Dos detenidos tras el desalojo de la Corrala Utopía

Así, fuentes de la Corrala Utopía han informado a Europa Press de que la Policía Nacional ha entrado en el templo catedralicio para proceder a desalojarlos, por lo que entienden que «ha sido con el beneplácito del Arzobispado de Sevilla». Han procedido a la detención de uno de ellos que se resistía a abandonar el templo. Así, los afectados se han desplazado hasta las puertas del Consistorio para pedir información, si bien advierten de que parece que «esto no va con ellos», puesto que «no dan la cara».

Las familias encerradas en la Catedral de Sevilla pretendían mantener el encierro en el templo «mientras no les propusieran una solución». Y es que, como alertaban a Europa Press desde la Corrala, «estamos en la calle, nos han echado de las viviendas y ahora no tenemos a donde ir». Durante los desalojos acaecidos en la mañana de este domingo, tal y como apuntaban fuentes presenciales a Europa Press, se han vivido «momentos de tensión importantes» que se han saldado con otro joven detenido, una serie de empujones entre los allí congregados y la Policía Nacional, así como varios forcejeos leves.

Fuentes presenciales han explicado a Europa Press que habrían sido desalojadas unas 23-25 personas aproximadamente del interior del edificio ocupado del que incluso han descolgado un par de los carteles que tenían expuestos en los balcones. Así, a la salida de las familias, se ha originado un tumulto entre un grupo de unas 40-50 personas y los agentes hasta allí desplazados al intentar una mujer sentarse en mitad del paso de peatones para cortar el tráfico rodado.

Y es que unas 20 personas han cruzado simultáneamente la avenida, si bien la Policía ha intervenido para impedir este extremo. De esta manera, fruto del tumulto formado, se ha desencadenado una serie de empujones entre los afectados y los agentes, creándose «momentos de tensión importantes», ya que la Policía ha llegado a decir que « gracias a Dios han conseguido desalojarlos de una vez» .

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número tres ya había ordenado el desalojo forzoso de las viviendas, dando un plazo para que lo hicieran de forma voluntaria, a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, instó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que dieran cumplimiento a dicha orden. Este plazo voluntario terminó el 18 de marzo .

Ante esta tesitura, el Grupo de Juristas Independientes 17 de Marzo, que representa al colectivo de familias, elevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España reclamando la suspensión del auto en el que la juez instaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo. Los abogados de estas personas avisaban de la violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho al domicilio que incluye el derecho a una vivienda adecuada y el respeto a la vida privada y familiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras dar curso a la demanda, reclamó a las autoridades involucradas en el conflicto que aclarasen «¿cuáles son las medidas a adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante , teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?».

La institución, así, se interesaba por las «soluciones» y los «plazos». En su escrito de respuesta, recogido por Europa Press, el Ministerio de Justicia detalló el conflicto desde que en mayo de 2012 fuesen ocupadas las viviendas, dando cuenta de que la entidad bancaria ofrece a estas personas su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias' , siendo resuelto el alojamiento de cinco de las familias una vez acreditada «una necesidad real» de vivienda y «riesgos de exclusión social», toda vez que «el resto de familias no han solicitado todavía» la evaluación social necesaria para tal acreditación.

El Ministerio informó de que la Junta de Andalucía construye actualmente un edificio de uso social que estaría listo «en siete meses» y el Ayuntamiento pone a disposición de las familias «sus servicios sociales», que serían además movilizados si finalmente media un desalojo.