La Junta echa a la trabajadora social que no aprobó el realojo de La Corrala Utopía

La afectada, Mari Paz Caballero, confirmó ayer a este periódico su despido, aunque no quiso hacer valoraciones sobre su trabajo con respecto a La Corrala Utopía porque «eso forma parte de mi secreto profesional y no puedo desvelarlo». Sin embargo, fuentes sindicales consultadas por ABC confirmaron que fue ella la persona a la que desde la Consejería de Fomento se instó a hacer un informe de evaluación de los okupas y que ésta se negó por considerar que no cumplían los requisitos.

Según las mismas fuentes, dos graduadas sociales acabaron firmándolos bajo la supervisión de la que fue directora de la oficina de EPSA en el Polígono Sur. Ayer Caballero fue despedida y sus compañeros de Sevilla, incluidos arquitectos, peritos y personal administrativo, firmaron un comunicado denunciando presiones del subdirector de la empresa, Rafael Ibáñez, a los trabajadores. Mari Paz Caballero era interina desde hace seis años y medio, cuando se presentó a un examen de acceso y quedó segunda. Entró en la bolsa de trabajo e inmediatamente pasó a sustituir a una trabajadora que se había desplazado a otra provincia.

Con el tiempo, se ha convertido en una de las más veteranas haciendo evaluaciones de emergencia social a familias en riesgo de exclusión para el acceso a viviendas del parque público. «Yo soy la trabajadora social más antigua y las demás han protestado por la situación porque el trabajo que hacemos tiene una complejidad grandísima y se necesita gente con experiencia».

Caballero asegura que en la empresa le han dicho que el despido «no es por la Corrala, sino que es un tema de reorganización laboral». Y ella no quiere hacer más valoraciones al respecto, aunque sí explica que los informes sobre los okupas «se encargaron a todos los trabajadores sociales y se hicieron todos los informes que se tuvieron que hacer» y añade que «la legislación en el tema de la vivienda es la que es, está clarísima». Además, Caballero denuncia a las claras que IU, «que se supone que va a defender los derechos de los trabajadores, amenaza a compañeros con trasladarlos a Almería, a Jaén…».

Las tensiones dentro de la empresa son constantes. Y este caso concreto ya está en manos de UGT, que ha tenido conocimiento de las presuntas presiones sufridas por los trabajadores en el tema de los realojos.

Mientras a Caballero, por cierto, se le despide alegando una reestructuración laboral, AVRA «acaba de contratar a dos personas de IU». «Yo sólo soy una trabajadora igual que el que ocupa una vivienda», concluye la despedida. Por su parte, desde la Consejería de Fomento se aseguró ayer a este periódico que «han finalizado los contratos de tres trabajadoras de AVRA, dos administrativas y una trabajadora social, contratos ligados temporalmente al periodo de sustitución de otros tres trabajadores con derecho de reserva de sus puestos originales, a los cuales se han reincorporado».

Según su versión, «dichas finalizaciones de contrato se producen en el marco del proceso de reordenación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, un proceso que refuerza su función social e introduce criterios de eficiencia en la gestión del personal». Pero a los trabajadores les llama la atención que esta medida se tome ahora, justo después de la polémica de La Corrala.