El CESS avisa de que los sevillanos tendrán mayor presión fiscal en 2024 pese al compromiso de Sanz de bajar los impuestos

En concreto, el informe avisa de la desaparición de la bonificación del 5 por ciento por domiciliaciones bancarias, el IBI urbana y rústica, además de la eliminación de algunas de las exenciones vigentes como el IVTM para ciclomotores y motos de menos de 125cc. A todo ello se suma, según advierten, la creación de nuevas figuras impositivas como la tasa por bodas civiles en el Ayuntamiento o la tasa por telefonía móvil. Medidas que, en su conjunto, hacen que «no exista un menor presión fiscal» a los sevillanos.

El CESS abunda en que de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, «los nuevos ingresos provenientes de la eliminación de bonificaciones, exenciones y nuevas tasas suponen más de 4 millones de euros», por lo que «se prevé una recaudación superior a la de 2023». Sin embargo, señalan que este aumento «no es resultante de una mejor gestión de los ingresos (recaudación) sino de una mayor presión fiscal sobre la ciudadanía».

El dictamen, aprobado esta mañana en la sesión extraordinaria del pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla que se ha celebrado en el salón de grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo, insiste en «la necesidad de que se sigan aplicando criterios de progresividad y de capacidad económica para contribuir a las arcas municipales». De igual modo, también señala que es necesario que se haga «una recaudación suficiente con las necesidades de la ciudad que permita la redistribución de renta entre los sectores más desfavorecidos y garantice la prestación de servicios públicos».

Al respecto, incide en que «la orientación de la política fiscal debe responder a tener recursos suficientes para ejecutar las inversiones tan precisas en la ciudad», de modo que «se reduzca el aumento de desigualdades sociales y entre barrios» y se reactive «la actividad económica y la creación de empleo». Un objetivo que, según el CESS, obliga a adoptar «políticas de convergencia social» en la gestión municipal de la ciudad.

Finalmente, el documento invita al equipo de José Luis Sanz a que tenga en cuenta «las valoraciones de este órgano consultivo y de participación», así como a que «se nos informe de las modificaciones que se realicen en la ordenanza o su proyecto generales».

Desde el gobierno municipal, por su parte, anunciaron su «predisposición" para «estudiar» estas consideraciones y «valorar cuáles de ellas pueden mejorar el actual proyecto de ordenanzas fiscales». Igualmente, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, señaló que el informe del CESS pone de manifiesto que «un mismo proyecto puede tener distintas interpretaciones», en relación a la enmienda presentada por los empresarios en la que muestra su contrariedad por el dictamen emitido, recordando además que el pronunciamiento no ha obtenido «la unanimidad de sus miembros».

Bueno insistió en que algunas de las cuestiones que aparecen en dichos documentos «ya se preveían incluir vía enmienda en la tramitación de las ordenanzas fiscales». Para ello, «trabajaremos sin descanso para lograr que Sevilla tenga aprobadas las ordenanzas fiscales cuanto antes», un proyecto que «baja los impuestos a todos los sevillanos y congela la mayoría de tasas y precios públicos», con el objetivo de «dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos».

Al hilo de este dictamen, la portavoz adjunta del grupo municipal socialista, Sonia Gaya, ha destacado que supone «un doble revés» para el alcalde, ya que, por un lado, corrobora «el trilerismo fiscal de Sanz» que «lo que te quita de aquí te lo cobra de allí» y, por otro, que «la bajada generalizada de impuestos que prometió en su campaña electoral es mentira».

Según el PSOE, el informe del CESS «es tajante al asegurar que el año que viene la ciudadanía pagará más tributos, precios públicos y prestaciones patrimoniales públicas que en 2023» y que «el incremento de la recaudación que prevé José Luis Sanz no obedece a una gestión más eficaz de los ingresos sino a la mayor presión fiscal». Además, señala que «no se ha podido valorar el impacto del incremento de la tasa de basura que pretende el equipo de gobierno local», que «subirá en igual proporción que la tarifa del agua».

Gaya ha recordado que «el gobierno anterior dejó las finanzas del Ayuntamiento de Sevilla en una situación completamente saneada, con superávit presupuestario, con un progresivo descenso del endeudamiento, con un presupuesto municipal aprobado pese a las dificultades de ser año electoral y con remanentes de tesorería suficientes». Por ello, ha señalado que «Sanz no se puede escudar, como ha hecho, en la situación financiera del Ayuntamiento para no bajar más la carga fiscal como prometió en campaña», ha concluido.