Los trabajadores sociales del Ayuntamiento denuncian el trato recibido por La Corrala

Han mandado una queja al Colegio Oficial mientras el Defensor del Ciudadano recibe reclamaciones de familias de la lista de espera que consideran un «agravio» lo sucedido

Los trabajadores sociales del Ayuntamiento denuncian el trato recibido por La Corrala juan flores

alberto garcía reyes

26/05/2014
Actualizado a las 08:23h.

La delegada de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, viene denunciando desde hace semanas que los okupas de La Corrala Utopía a los que los técnicos municipales tienen que baremar para determinar si están en situación de realojo urgente ... no se han presentado a las citas y han puesto toda clase de trabas para que se elaboren sus fichas. La consejera de Vivienda, Elena Cortés, por contra, insiste en que el Ayuntamiento no realiza estas pruebas y lo culpa de la situación extrema que a su juicio viven las familias que finalmente no pudieron ser realojadas porque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, frenó las pretensiones de IU. Y en mitad de esta batalla política, los trabajadores, que llevan años haciendo su labor en el Ayuntamiento con gobiernos de todos los colores, han decidido elevar una queja al Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla para poner en conocimiento de su órgano colegiado las dificultades que los miembros de La Corrala les han planteado para poder llevar a cabo su cometido e incluso las posibles vejaciones a las que se han visto sometidos simplemente por esgrimir sus opiniones técnicas.

Según ha podido confirmar ABC, estos trabajadores sociales han recibido presiones por parte de algunos de los okupas pendientes de realojo tras el desalojo por orden judicial del edificio de San Lázaro en el que se mantuvieron dos años. Esta situación ha motivado la denuncia que han trasladado a su Colegio, que certificó a este periódico que dicha queja ha sido a su vez enviada al Consejo Andaluz. Con esta medida los empleados públicos confirman las denuncias del gobierno municipal en todo este asunto, que se ha usado como arma política desde sus inicios.

Mientras esta denuncia sigue su trámite, tres familias sevillanas que están en la lista de espera oficial para acceder a una vivienda pública han formalizado quejas ante el Defensor del Ciudadano, el Defensor del Pueblo e incluso la Casa Real ante el «agravio» que a su juicio ha supuesto para ellos la entrega de llaves por parte de la Junta a los miembros de La Corrala, que ni estaban baremados en su mayoría ni cumplen los requisitos según los técnicos. El primer caso es el de un matrimonio que vive en San Jerónimo. Ambos están parados y ella acredita una minusvalía. Tras ser desahuciados de su anterior vivienda, que tenían en propiedad, pagan ahora un alquiler de 450 euros y perciben una pensión de jubilación de 760. Están inscritos en el registro de demandantes de Emvisesa desde marzo de 2013 para acceder a un alquiler social. En febrero de 2013 fueron a la Junta de Andalucía a pedir uno de los apartamentos que hay en la antigua Estación de Cádiz y les enviaron al Ayuntamiento. Ante esta situación se han dirigido a la Casa del Rey y al Defensor mientras la Junta les sigue remitiendo a Emvisesa.

La segunda queja está firmada por un hombre que vive en «una zona conflictiva» de Sevilla Este. Percibe al mes 630 euros y tiene una munusvalía del 39 por ciento. Se inscribió en el Registro de Demandantes de Emvisesa en 2012 y ha solicitado el cambio de vivienda a la Junta a través de un alquiler. Denuncia que el realojo de La Corrala le genera impotencia, ya que se prima «a quien da una patada en la puerta frente a quienes cumplimos pacientemente con todos los requisitos administrativos». Por último, también ha reclamado un matrimonio joven que vive en Triana. Los dos están parados y pendientes de ser desahuciados porque no pueden seguir pagando la casa que se compraron. Se apuntaron en el registro de Emvisesa en 2011, fecha en la que comenzó el proceso de desahucio por parte del banco.

El Defensor del Ciudadano, José Barranca, ha abierto expediente en los tres casos, pero los afectados anuncian que irán a los juzgados si es necesario.