caso dasy
La juez del caso Dasy investiga también posibles sobornos a funcionarios
El empresario anuncia que va a impugar hasta 15 diligencias porque las considera ilegales. Entre ellas destacan las escuchas telefónicas, que podrían ser claves para desvelar la trama
alberto garcía reyes
La juez número 1 de Osuna, Ana Pérez Benito, citó ayer a declarar al principal imputado del caso de las harinas presuntamente contaminadas con animales muertos no aptos para el consumo humano, el propietario de la fábrica Dasy, José María Gimeno, que se acogió a ... su derecho a no declarar y anunció que va a presentar 15 recursos contra «diversas resoluciones dictadas en la instrucción del procedimiento penal». Según fuentes del caso, una de las principales pruebas que los implicados pretenden tumbar en el procedimiento es un conjunto de escuchas telefónicas en las que se podrían haber detectado incluso intentos de soborno a cargos públicos de la Junta de Andalucía para poder pasar los controles sanitarios correspondientes. Incluso se podría haber incluido en las diligencias el contenido de una llamada realizada por el empresario de Dasy a uno de sus responsables informáticos mientras este estaba declarando ante la juez.
No obstante, la investigación judicial está aún en su fase inicial tras la denuncia efectuada por la sección del Seprona de la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, que inició estas diligencias hace casi dos años hasta llevar a cabo una operación con más de una decena de detenidos y varios registros en las plantas de piensos y harinas que están implicadas en el caso ante el riesgo para la salud pública que pueden haber supuesto sus prácticas. Todas estas pesquisas policiales se llevaron a cabo bajo secreto de sumario hasta el pasado jueves 3 de julio. Según explicó ayer en un comunicado la empresa Dasy, el presidente de la compañía PGG tuvo acceso al mismo, compuesto por más de 4.000 folios, el pasado viernes, razón por la que «ha declinado declarar» ante la juez. Además, Dasy anuncia ya que sus recursos se basarán «en el cuestionamiento de la legalidad de las actuaciones judiciales al considerar que durante la instrucción se han vulnerado derechos fundamentales, por lo que considera nulas dichas actuaciones a todos los efectos». Según las fuentes consultadas, la principal prueba de cargo que este imputado quiere impugnar es el pinchazo telefónico, cuyo contenido puede implicar a varios cargos públicos en supuestos delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental y competencia desleal, entre otros. No obstante, Dasy sigue asegurando que «en ningún momento la compañía ha emprendido actividades que puedan suponer riesgo para la salud, ni de las personas ni los animales».
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