Los abogados sevillanos afectados por los cambios en la Mutualidad: «No queremos caridad, sino que se reconozcan nuestros derechos»

El Consejo General de la Abogacía Española, en un comunicado reciente, anunciaba «una intensa actividad de conversaciones tanto con el Gobierno en funciones como con distintos grupos políticos para averiguar las opciones que existen para acometer a la mayor brevedad aquellas acciones que permitan solucionar los problemas más urgentes que aquejan al conjunto de la profesión».

Entre estos «problemas» expone los contactos para materializar la demanda aprobada el pasado mes de junio en relación con los mutualistas alternativos cuyas aportaciones les reportarán pensiones alejadas de la cuantía mínima que recibirán los pensionistas acogidos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), así como el análisis jurídico y viabilidad económica de la llamada pasarela a este sistema por parte de los mutualistas alternativos.

El Consejo aprobó en la referida reunión plenaria reclamar a la Seguridad Social que todos los abogados que han cumplido con la ley en sus aportaciones a la Mutualidad de la Abogacía reciban al menos la cuantía de las pensiones mínimas que percibirán quienes han estado acogidos al Reta, con cargo a los presupuestos del Estado. Asimismo, se continúa trabajando para hacer efectiva la demanda de que los profesionales que cotizaron a la Seguridad Social puedan hacer compatible seguir ejerciendo con el cobro de su pensión, tal y como pueden hacer los mutualistas alternativos.

Ahora, el movimiento #J2, integrado por abogados y procuradores, en Sevilla han hecho público un comunicado en el que denuncian que desconocen «el alcance y contenido» de las conversaciones a las que se refiere el Consejo General de la Abogacía.

Además, los mutualistas alternativos, activos y pasivos y aquellos que por los acontecimientos se han pasado al Reta sin poder rescatar sus fondos por tener el carácter de la alternatividad, reinvidincan «una pasarela al Reta con la aportación de nuestros fondos acumulados en las respectivas mutualidades y de la parte proporcional de fondos propios del patrimonio de la Mutualidad que sirve de garantía de los mismos».

En segundo lugar, piden el reconocimiento de la antigüedad de las cotizaciones y regularización, si fuera necesario, de las aportaciones, para los mutualistas que cotizan o cotizaron en algún momento de su vida profesional como sistema alternativo al Reta, tanto si están en activo como alternativos o en otro régimen, como si están jubilados o son beneficiarios por orfandad y viudedad.

Del mismo modo, este movimiento de abogados afectados solicita el reconocimiento de los mismos derechos, prestaciones y obligaciones, que tiene cualquier trabajador: «No queremos caridad, queremos que se reconozcan nuestros derechos».

Con respecto a la propuesta del Consejo General de la Abogacía para que el Estado complemente con cargo a los Presupuestos Generales nuestras pensiones, además de «permitir la pervivencia del perverso sistema de mutualismo alternativo, nos mantiene cautivos en una institución, la Mutualidad de la Abogacía, que hace muchos años abandonó su espíritu fundacional y a sus mutualistas y no se corresponde con las peticiones de este movimiento».

El resto de profesionales mutualistas alternativos, abogados de otras mutualidades y procuradores, tienen el mismo problema y esta intervención del Consejo General de la Abogacía Española sienta un precedente negativo para sus propias reivindicaciones frente a sus mutualidades.

Por último, el movimiento señala que el Consejo General de la Abogacía está «deslegitimado» para representar a los afectados en cualquier cuestión relacionada con la Mutualidad de la Abogacía y, por tanto, «en cualquier negociación en nuestro nombre para conseguir la pasarela al Reta por existir un claro conflicto de intereses por la propia naturaleza del Consejo, al estar el Pleno del Consejo conformado por todos los decanos de los Colegios de Abogados y por el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, y a su vez en la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía están, entre otros, la presidenta y el tesorero del Consejo, exdecanos y exmiembros de las juntas de los distintos Colegios de Abogados».

Además, los Colegios de Abogados representados por sus decanos son «los protectores de la Mutualidad de la Abogacía y para rematar los Colegios de Abogados son delegaciones territoriales de la Mutualidad. A todo ello se ha de adicionar la falta de transparencia del Consejo y de los colegios en sus supuestas negociaciones con el Gobierno en funciones».