales gestores de la Mutualidad por la situación a la que han llevado al colectivo, actualmente tiene una simulación del propio sistema que refleja que cobraría, dentro de nueve años cuando se jubile, 287 euros al mes. Y aclara, no es una pensión, es una prestación.

María Luisa Fernández-Cotta tiene tres hijos. Desde 1993 esta inscrita en la Mutualidad. «Hace 30 años no se veía insostenible. No éramos consciente de la situación. Ahora, la realidad es que no llegamos ni a una pensión no contributiva». Ella también reconoce que los abogados han sido «torpes», que no han percibido el peligro hasta el cambio del sistema del año pasado, pero cuando ahondas...

A ella, en la estimación que le hace la web de la Mutualidad, le quedarían 391 euros al mes. Eso en el mejor de los casos. A día de hoy le garantizan... 22 euros al mes. Ella paga 384 euros al mes. Y si fallece a los tres meses de jubilarse, la Mutualidad se queda con sus fondos. «He optado por la opción de vivir»... comenta. Cuando se jubile a los 67 años, para lo que le quedan ocho, habría aportado 120.000 euros al sistema.

Quiere desterrar la idea del imaginario social de que todo abogado es rico y vive bien. No son poco los días que mira al cielo: «Dios mío, mándame una herencia al año», para aliviar su economía. A veces se idealiza la imagen del abogado que por vocación sigue trabajando a los ochenta años... Siguen porque no tienen para comer.

Defiende la pasarela al RETA. El negocio es bueno para la Seguridad Social, que coge las aportaciones de los mutualistas. Confía en que dé una solución a esta situación «penosa» y poder «sobrevivir cuando deje de trabajar, que le dé «para comer».