El asesinato del líder de la patronal en Sevilla y un falso culpable en tiempos de revueltas

El contexto de ese asesinato fue fundamental hasta el punto de que acabó arrastrando a un falso culpable y lo cierto es que el crimen, que causó una honda conmoción en la sociedad sevillana como recogen las crónicas de la época, se quedó finalmente sin resolver.

En 1933, las protestas protagonizadas por trabajadores en demanda de condiciones dignas fueron elevando la tensión de un país que poco después entraría en una guerra civil. En enero de ese año habían ocurrido los sucesos de Casas Viejas, un intento frustrado de levantamiento campesino contra la autoridad en la provincia de Cádiz que acabó en una de las peores masacres ocurridas durante la Segunda República.

En Sevilla, las huelgas iban contagiándose por plantas y talleres. Días antes del crimen, un grupo de empresarios, entre ellos el propio Caravaca, había viajado a Madrid para reunirse con ministros del Gobierno y reclamar medidas que reforzaran la seguridad en la ciudad. El clima de enfrentamiento era irrespirable, jaleado también por políticos que desde su posición realizaban declaraciones que sólo añadían pólvora a una pira a punto de estallar.

El 20 de mayo, Pedro Caravaca salía de la Fundición Cobián de la que era gerente pasadas las 17.30 horas. Se subió a un coche de caballos en la calle Recaredo y al instante un individuo se subió al estribo y le disparó tres veces. Tras perpetrar el ataque, huyó de la zona a pie. No lo mató en el acto pero la víctima falleció poco después, cuando era trasladado al centro hospitalario que había entonces en el Prado de San Sebastián.

Desde un primer momento, la investigación de la Guardia Civil se dirigió hacia los movimientos anarquistas. No se abrió ninguna otra hipótesis. Durante el multitudinario entierro, la comitiva que partió desde la Plaza Nueva hasta el cementerio fue fuertemente vigilada ante el temor de que se produjeran más ataques. En la FEDA, como primer acuerdo tras la muerte de su dirigente, se ordenó suspender los suministros al Ayuntamiento en señal de protesta por los comentarios que había vertido un edil socialista días antes del crimen en el pleno, asegurando que había que colgar al señor Caravaca en una plaza pública.

La urgencia por resolver el crimen en un momento de máxima tensión, con enfrentamientos y muertes violentas casi a diario, hizo que la Guardia Civil realizara batidas y arrestara a miembros vinculados al movimiento sindical sin muchas pruebas. Urgía resolver un caso que transcendía la crónica de sucesos y que estaba encima de la mesa del mismo presidente de la República Alcalá Zamora. 

Los días posteriores se realizaron al menos dos detenciones, según recogen las páginas de ABC, de individuos que poco después fueron sacados del caso porque no había ningún indicio que les relacionara con el crimen. Hasta que el 14 de junio, en Gines, fue detenido Manuel García Rodríguez, alias Martín o Martinillo, junto a Antonio Rodríguez Cantos, alias el Cojo. La guardia de asalto irrumpió de noche en la vivienda de El Cojo donde llevaba varios días alojado su principal sospechoso, responsable de la sección de aceituneras del sindicato CNT.

La crónica que publica ABC el día 15 de junio, en la que describe con detalle la operación policial, narra cómo los indicios que llevaron a la detención de Martinillo se sustentaban exclusivamente en la sospechas de un cabo del cuartel de Gines, que se llamaba José Quesada, quien había depositado sus ojos en un individuo que hacía unas semanas había llegado a su localidad: «Supo que en el pueblo había entrado un individuo forastero, que infundió determinadas sospechas por su vida huida y porque sus señas personales coincidían en un todo con las que se dieron al ocurrir el asesinato del señor Caravaca». Con ese material endeble, el cabo acudió a sus jefes al cuartel de San Juan y se decidió que esa información era de suficiente peso para ordenar su arresto. Se necesitaba un culpable y había que cerrar el caso.

Al día siguiente de su detención, los medios de la época detallaron una confesión de Manuel García, que además había sido firmada por dos obreros que el teniente de San Juan, Muñoz Filpo, había escogido en la calle para que presenciaran el interrogatorio y dieran fe de que el detenido no había sido coaccionado para que cantara.

En esa supuesta confesión, el Martinillo explicó que había sido contratado por el Cojo para hacer unas obras en su casa y que había decidido acabar con la vida del secretario de la FEDA tras quedarse en paro y pasar hambre. Cogió una pistola que le había comprado un año antes en el puerto a un marinero y se dirigió en busca del empresario, al que esperó en la calle Recaredo esquina con Guadalupe. Tras dispararle, huyó por el Muro de los Navarros. En esa declaración que le valió su ingreso en prisión provisional, dijo que actuó solo y que al enterarse al día siguiente que lo estaba buscando la Policía, se refugió en la taberna del Rinconcillo y ya de noche cogió un camión con destino a Gines. Del arma homicida nunca se supo.

Sin embargo, cuando lo pusieron delante del juez, aseguró que era inocente y que había declarado por miedo a recibir una paliza de la Guardia Civil. El Martinillo fue enviado a prisión provisional donde permaneció dos años hasta que el 25 de noviembre arrancó el juicio. Numerosos testigos lo situaron fuera del escenario del crimen aquel 20 de mayo de 1933. Además, el cochero y otras personas que habían presenciado el crimen negaron que se tratara del pistolero que había acabado con la vida de Caravaca. No lo reconocían. Finalmente fue absuelto.

Sin embargo, a los pocos días de producirse el golpe de estado de Franco en Sevilla, en julio de 1936 -no había pasado ni una año de la sentencia absolutoria-, aquel anarquista que había conseguido escapar de una condena casi segura fue fusilado. Hay quien asegura que ambos hechos están relacionados y aquel vecino de Triana fue ejecutado.