Inmersiones

La historia no se repite, aunque casi siempre rima, dijo Mark Twain. La persecución del español va a marchas forzadas en Baleares. La presidenta regional, socialista a tiempo parcial, avanza en la supresión del español/castellano en las instituciones, centros de salud y hasta en los cuarteles de la Guardia Civil. La obligatoriedad del catalán para las oposiciones al sistema de salud balear no solo rompe con la unidad interna de todo el territorio constitucional, sino que discrimina a quien cumple con la legalidad y por lo tanto con el deber de conocer el castellano/español. Además, quien se enseñorea de progresista pone en peligro la prestación de un servicio público básico y esencial al segregar al personal en las oposiciones.

Una parte notable de la izquierda anda enganchada a las políticas identitarias, y no solo con la lengua, sino en la creación de una serie de derechos cuyos titulares son los llamados colectivos. Hay excepciones, cada vez menos. Valga el ejemplo del ya citado Sergio del Molino, socialdemócrata «gafotas», tal y como se autodefine el ensayista, resistente al populismo emocional: «Si debemos elegir entre la pervivencia de un idioma y la libertad de los ciudadanos a expresarse como les venga en gana, dejaremos morir ese idioma, como han muerto tantos otros a lo largo de la historia».

Los grandes desastres del siglo XX nacieron y murieron entre las manos del nacionalismo. Que el pensamiento único de la izquierda española -salvo excepciones políticas ya enclaustradas, silenciadas o ninguneadas por incumplir la corrección colectivista, tras haber sido decisiva en la democracia liberal del 78- haya mutado hacia lo colectivo frente a lo individual, soslayando la igualdad y la libertad individual, desconcierta y cuestiona los principios básicos de la democracia liberal. Como explica el profesor Sánchez Cámara, la democracia o es liberal o no lo es, pero dada la gravedad de los hechos conviene ponerle el apellido de liberal en su defensa (ABC, 06-09-2021). El acoso al castellano/español convierte a España en insólita e inexplicable excepción. 450 millones de hablantes, con una pujanza extraordinaria en Estados Unidos, hacen minúsculo, a vista de pájaro, el proceso de supresión iniciado en España. No por ello es menos grave.

En Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra o en Galicia, con el PP llamado moderado a medio camino, van pasando las generaciones en las que el español/castellano supone lo mismo que un idioma extranjero. Por eso las nuevas plataformas de distribución de películas y series, como Netflix o Amazon, se han convertido en los nuevos enemigos a batir. Estos gigantes, libres y autónomos, gracias a sus ingresos, entran sin llamar en los domicilios sin que el poder nacionalista pueda evitar que el idioma perseguido sea utilizado libremente en la televisión, tableta o teléfono inteligente. El nacionalista no duda porque cree que se le puede poner puertas al campo y candados a los mandos a distancia. El PNV, sin rubor, negocia con Bildu, el legatario de ETA según el resistente Tribunal Supremo, una nueva norma lingüística para la inmersión en vasco (eusquera, como ha escrito Hugues en ABC sin dar el balón por perdido) con el fin de corregir, de una vez para siempre, la resistencia de los ciudadanos a utilizarlo como primera lengua. La decisión afectará a todos los colegios, incluidos los concertados al recibir fondos públicos. La uniformidad, paso previo a la ausencia de crítica en un régimen de opinión pública. Los funcionarios de prisiones acaban de ser traspasados al Gobierno vasco. Las peticiones de traslado fuera del País Vasco se agolpan en la dirección de Instituciones Penitenciarias en Madrid. Las negociaciones de los sindicatos con sus nuevos jefes del Gobierno vasco se han hecho con traductores al no emplear los representantes de la consejería de Interior el castellano/español durante las reuniones. Debe de ser un ejemplo práctico del regreso al carlismo antiliberal de 1836 que pide el lehendakari Urkullu.

En el Senado, los independentistas se apuntan un tanto en la partida de la soberanía fragmentada, gracias al PSOE, creando una especie de parlamento de naciones a través de las lenguas, como si fuera el europeo de Estrasburgo, distribuyendo auriculares, gastando el triple del presupuesto previsto, aunque sea lo de menos porque pagamos todos los demás monolingües. El actual director de la RAE y catedrático Muñoz Machado, concluía ya en 2012 (Informe sobre España) que el desarrollo del Estado autonómico no se debía a la literalidad de la Constitución sino a las sentencias del Tribunal Constitucional dando la razón a la parte frente al todo, vaciando al Estado de competencias. La realidad nos muestra un Estado federal, pero sin instituciones federales como en Estados Unidos o Alemania.

La pandemia nos ha enseñado la desnudez de la administración central. No obstante, a pesar de la mayor descentralización política realizada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, resulta insuficiente según la magistrada del Constitucional, perteneciente al sector progresista, María Luisa Balaguer (‘El País’, 22-09-2021): «Hay todavía un cierto centralismo en el Estado que viene de la propia Constitución». El «cierto» abre vereda a la ambigüedad, terreno liso para la creación de una nación de naciones que devuelva a España al medievo territorial. Este nuevo acelerón nacionalista se explica por la certeza ofrecida en los pronósticos de las encuestas. Desde mayo hay una alternativa a la coalición de Sánchez con Podemos y todos los partidos independentistas anti-78. La situación económica y el desistimiento del Gobierno durante casi toda la pandemia han hecho molde en el electorado. La suma del PP y de Vox, es decir los votantes que en 2011 dieron la mayoría absoluta a Rajoy, coinciden en su rechazo a Sánchez.

Los nacionalistas aliados con los socialistas en varias partes de España se preparan, con las maquinarias regulatorias a revienta calderas, por si no hay una carambola en el reparto de los escaños que deje a Sánchez en La Moncloa, aunque sea segundo, y la mano invisible del centro derecha no se auto apuñale lo suficiente para anularse como alternativa tras la reunificación iniciada en Madrid y que continuará en Andalucía. A los participantes en la moción de censura contra Rajoy no les falta mucho más para tocar con sus yemas la imaginaria construcción nacional dándole a la lengua. Menos de una generación para romper el edificio constitucional utilizando una parte de la riqueza cultural como ariete contra el todo.

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Juan Pablo Colmenarejo Pérez es periodista